La Cooperativa de Cooperativas de Gas, Viviendas y Otros Servicios Públicos de Misiones Limitada (MISCOOPGAS), con base en esta localidad, no es ajena a la crisis que enfrentan las empresas distribuidoras de garrafas en el país y advierten la necesidad de “un mecanismo de auxilio” para evitar el colapso del sector.
“No escapamos al común denominador de todas las PyME, la cuestión financiera es compleja. Día a día evaluamos la disponibilidad de recursos”, expresó a PRIMERA EDICIÓN, el presidente de MISCOOPGAS, Omar Cabral.
Sostuvo que a la baja rentabilidad se suma, además, la alta competencia existente en Misiones. “Hay muchos productos en el mercado entonces las empresas intentan bajan los precios para poder vender y hay una competencia local muy fuerte. Esto hace aún más compleja la actividad”, contó.
En este sentido, indicó que la devaluación del peso fue uno de los principales problemas que enfrentan las empresas distribuidoras de gas.
“Durante el segundo semestre de 2019 tuvimos un aumento de costos muy importante ya que muchos de nuestros insumos, materiales y repuestos están sujetos al valor del dólar y con la devaluación que hubo en el país esos gastos se dispararon”, detalló.
Apuntó contra el congelamiento de tarifas de gas butano envasado, producto que se comercializa en mayor cantidad por las distribuidoras y que es regulado por el Estado. “El último aumento de precios que tuvimos fue en julio y desde ahí sólo tuvimos incrementos en los costos, los cuales desaparecieron los márgenes de rentabilidad”, sostuvo.
En este contexto, manifestó que el acuerdo firmado con los gremios petroleros, que establece un aumento del 9% para los trabajadores, se adelantó para este mes y generó complicaciones. “Tenemos que liquidar los sueldos de enero con ese 9% de aumento. Eso nos descoloca porque es una carga más a los problemas que tenemos”, reveló.
Y sostuvo que la intención de la cooperativa “es sostener las fuentes laborales”. “Esta crisis nos obligó a parar las inversiones que normalmente realizamos, lo que después trae contratiempos porque son necesarias para mantener la logística, la seguridad y la calidad del servicio. Retomarlas te cuesta el doble de caro. Pero, nuestro compromiso es sostener las fuentes laborales cuanto podamos”, enfatizó.
A nivel nacional
Cabe recordar que la Cámara Argentina de Distribuidores de Gas Licuado (CADIGAS) denunció que el sector “enfrenta una de las peores crisis” de su existencia.
Es que la entidad, que nuclea a unas 180 empresas PyME de capitales nacionales, puntualizó que en los últimos años “mientras los costos aumentaron 370%, el margen para las empresas PyME se incrementó en menos de 150%, lo cual provocó un fuerte endeudamiento”.
“Las empresas estamos en condiciones de aportar el conocimiento, la experiencia y la vocación de servicio en momentos en los que la agenda de la lucha contra el hambre y la pobreza obligan a tener una actitud solidaria, integral y responsable”, agregó la entidad.
De acuerdo a los datos oficiales suministrados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) de un total de 12,2 millones de familias del país, casi 5 millones, es decir el 41 %, utilizan gas envasado en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Formosa, Tucumán, Mendoza y Misiones, entre otras.
Esquema subsidiado
Según CADIGAS, “el 40% de los usuarios de gas en garrafas recibe un subsidio directo a través de la tarifa social, lo que pone de manifiesto la estructura económica y social vulnerable que requiere mantener la accesibilidad a este recurso básico para su calidad de vida”.
“Las distorsiones producidas conllevaron y aún persisten, a un ahogo económico de nuestras empresas distribuidoras, viéndonos obligados a: suprimir inversiones, reducir personal, abandonar zonas de distribución; en definitiva a empobrecer la calidad de servicio que nos caracterizó en nuestros orígenes”, expresaron.
Asimismo, manifestaron que el esquema de subsidios y abaratamiento del precio de la garrafa se planteó en sus orígenes como un esfuerzo compartido entre el sector público y privado.
Sin embargo, “la realidad actual muestra el esfuerzo del Poder Ejecutivo Nacional y del sector privado, en tanto que el comportamiento de las provincias que colaborarían eximiendo de ingresos brutos a la actividad, es dispar, ya que sólo 41 por ciento de ellas lo hicieron”.
“El resto continúa aplicando el impuesto pero se benefician con el precio máximo establecido por el Programa Hogar, perjudicándonos aún más a los distribuidores que debemos absorber dicho costo”, señalaron.
