La jueza correccional y de menores Marcela Leiva rechazó el recurso de hábeas corpus presentado por abogados integrantes del Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género que, ante la situación de pandemia mundial por el coronavirus y las denunciadas malas condiciones de alojamiento carcelario, instaba a que se tomen urgentes medidas alternativas al encierro, entre ellas, se revean las prisiones preventivas y se agilicen los arrestos domiciliarios.
Esta medida de protección fue presentada y enmarcados sus fundamentos en la emergencia sanitaria y epidemiológica por dengue y coronavirus en Misiones.
La titular del Juzgado Correccional y de Menores 1, de la Primera Circunscripción Judicial, no dio lugar al planteo de acuerdo a que de ninguna manera se avizora agravamiento en las condiciones de detención en las cárceles y comisarías provinciales.
También remarcó que el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el presidente Alberto Fernández fue emitido para proteger a la población en general ante la posibilidad de la propagación del coronavirus.
En contacto con PRIMERA EDICIÓN, miembros del Equipo Misionero de Derechos Humanos, sostuvieron que la negativa de Leiva se argumentó en que en la reunión de magistrados penales, autoridades del Servicio Penitenciario Provincial, de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y ministros del Superior Tribunal de Justicia “se precisaron todas las medidas que se llevan adelante para cada unidad para prevenir el coronavirus y en consecuencia preservar la salud de la población penitenciaria”.
Asimismo, la jueza consideró que las medidas que se requiere en el Hábeas Corpus Colectivo deben ser solicitadas -en caso de corresponder- de forma individual por cada persona privada de la libertad ante los jueces que llevan las causas respectivas.
“Con este fallo, la Justicia misionera deja sin atender la situación de alto riesgo sanitario ya existente en los penales y comisarías, que se puede descontrolar en caso de que se propague el coronavirus en esos ámbitos, lo que representa un peligro cierto tanto para la población interna como para quienes trabajan en relación a ella”, señaló al respecto Eduardo Paredes, letrado penalista y miembro del Equipo Misionero.
Además, Paredes sostuvo que “el aislamiento implementado en todo el país empeoró las condiciones de los internos en las ocho unidades penales del SPP, alcaidías y comisarías en la provincia, a partir de la suspensión de las visitas y la imposibilidad de los familiares de hacer llegar elementos de higiene y alimentación a las instituciones”.
El martes
Paredes también adelantó a este Diario que, el martes, presentarán un nuevo recurso de hábeas corpus, será colectivo también y se basará en la última resolución de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que Argentina adhiere -entre otros instrumentos- a través de la constitucionalidad del Pacto de San José de Costa Rica, y en la que se instó a que disminuya la población carcelaria, principalmente en Latinoamérica, porque las condiciones de hacinamiento y deficiencia de servicios básicos como el agua, alimentos y comunicación no podrían hacer frente al ingreso del virus a las prisiones.
La postura de la CIDH fue compartida y ratificada en Argentina por la Cámara Federal de Casación Penal, que el miércoles 2 de abril aconsejó a todos los jueces federales que adopten medidas alternativas como la libertad condicional, prisión domiciliaria o libertad anticipada, por supuesto, previo análisis puntual de cada caso. Esta reevaluación, según el Equipo Misionero, ayudaría a amortiguar el peligro actual del hacinamiento carcelario.
Adhesión de la Cámara Federal
Las autoridades de la Cámara Federal de Casación Penal de la Nación, su vicepresidente primero Gustavo Hornos y el segundo Alejandro Slokar, dispusieron el miércoles pasado “en atención a la comunicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” que los órganos de la jurisdicción federal adopten los recaudos que el organismo de la OEA emitió.
Los camaristas solicitaron optar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva con el fin de identificar aquellos que pueden ser sustituidos por medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19 y evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén prontas a cumplir condenas.
Sobre esta definición, en las próximas horas, los mismos letrados que presentaron el primer hábeas corpus colectivo ante la jueza Leiva, insistirán con otro recurso, probablemente ante el juez de Instrucción de turno en la Primera Circunscripción Judicial, Marcelo Cardozo, subrogante del Juzgado de Instrucción 7.
