“Pese a que tengo mucho que decir, no voy a formular declaraciones y voy a aguardar el juicio”, dijo a PRIMERA EDICIÓN Graciela Brígida Candelaria Salvado de Sotelo (72) en septiembre de 2015 tras enterarse que la causa denominada “Megaestafa judicial” ya tenía tribunal conformado para debatir las más de seis mil fojas de expediente, iniciado el 29 septiembre de 2003, en el que figuraba en la carátula como presunta jefa de “asociación ilícita”.
Cuatro años y ocho meses transcurrieron y tampoco habló la exjueza Civil y Comercial 1 de Posadas, sólo su firma estampó como reconocimiento de culpa en la suspensión por juicio abreviado, acordada hace pocos días ante el fiscal (subrogante) del Tribunal Penal 2, Martín Alejandro Rau.
Los seis acusados de integrar la red montada para robar dinero con extracciones de depósitos judiciales en bancos de la capital provincia, firmaron el juicio abreviado. De todos ellos, cinco serán condenados a cinco años de prisión y uno a tres, tras la homologación del acuerdo en el Tribunal Penal 2.
Con los años de detención que cumplieron la mayoría de ellos en la etapa de instrucción de la causa, resta estimar de la admisibilidad del acuerdo, cuántos meses más permanecerán con prisión domiciliaria. Los camaristas que se encargarán de ello en el TP-2 son: Marcelo Cardozo (subrogante y titular del Juzgado de Instrucción 1) Carlos Jorge Giménez y Carmen Helena Carbone (subrogante y jueza Civil y Comercial 6 de la Primera Circunscripción Judicial).
El escándalo, cuyo inicio cumplirá 17 años el 29 de septiembre, llevó a juicio a seis personas: quien en su momento fuera titular del Juzgado Civil y Comercial 1 de Posadas, Graciela Brígida Candelaria Salvado de Sotelo, su jefa de despacho, Nora Castelli (57), la secretaria Miriam Saidman (53), Cayetano “Nani” Castelli (54) y los abogados Paula Espinosa (47) y Guillermo Abdón Fernández (52).
Los seis llegaron imputados por el delito de “asociación ilícita”, artículo 210 del Código Penal Argentino que prevé penas de tres a diez años de cárcel.
Vale recordar que cuatro abogados del fuero local en la misma investigación fueron acusados y procesados por el delito de “estafa”, pero sobreseídos en junio de 2013 en virtud de la prescripción por plazo vencido según las penas previstas para ese tipo de delito.
La semana pasada, Salvado de Sotelo reconoció su culpa como “jefa de la asociación ilícita”, Nani Castelli, Nora Castelli, Fernández y Espinosa también pero como “organizadores”, cada uno firmó una pena de cinco años de prisión. Miriam Saidman en tanto, aceptó la propuesta de suspensión por juicio abreviado como “miembro de asociación ilícita”, una condena de tres años de prisión. De acuerdo al artículo 210 del CPA, todos acordaron la sanción mínima.
Escándalo
El mayor escándalo en el que estuvo involucrada la Justicia misionera se inició con una denuncia radicada el lunes 29 de septiembre de 2003, aunque varios investigadores aseguran que ya en 2001 se iniciaron los robos. Los imputados organizaron un grupo que se dedicaba a extraer de manera ilegal -pero con documentos originales- dinero de depósitos judiciales de cuentas de conocidas entidades bancarias. En uno de esos bancos trabajaba Abdón Fernández, a cargo del sector de depósitos judiciales.
Con documentos que obtenía Castelli y que contaban con la firma de la exjueza, los involucrados se habrían alzado con una suma que nunca fue peritada, pero que alcanzaría los dos millones de pesos (en 2003 todavía estaba vigente el uno a uno, un peso=un dólar).
Con el caso en primera plana de todos los diarios, incluso nacionales, la jueza Salvado de Sotelo debió renunciar al cargo y evitar ser desplazada por un jurado de enjuiciamiento.
A partir de ese momento, durante nueve años, la causa quedó enredada entre recursos y análisis del Superior Tribunal de Justicia. “Congelada” hasta septiembre de 2015 cuando el TP-2 ordenó el debate tras el devenir de planteamientos de los defensores.
Ese trajín incluyó que el sucesor de Rey al frente de Instrucción 2, César Antonio Yaya, se inhibiera por cuestiones de amistad, por lo que la causa recayó en el Instrucción 3 de Posadas, a cargo de Fernando Luis Verón.
Llamativo del caso también fue que en mayo de 2016 podría haber prescripto todo, o al menos ser planteado el recurso por parte de los encartados, si la causa no se elevaba a debate oral y público.
