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Coronavirus: más municipios misioneros se blindan ante el COVID-19

21 marzo, 2020

Candelaria fue la primera localidad misionera en aislarse, luego de que un hombre que había estado en Chaco se convirtiera en uno de los casos sospechosos que tiene Misiones y fuera trasladado al Hospital Madariaga.. Durante este sábado, Campo Grande, San Vicente, San Ignacio, Santo Pipó, 25 de Mayo y Bonpland tomaron la misma decisión.

Las localidades mencionadas resolvieron ampliar las medidas de control para evitar la propagación del coronavirus COVID-19 siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, además de adherir al decreto del Gobierno nacional que estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio en el marco de la emergencia sanitaria y epidemiológica.

En San Vicente, a través de la resolución 22/2020, el intendente Fabián Rodríguez estableció la restricción horaria de los comercios, los que podrán atender al público: “De 7 a 16 horas, de lunes a sábados. Los domingos deberán permanecer cerrados. Las farmacias y todo lo concerniente a la salud no tendrán límites horarios y días para atención”.

Además limitó el horario del transporte urbano de pasajeros, cuyas unidades podrán circular solamente de 7 a 16 horas con la frecuencia de los feriados. Taxis y remises no tendrán limitación para circular.

Quienes presten servicios que puedan ser requeridos en alguna emergencia, como por ejemplo gomerías, mecánicos, seguros, etc., deberán dejar expuestos frente a sus locales un número telefónico con el cual contactarlos.

También ordenó la implementación de un horario exclusivo de atención a personas comprendidas en los grupos de riesgo, “el cual debería obrar en la primera hora diaria de apertura de los comercios, sin perjuicio de mantener la prioridad durante el resto de la jornada”.

Las medidas incluyen un bloqueo en el acceso al municipio. Para poder ingresar las personas “deberán acreditar la residencia con el DNI, excepto aquellas vinculadas a las fuerzas de seguridad, bomberos o las autorizadas por el Ministerio de Salud Pública, por la Provincia, la Nación o el Ejecutivo municipal”.

Quienes transporten mercaderías, medicamentos o insumos esenciales, deberán identificarse asentando información necesaria para la comunicación: DNI, teléfono, dirección. Finalmente, Rodríguez estableció que se suspendan las reservas y hospedajes en todo tipo de establecimientos, salvo en aquellos casos en que haya un ciudadano en aislamiento obligatorio, de acuerdo a las medidas dictadas por la autoridad sanitaria.

Quienes no cumplan con todo lo mencionado serán sancionados, además de las previstas en el Código Penal, con una multa de hasta 300 UT.

 

San Ignacio

Por su parte, San Ignacio adoptó similar medida cerrando todos los accesos luego de una reunión del Comité de Emergencia local. Según trascendió después del encuentro, sólo se dejará habilitado un paso a la localidad, el cual servirá tanto de ingreso como de egreso a la misma.

Además, se restringió el horario de atención al público en los comercios, los que trabajarán de 8 a 15 horas.

Cabe aclarar que el lunes 16, San Ignacio ya tenía instalados retenes en sus accesos. Ese día en diálogo con FM de las Misiones, el intendente Peralta había dejado en claro un punto importante: “No cerramos el pueblo, el pueblo está abierto y todo el mundo puede circular. Lo único que instamos es poner un puesto de control para detectar a esta gente que estuvo en zona de riesgo“, comentó en referencia a unos turistas a quienes habían detectado en los controles.

Finalmente hoy lo cerraron.

 

25 de Mayo

El intendente de 25 de Mayo, Mario Lindemann, comentó que durante la tarde del sábado la Policía de Misiones realizará controles “en los tres accesos de la localidad hasta poder implementar el bloqueo total a la misma porque“aparentemente la gente no está tomando el tema con la seriedad que corresponde”.

También aseguró que desde el lunes, con un equipo de promotores de salud, trabajarán a la salida de los supermercados y en la ruta informando y controlando a la gente, tanto a quienes entran como salen “tomando los datos y la temperatura de cada ciudadano”.

“En esto seremos estrictos porque ya que no tenemos problemas no queremos que nos llegue el problema”, finalizó el alcalde.

 

Santo Pipó

Mabel Cáceres, alcaldesa de Santo Pipó, estableció a través de la resolución 130/2020 que a partir de la hora 0 de este domingo 22 de marzo se limitará el acceso a toda persona que no tenga domicilio en la localidad. 

Además, “quienes sí tengan residencia en el pueblo pero estén viviendo en forma temporal o permanente en otro punto del país” y quieran ingresar  “deberán cumplir con la cuarentena obligatoria, siempre y cuando los familiares directos los reciban en sus domicilios y acepten cumplir dicha cuarentena”.

Al igual que en la mayoría de las localidades que tomaron esta determinación, y a los fines de abastecimiento de los habitantes, quienes transporten alimentos e insumos de primera necesidad sí podrán ingresar, al igual que aquellos que por razones laborales, tenencia de tierras y propiedades necesiten circular en la localidad.

Finalmente, Cáceres redujo el horario comercial de 7.30 a 15 horas con un máximo de cinco personas por local. Pero permite que después de las 15 se puedan realizar ventas por delivery. Las farmacias no tienen límite horario, pero deberán atender solamente por ventanilla.

 

Bonpland

En las últimas horas se conoció la resolución 97/2020, mediante la cual el intendente de Bonpland, Juan Carlos Bueno, estableció que a partir de este sábado a las 21 se limite el acceso a toda persona que no tenga domicilio en la localidad; salvo los transportistas de alimentos e insumos esenciales o aquellos que por razones laborales o tenencia de tierras o propiedades necesiten ingresar al pueblo.

Bueno también redujo el horario comercial, pero en su caso va de 9 a 15 horas, con no más de cinco personas por local, siempre con la distancia recomendada por el protocolo de seguridad sanitaria. Por cuestiones obvias, las farmacias quedan exceptuadas de la restricción horaria, pero la atención en las mismas se deberá hacer solamente por ventanilla.

 

San Javier

Habrá restricciones en las operaciones aduaneras para exportaciones en San Javier hasta el 31. El portal de noticias LaMisionDigital.com indicó que es para “disminuir al máximo las posibilidades de ingreso, propagación y contagio, se ha acordado entre despachantes de aduana, agentes de transporte aduanero, operadores de comercio exterior y la Intendencia de la ciudad de San Javier”, “con excepción de las cargas que se encuentran en frontera y las que hayan salido de origen hasta el día 21 de marzo (con documentación acreditada)”.

 

Camino entre Azara-Garruchos

En el marco de la Emergencia Sanitaria y Epidemiológica por la pandemia de coronavirus, la Municipalidad de Azara mediante la resolución Nº 33/2020, estableció en conjunto con la comuna de Garruchos, en Corrientes, el cierre del camino que las conecta para evitar la propagación del coronavirus COVID-19.

Tanto Azara como Garrucho elevaron sus respectivas resoluciones a los Gobiernos provinciales informando además que “la decisión se tomó ante la falta de personal tanto municipal, como de Gendarmería, Prefectura y policial para realizar los controles previstos”, señaló el intendente de Azara, Daniel Yendrika. Se establece además como única vía de conexión entre ambas localidad a la ruta provincial 94.

Tags: coronavirusEstado de sitioseguridad
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Este sábado 7 de febrero a las 20.30 se presentará en la ciudad la obra “La vida terrenal”, un exquisito monólogo escrito por el dramaturgo contemporáneo Santiago Loza, con dirección de Williams Sery y la actuación protagónica de Fanny Carolina Duarte. La función tendrá lugar en el espacio Río Mío, ubicado en Belgrano 1771, en pleno centro.
En diálogo previo al estreno, Williams Sery —director y actor— contó detalles de la propuesta y destacó la potencia del texto y del trabajo actoral. “Este sábado nos presentamos con La vida terrenal, una obra escrita por Santiago Loza, un autor de muchos monólogos que son muy, muy buenos e interesantes. Ya había tenido la oportunidad de hacer otro texto suyo y ahora venimos con esta historia tan particular”, señaló.
Tras una audiencia realizada  en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gremio UTICRA llevó tranquilidad a los trabajadores de la planta DASS de Eldorado  al confirmarse, por escrito, la continuidad laboral al menos durante el primer semestre del año. Así lo informó Gustavo Melgarejo, delegado sindical, luego de la reunión mantenida con representantes de la empresa.“El eje central de esta audiencia fue conocer precisiones sobre la situación de la planta y de los trabajadores. Tocamos los puntos clave que ya habíamos planteado en asamblea frente a los compañeros”, explicó Melgarejo.Uno de los reclamos principales del sindicato fue la reincorporación de los empleados despedidos. Sin embargo, desde la empresa señalaron que actualmente no cuentan con pedidos suficientes para justificar esas reincorporaciones. “La empresa dejó en claro que hoy no tiene pedidos para esa gente, por lo que queda muy difícil la reincorporación en este momento. De todas maneras, no descartan volver a llamarlos si se levanta la actividad”, indicó el delegado de UTICRA.
La discusión pública sobre la baja en la edad de imputabilidad penal de los adolescentes volvió a instalarse con fuerza en el inicio de este año, a partir de una serie de crímenes que conmocionaron a la sociedad. Entre ellos, el caso del adolescente de 15 años de Santa Fe, Jeremías Monzón, además de otros dos hechos de extrema violencia, funcionaron como detonante para que el Gobierno nacional anunciara la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero en el Congreso de la Nación.En este contexto, distintos sectores comenzaron a expresar su postura. Uno de ellos fue la Iglesia Católica, que a través de un comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su preocupación ante la propuesta de reducir la edad de imputabilidad penal.Sobre este posicionamiento, el sacerdote de la Iglesia San Benito, Daniel Pesce, señaló a Primera Plana  que “es preocupante que la única respuesta que proponga el Estado nacional sea justamente la baja de la edad de la imputabilidad”, y advirtió que de ese modo “se achica totalmente la discusión y no se mira la problemática profunda que existe”.“El problema se aborda cuando ya está ejecutado el delito, pero creemos que es necesario que el Estado se preocupe por prevenir el acceso de los menores al mundo del delito, con políticas integrales”, sostuvo el sacerdote, en línea con lo expresado por los obispos argentinos.
Una nueva situación de conflicto sacude al Hospital Garrahan, una de las instituciones de salud pública más emblemáticas y valoradas del país. El interventor del hospital anunció la apertura de 30 sumarios administrativos y el despido de 11 trabajadores, en el marco de las protestas realizadas el año pasado para reclamar mejoras salariales. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) denuncian que se trata de una represalia directa contra quienes encabezaron las medidas de fuerza.En diálogo con Primera Plana  la licenciada Norma Lezana, secretaria general de APyT, aseguró que la medida representa “un ataque político y sindical del Gobierno Nacional” y advirtió sobre la gravedad institucional de la situación.“En este momento estamos viviendo un ataque del Gobierno Nacional, anunciado públicamente por el vocero presidencial, dando por hecho cesantías y suspensiones sobre 40 trabajadores por haber luchado y protestado”, afirmó Lezana. Y aclaró: “Nosotros estamos en un proceso sumarial, con lo cual no pueden decir que estamos cesanteados. Sin embargo, ya nos condenan públicamente”.
Por orden de la Justicia, el Gobierno nacional reglamentó finalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma clave que había sido sancionada por el Congreso pero que permanecía sin aplicación efectiva. El decreto pone en marcha un nuevo régimen de pensiones, establece controles y auditorías, y ordena la actualización de prestaciones, aunque deja varios artículos sin reglamentar y aclara que la medida no implica aceptar el fallo judicial.La reglamentación llega en un contexto crítico para las personas con discapacidad y sus familias. Así lo expresó el licenciado Daniel Arroyo, exdiputado nacional de Unión por la Patria y autor de la ley, quien celebró la medida como un paso adelante, aunque advirtió que será clave seguir de cerca su implementación.“Se logró. Es un avance claro. La situación es desesperante para las familias y para las personas con discapacidad. El sistema está colapsado: no están accediendo a medicamentos, traslados, terapias ni acompañamientos”, sostuvo Arroyo en diálogo con El Aire de las Misiones.
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