Tensión y amenazas se oyeron ayer en la Unidad Penal VI de Encausados y Procesados del Servicio Penitenciario Provincial. Cuarenta internos se autodefinieron en huelga de hambre si no se aceleraban los procesos judiciales o se tomaban medidas extraordinarias para recuperar los beneficios como prisión domiciliaria mientras continúan sus causas judiciales en trámite.
La revuelta de gritos no fue poca y generó alerta de inmediato, más aún con el antecedente del día anterior en la cárcel federal en el barrio porteño de Villa Devoto, donde los internos tomaron pabellones, treparon hasta los techos, los rompieron y quemaron colchones con reclamos similares: prisión domiciliaria, recuperar las salidas transitorias y no quedar expuestos a la posibilidad que la pandemia del coronavirus ingrese a las celdas y genere una tragedia incalculable en proporciones.
Los cuarenta procesados de la unidad de detención de Miguel Lanús ayer se congregaron y montaron la protesta. Todos se manifestaron en huelga de hambre como principal medida de protesta, pero advirtieron con claridad que la situación podía caldearse, aún más, si no llegaban las soluciones a sus planteos.
Solicitaron la presencia de autoridades judiciales y respondió el juez César Antonio Yaya, como presidente del Tribunal Penal 2, pero también como subrogante del Tribunal Penal 1.
Durante el mediodía, tarde y siesta se entablaron reuniones y charlas informales dentro de la prisión, en las que este magistrado recogió los pedidos de los huelguistas pero también intercambió detalles con cada uno de los involucrados, tanto de la situación procesal particular como la crisis de emergencia que se despliega fuera de las paredes de detención.
De los cuarenta hombres, cuatro se mantuvieron inflexibles en sus intenciones de no comer si no hay respuesta inmediata. Estos internos, para facilitar la convivencia, fueron trasladados a la Unidad Penal 1 del SPP en Loreto.
Los restantes desistieron de continuar con la medida de fuerza y pasadas las 18, la calma volvió a la UP-VI pero con la misma fragilidad con la de las horas previas.
Uno de los que iniciaron la huelga de hambre, y que luego decidió levantarla, había generado durante la mañana el momento de mayor dramatismo. Se tragó una bombilla metálica para mate.
De acuerdo a fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN, varios días antes había anunciado que lo haría para demostrar que su decisión de iniciar la huelga de hambre era firme.
Tras dialogar con el camarista mencionado, por la tarde, cambió de idea y solicitó la atención médica y por estas horas se evalúa si requerirá o no una intervención quirúrgica para retirarle la bombilla sin que dañe más órganos.
Los reclamos de los encausados apuntan, en varios casos, a cuestiones determinantes y que generar polémica. Uno de los que protestaron lleva ocho años alojado con prisión preventiva, es decir, sin que se defina si es culpable o no del delito que se le endilga, en este caso contra la propiedad.
El plazo máximo de vigencia de una prisión preventiva es de tres años, incluyendo las prórrogas. Los internos también resaltan que no se sienten seguros dentro de la cárcel si el coronavirus ingresa y contagia masivamente.
