Mientras está dando sus primeros pasos el polémico convenio firmado por la Nación con la Asociación Maizar, bajo la presidencia de Mauricio Macri, para sembrar 500 mil hectáreas de maíz transgénico en Misiones, apareció un duro informe de la Auditoría General de la Nación que revela que no existen controles sobre este tipo de semillas y tampoco se tienen en cuenta los impactos sociales, ambientales, además del riesgo sobre la biodiversidad.
El informe revela que la forma de aprobar el uso de los transgénicos en Argentina es poco transparente e incompleto, desoye convenios internacionales, vulnera leyes ambientales y viola los derechos de los pueblos indígenas.
Este documento confirma lo que denuncian hace décadas organizaciones campesinas y socioambientales: el Estado argentino aprueba los transgénicos en base a estudios de las empresas que los venden (el Estado no realiza análisis propios).
En Argentina se aprobaron 60 transgénicos y ocupan más de 30 millones de hectáreas. Una de estas semillas es el maíz que se está introduciendo en Misiones mediante este convenio con Maizar y que está siendo rechazado mediante un planteo judicial de Amparo.
Martín Ferroni, abogado e integrante de la Asociación Civil Kaapuera señaló a PRIMERA EDICIÓN que “la Auditoría General de la Nación, es un organismo de la Constitución Nacional que tiene como finalidad el control del estado de las cuentas del sector público” y agregó que el informe AGN N° 064/2019 “viene a ratificar muchos de los términos que se planteó en Amparo Ambiental interpuesto por Kaapuera contra el entonces Ministerio de Agroindustria de la Nación y la Organización MAIZAR”.
“Entre los hallazgos de la Auditoría, se verifica que la Argentina no cuenta con el marco necesario y suficiente para garantizar el uso seguro y sustentable de los cultivos transgénicos”, sostuvo Ferroni.
“Con sólo esa conclusión, es suficiente para que los Jueces que tiene a su cargo la causa “Kaapuera c/ Maizar”, resuelvan sin más trámite la medida cautelar planteada, ordenando la suspensión inmediata de la ejecución del Proyecto de cultivo de 500.000 hectáreas en la provincia de Misiones”, remarcó.
El abogado agregó que “el informe avanzó aún más poniendo en manifiesto que el entonces Ministerio de Agroindustria de la Nación (en el período 2015-2018), no desarrolló ni una sola acción tendiente a la promoción de la conservación de las especies nativas y criollas”.
A modo de conclusión Ferroni advierte que “del informe de la AGN, podemos decir que la Argentina no cuenta con un marco normativo, ni una política pública que aseguren o garanticen las condiciones para la seguridad alimentaria de la población, y mucho menos que ésta se dé en un marco de justicia social y ambiental”.
El informe de la AGN
“Recursos genéticos y organismos genéticamente modificados”, es el nombre del informe de 210 páginas. Analizó la actuación entre 2015 y 2018 del Ministerio de Agroindustria y de la Secretaría de Ambiente. Cuenta con un apartado especial sobre la forma en que se aprueban los transgénicos, a cargo de la Dirección de Biotecnología y de la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia).
“Argentina no cuenta con un marco de referencia teórico-metodológico para garantizar el uso seguro y sustentable de los OGM (Organismos Genéticamente Modificados)”, afirma la Auditoria, y detalla que se vulnera el principio precautorio establecido en la Ley General del Ambiente (25.675) y, en el plano internacional, se desoye el Protocolo de Cartagena (instrumento internacional que regula los organismos producto de la biotecnología).
Detalla que la Dirección de Biotecnología (a cargo de Martín Lema, quién también dirige la Conabia) suministró a la AGN información “en formato borrador” y “ambigua” referida al proceso de autorización de los transgénicos. Y cuestiona que la Dirección de Biotecnología ni siquiera cuenta con un manual de procedimientos para realizar la evaluación de las solicitudes presentadas por las compañías que pretenden permisos de liberación experimental de OGM, primera fase para la autorización de transgénicos.
Desde hace años que académicos críticos, organizaciones campesinas y asambleas socioambientales cuestionan que el Gobierno aprueba los transgénicos en base a lo publicitado por las compañías. Bayer/Monsanto (o Syngenta o Bioceres) presentan una soja o maíz transgénico, aportan supuestos estudios de inocuidad y los funcionarios argentinos aprueban sin corroborar si las empresas dicen la verdad o no.
“La Conabia no realiza análisis sobre los materiales a aprobar. Las evaluaciones de riesgo ambiental son de tipo documental, realizadas en base a la información científica remitida por el solicitante (la empresa) a modo de declaración jurada”, destaca la AGN. Y ni siquiera existe un procedimiento gubernamental de chequeo de información.
