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En lo que va del 2020 se registraron 43 femicidios en el país, dos en Misiones

1 marzo, 2020

Números alarmantes figuran en el recuento realizado desde MuMaLá durante los meses de enero y febrero, donde dan cuenta de que en Argentina una mujer es asesinada cada 32 horas.

A través del informe, este Observatorio nacional denuncia que la violencia machista va en aumento y en sólo dos meses hubo más de 40 femicidios en todo el país. A pocos días de conmemorarse el 8M, los movimientos sociales reivindican la importancia de contar con informes detallados de agresión hacia las mujeres e identidades disidentes. Insisten en la declaración de emergencia por violencia de género.

De acuerdo a este informe, entre el 1 de enero y el 26 de febrero del 2020 se cometieron 43 femicidios, de los cuales 39 fueron directos (es decir sólo mujeres); dos fueron femicidios vinculados de niñas y mujeres; otros dos se trataron de vinculados pero con niños y varones. Asimismo, se registraron 32 intentos de muertes.

En Misiones, la coordinadora provincial de MuMaLá, Carolina Maidana, explicó a PRIMERA EDICIÓN que entre los datos del informe nacional se contabiliza que “en la provincia se registraron dos hechos de violencia machista, uno fue en enero donde se encontró el cadáver de una mujer enterrado. El último fue a comienzos de febrero cometido por un hombre que ya tenía pedido de captura y hechos registrados en el país vecino”.

Teniendo en cuenta la situación que atraviesa Argentina en cuanto a la cantidad de casos de muertes de mujeres e identidades disidentes, “desde el 2015 las organizaciones solicitamos la aplicación de la Ley de Emergencia de Nacional Ni Una Menos en cuanto a la violencia de género”, añadió. En Misiones, “se ha avanzado en materia de visibilización pero aún se necesita la presencia del Estado tanto en la capacitación como el acompañamiento para frenar la violencia patriarcal”, remarcó.

El Observatorio Nacional también señaló que siete asesinatos están en proceso de investigación (esperando autopsia y peritajes). Como consecuencia de los ataques a las mujeres, MuMaLá contabilizó que 57 niñas, niños y adolescentes se quedaron sin madre. En cuanto al rango etario, el 52 % de las víctimas tenía entre 19 a 40 años. Entre ellas, el 23% había denunciado a su agresor, el 12% tenía restricción de contacto o perimetral y el 2% fue asesinada pese a tener un botón antipánico.

Con respecto a la relación de los femicidas con sus víctimas, el informe revela que el 44% convivía en el mismo hogar. Además, remarcaron que el 19% de los sujetos terminaron suicidándose, mientras que el 7% lo intentó; un 9% está prófugo; otro 9% asesinó a más de una víctima y un 2% pertenecía a alguna fuerza de seguridad. Entre los datos recabados figura que en el 42% de los casos se trató de una pareja; en un 26% una expareja; el femicida resultó ser un familiar en un 17%; un 2% de las veces fueron conocidos de la víctima y un 9% desconocidos, sin vínculo.

Por otra parte, las muertes vinculadas a episodios de violencia a estas mujeres o que estaban en el lugar durante el hecho, el 50% eran niños y adolescentes de entre 0 y 15 años (tal como el caso del niño asesinado en Puerto Deseado).

En cuanto al lugar donde se cometió el femicidio, este último informe detalla que el principal espacio donde se dieron fue en la vivienda familiar de la víctima (un 31%). También ocurrieron en hogares compartidos (34%); en la vía pública (12%); descampados (7%); en la vivienda del femicida (10 %); en alguna propiedad privada (5%); en la vivienda de un familiar (7%) y en espacios como hoteles, en el trabajo de la víctima, entre otros lugares (4%).

Desde MuMaLá Argentina apunta a la urgente “implementación de la Educación Sexual Integral de manera transversal y la aplicación efectiva de la Ley Micaela de capacitación obligatoria en género y violencia de género en todos los ámbitos del Estado”.

Tags: 8MFemicidiosNi una menosObservatorio NacionalViolenciaViolencia machista
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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