Días atrás en Misiones, la jueza correccional y de menores Marcela Leiva rechazó el recurso de hábeas corpus presentado por abogados integrantes del Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género que instaba a que se tomen urgentes medidas alternativas al encierro, entre ellas, se revean las prisiones preventivas y se agilicen los arrestos domiciliarios.
Por su parte, el Procurador General de la Corte bonaerense, Julio Conte Grand, aseguró hoy que el fallo de Casación que ordena la excarcelación de presos que integran el grupo de riesgo ante el posible contagio de coronavirus, no alcanzará a detenidos por delitos graves como violación o femicidios, y que de los 42.000 privados de la libertad que hay en las cárceles de la provincia, sólo podrán acceder a este beneficio “alrededor de 800”.
“Los de máxima peligrosidad, no van a salir”, confirmó el procurador en declaraciones a Télam, tras lo cual admitió que si bien habrá controles para los presos que sean beneficiados con la prisión domiciliaria, “no existen certezas de que no puedan escaparse”.
El procurador hizo referencia de esta manera al fallo de la Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense que anoche hizo lugar a un hábeas corpus masivo presentado por los 19 defensores oficiales bonaerenses que invocaron la situación de hacinamiento y de inhabitabilidad de comisarías y penales para aquellos detenidos de más de 65 años o con patologías que los incluyen en grupo de riesgo ante el posible contagio del coronavirus.
Fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) aseguraron a Télam que desde el 16 de marzo, cuando se dispuso una evaluación de la población de riesgo dentro de las cárceles, ya hubo casi mil presos que recibieron el beneficio de prisión domiciliaria.
Conte Grand estimó que, con el nuevo fallo de Casación, esa cantidad podría incrementarse en un 50 por ciento.
Según el procurador, el nuevo fallo de Casación surgió a raíz “de una solicitud que hicieron los defensores generales ante Casación, por un hábeas corpus colectivo. De todas las personas que están en un universo de riesgo, y que aún no se resolvieron sus casos de excarcelación, pedimos que se analicen y se dispongan las morigeraciones”.
Ante ese pedido, según Conte Grand, “Casación dijo que corresponde otorgarla por la situación de gravedad a raíz de la pandemia, para evitar que se propague el virus dentro del sistema carcelario, donde hay más 42 mil personas alojadas”.
“Lo que dijo Casación es que ahora los jueces evalúen cada caso y dispongan, si así lo consideran, la prisión domiciliaria del detenido. Nosotros estimamos que van a ser unas 800 personas privadas de la libertad que están en condiciones de ser excarceladas”, dijo.
El procurador admitió que “no existe certeza absoluta” de que los presos que sean beneficiados con una prisión domiciliaria “no se escapen”, pero que se tomarán recaudos ya que algunos detenidos “se los controlará con tobilleras electrónicas, otros con una consigna policial, a otros se les designará una persona garante o también habrá un control del Patronato de Liberados”.
De todas formas, Conte Grand dijo que los presos que serán beneficiados con este fallo son los que están imputados por delitos menores, delitos contra la propiedad en grado de tentativa reiterado, robos, estafas múltiples, defraudaciones, delitos de carácter informático no vinculados a lo sexual.
Pero aclaró que no se beneficiará a “violadores, a casos de reincidentes seriales, ni a casos de violencia de género que ha derivado en femicidio”.
Ayer, la Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense ordenó que el grupo de riesgo que podrá acceder a ese beneficio lo integran las personas de edad avanzadas o con patologías preexistentes, sean mujeres embarazadas o madres con hijos menores alojados en las Unidades Penitenciarias.
Esta tarde, el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires expresó el “reconocimiento” del fallo de Casación al pedido formulado respecto a los “derechos de la mujeres”.
“Reconocemos el fallo del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires sobre la situación carcelaria en la emergencia de COVID-19, donde se recepta el pedido de este Ministerio. Valoramos la perspectiva de género que se refleja en la medida protectora de los derechos de mujeres”, señaló en las redes sociales la cartera a cargo de Estela Díaz.
Casación bonaerense reiteró además en su fallo “la prohibición de mantener alojadas en comisarías a las personas mayores de sesenta y cinco años de edad”.
Fuente: Agencia de Noticias Télam
