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Contagio de la deuda

22 marzo, 2020
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La emergencia nacional por coronavirus no disminuye la presión de los vencimientos de la cuantiosa e impagable deuda argentina, que dejó el gobierno de Mauricio Macri. Lamentablemente, el ministro de Economía de la gestión Fernández, ha demostrado impericia para anticiparse a la pandemia por coronavirus y evitar el efecto “contagio de la deuda”.

Los expertos financieros habían advertido que la Argentina debía renegociar los vencimientos y los montos de la deuda externa en los primeros dos meses. Pero Guzmán no lo hizo, y llegó el “parate” mundial por la enfermedad que hoy mantiene en cuarentena a varios países.

Esta semana apareció un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) que advirtió: “El riesgo clave a corto plazo se relaciona con un impacto negativo más fuerte de lo previsto del COVID-19, que podría afectar más negativamente a Argentina por una disminución aún más fuerte y prolongada de la demanda externa, los precios de los productos básicos, así como una actividad doméstica aún más débil”.

A su vez, indicó que “la Argentina no será inmune al endurecimiento de las condiciones financieras mundiales y esas restricciones financieras limitarían su capacidad para abordar adecuadamente el shock”.

Con el “contagio de la deuda” vigente, el presidente Alberto Fernández puso en su espalda la compleja negociación. Habló por teléfono con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, quien pidió un “alivio sustancial” en materia de deuda, para poder llevar adelante con éxito una reestructuración sustentable en el tiempo.

Días pasados en una webcast (a distancia por efecto del coronavirus) tanto el Presidente como el titular de Economía llamaron a los bonistas a negociar la semana próxima sobre la deuda, volvieron a advertir que el nivel de vencimientos es “insostenible” y que no hay lugar para más “reducción del gasto” público.

“Celebramos que el organismo comprenda la situación en la que nos encontramos. Ahora debemos trabajar para lograr, como siempre dijimos, un acuerdo que nos permita cumplir nuestros compromisos externos sin dañar a los argentinos más vulnerables”, remarcó Fernández.

El “contagio” de la pandemia no es solamente sobre nuestra deuda externa, sino sobre los mercados financieros internacionales y la economía general de los países, incluso de las potencias.

El índice Dow Jones de la bolsa de Wall Street perdió casi 33% desde que se conoció la primera víctima mortal por coronavirus en los Estados Unidos, mientras que el indicador ampliado S&P 500 descendió casi 29% y el tecnológico Nasdaq algo más de 23%. En ese mercado norteamericano, los ADRs de empresas argentinas operaron con mayoría de subas: YPF avanzó 14,75%; Grupo Financiero Galicia, 11,64%; Edenor, 8,45% y Ternium, 5,47%.

En el mercado de bonos, los emitidos en dólares operaron de manera dispar: el Bonar 2020 trepó un 1,4% y el 2024 cayó un 0,9%.

A diferencia de lo ocurrido en la región, el pasado viernes hubo “tregua” en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde las acciones líderes crecieron 5,45%, aunque perdieron 16% en la semana, mientras que el riesgo país cedió hasta los 4.064 puntos.

 

En auxilio interno

La Casa Rosada sacó un paquete económico de emergencia que sigue en deuda con los trabajadores autónomos. La pretensión oficial es tratar por distintos medios, es disminuir el impacto en la circulación de dinero y la movilización del consumo a pesar de la cuarentena obligatoria que impide salir de los hogares.

Entre las principales medidas, se cuenta el pago extraordinario de la AUH equivalente a un monto mensual de $3.100; el aporte de $3.000 por única vez para quienes reciben una única jubilación o pensión mínima; $100.000 millones de aumento en el presupuesto para la inversión en obra pública; relanzamiento de dos líneas del programa Procrear; eximición del pago de contribuciones patronales a los sectores más afectados por la crisis, como el esparcimiento: cines y teatros y restaurantes, el trasporte de pasajeros y los hoteles; en el Programa Repro se pagará una parte del salario de los trabajadores y se reforzará el seguro de desempleo; la renovación del programa “Ahora 12” por un plazo de seis meses con expansión hacia compra online de productos nacionales, con énfasis en PyME; y el lanzamiento de líneas de créditos blandos por unos $350.000 millones, para garantizar la producción y el abastecimiento de alimentos e insumos básicos, entre otros.

Integrantes del Gabinete nacional salieron a admitir por medios porteños que hacen falta medidas para autónomos y trabajadores informales, entre los que hay al menos un millón de personas que no tienen “incentivos” en la emergencia.

 

Precios máximos

El Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación divulgó ayer sábado el listado de los precios máximos de referencia, de más de 2.300 productos de consumo familiar en todo el país. Decidió retrotraer los precios de artículos esenciales al 6 de marzo último, y fijó una lista de referencia con valores tope para alimentos y artículos de limpieza, entre otros.

El listado puede consultarse en www.argentina.gob.ar/preciosmaximos

Con el Estado en feria administrativa y ante la inmovilización que produjo la cuarentena, la Nación pidió a los intendentes que salgan a recorrer y verificar el cumplimiento de los precios. Especialmente de productos de la canasta básica e insumos que se requieren por la pandemia de coronavirus en los que se vienen registrando aumentos de precios desmedidos en pocos días.

Desde el sector industrial salieron a poner paños fríos a la oleada de personas en los súper e hipermercados por temor a un posible desabastecimiento.

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, sostuvo que cuando un supermercado no tiene productos, “no quiere decir que no haya más alimentos, sino que la reposición no está armada para que en tres o cuatro horas se vacíen las góndolas”.

“La mayoría de las empresas están trabajando al 60%, es decir que tiene un 40% más de capacidad en este momento que puede producir, pero no creo que haga falta eso. Con lo que hay, tenemos capacidades suficientes para proveer a todo el país”, enfatizó.

 

Aplausos para la salud

Los gestos simbólicos hacia los trabajadores de la salud misionera se hicieron escuchar esta semana, en medio de la Emergencia Sanitaria.

Desde algunas viviendas, bocinas de eventuales automovilistas y en balcones de edificios se dieron apoyos a quienes están trabajando para prevenir, atender y contener a pacientes febriles que pueden resultar sospechosos de dengue o coronavirus.

Merecen más que eso. Estas personas (profesionales, administrativos, mestranzas) merecen el respeto y muy especialmente la gratificación salarial por lo que están haciendo.

El Estado mostró en los días previos a la emergencia una serie de acciones que pusieron a Misiones delante incluso de las medidas nacionales que se dispusieron con posterioridad. Empezando por la suspensión de las clases, luego la compra de test de China para determinar en la tierra colorada si se trata de coronavirus, el cierre del ingreso de personas no residente en Misiones, los retenes para que extranjeros cumplan la orden nacional de salida o la cuarentena si se permanecen en nuestro territorio, pueden resultar ejemplos de lo expuesto.

El sector público muestra mayores inversiones y acciones que el privado. El último empezará a recibir esta semana los créditos blandos del Fondo de Crédito para adaptarse a un posible brote de coronavirus. Para la atención y, a la vez, descomprimir las Guardias hospitalarias, se habilitó un 0800 con médicos en línea las 24 horas y comenzarán las videollamadas para consultas.

El gobernador Herrera Ahuad y el presidente del partido renovador, Carlos Rovira, acordaron al menos 10 medidas para los tiempos de emergencia. Entre ellas se destaca pasar a un “estado de alerta máxima”, previniendo futuras incidencias económicas, sabiendo que va a generar efectos indeseados.

Por ello ya se está trabajando en la creación de un fondo anticíclico para atenuar el impacto en la provincia. También se pidió a Nación una compensación con recursos para anticiparse, porque detrás del problema de la pandemia sanitaria va a estar una peor “pandemia” que es la económica. De hecho, se están esperando todavía los recursos que prometió el presidente Fernández a Misiones en campaña.

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Tags: De Primera ManoDe Primera Mano 22-03-2020
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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