La crisis tabacalera ocurrida días atrás, que desató una ola de piquetes en las rutas misioneras durante una semana, fue provocada por un reclamo de los productores que pretendían más dinero de lo que había en la cuenta del Fondo Especial del Tabaco (FET). En concreto, pedían 37 pesos por kilo de tabaco entregado en concepto de “Caja Verde”, pero sólo había dinero para pagarles 19 pesos por kilo.
Después que “bajaron las aguas” y se resolvieron las demandas, salieron a la luz los entretelones ocultos detrás del conflicto y las maniobras llevadas adelante por diversos sectores para agitar la crisis social en el sector productivo.
Para dilucidar a los responsables de los manejos poco claros del dinero del FET y también esclarecer si hubo agitadores intencionales de la protesta, el pasado viernes se presentó una denuncia penal en el Juzgado Federal de Oberá.
La misma fue presentada el viernes por el diputado nacional electo, Héctor “Cacho” Bárbaro, que además es presidente del gremio tabacalero ACTIM, y por el diputado provincial del PAyS, Isaac Lenguaza, donde solicitaron a la Fiscalía Federal que se investigue la posible comisión de los siguientes delitos: “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”; “malversación de caudales públicos”; “coacción” “y/u otros delitos que pudieran surgir de la investigación de los hechos contra el señor Marcelo Viegas Calçada”, coordinador nacional del Programa de Reconversión de Áreas Tabacaleras y administrador del Fondo Especial del Tabaco, dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación.
Bárbaro y Lenguaza tienen la sospecha de que Calçada tendría intereses compartidos con la entidad cooperativa y eso lo llevó a desembolsar sumas millonarias en forma irregular y presionar a los gremios tabacaleros; hasta al propio ministro del Agro de Misiones, para que aprueben los desembolsos. Como éstos se negaron al facilitar el último tramo de los pagos, creen que el funcionario demoró el envío de dinero.
Transferencias ilegales
Los denunciantes aseguran que el funcionario habría autorizado transferencias ilegales en beneficio directo de la Cooperativa Tabacalera de Misiones, que el mismo Calçada gestionó y presionó con “llamativo” interés para que los gremios aprobaran esas transferencias.
Todo comenzó el 31 de mayo de 2018 cuando la Secretaría de Agricultura de la Nación aprobó la Resolución 93/18 autorizando un desembolso de $560 millones del Fondo Especial del Tabaco con destino al “Saneamiento Financiero 2018” de la Cooperativa mencionada, situada en Alem.
Esos fondos corresponden al 20% del FET, que debe invertirse en Planes Operativos Anuales para diversificación y mejoramiento productivo que deben ser establecidos con precisión y afectación específica.
Según la Resolución 93/2018 el desembolso debía concretarse en siete cuotas anuales de 80 millones de pesos cada una, finalizando el cronograma recién en 2024.
Previo a la transferencia de cada aporte anual, la CTM estaba obligada a presentar ante la Secretaría de Agricultura, la Memoria y los Estados Contables del año anterior, como así también, “el detalle pormenorizado de cada una de las deudas y los comprobantes de cancelación de la deuda”.
El funcionario nacional denunciado autorizó en sólo trece meses, entre 2018 y 2019, la trasferencia de cuatro desembolsos por un total de 460 millones de pesos, incumpliendo la resolución que dio origen al salvataje.
El 14 de junio de 2018 fue la primera por $80 millones; el 17 de diciembre fue la segunda por otros $80 millones; la tercera llegó el 23 de marzo de este año por $200 millones y la cuarta 1 de julio por otros $100 millones.
“Materialmente, es imposible que la CTM haya cumplimentado la exigencia (de presentar la documentación) porque estamos en 2019. La CTM recibió 460 millones en menos de un año y medio”, advirtió la denuncia de Bárbaro y Lenguaza. “Es decir que el denunciado ordenó transferencias irregulares, sin sustento en instrumento legal alguno y en violación a los deberes que le fueron encomendados”, resaltaron.
Presuntos delitos
En la denuncia se afirmó que Calçada no es “un engranaje más” en la transferencia de fondos sino que “es quien tiene la última palabra”. Por eso los denunciantes advirtieron que hay “negocios incompatibles con el ejercicio de la función pública”, al recordar que el funcionario viajó en marzo de 2019 a Misiones “para gestionar el adelantamiento de 200 millones de pesos para la CTM que debían sumarse a los 160 millones ya transferidos”.
En esa ocasión, acompañado por el diputado electo Alfredo Schiavoni se reunió con el ministro del Agro, José Luis Garay en Posadas.
Garay declaró luego a una FM de Aristóbulo del Valle que vinieron a pedirle que apoye la aprobación anticipada de los giros a la CTM: “El pedido de financiamiento vino de Nación; inclusive nos solicitaron esa posibilidad de adelantamiento”, dijo.
La Provincia dio el aval para la transferencia de los $200 millones. Luego, el 13 de junio de 2019, “apenas tres meses después” el coordinador nacional volvió a Misiones para apresurar nuevos desembolsos por otros 200 millones”. Esta vez y pese a la presión, la Coordinación provincial no avaló el nuevo desembolso y sólo accedió a dar la mitad, es decir $100 millones.
Totalizaron así 460 millones de pesos transferidos a la CTM en sólo trece meses. “La insistencia del coordinador nacional no quedó allí. El 4 de octubre Viegas Calçada volvió a la provincia para reunirse en Posadas con el ministro del Agro, los referentes de los tres gremios y el representante de la CTM, Eldor Hut a los fines de ‘destrabar’ el saldo de los 100 millones de pesos que quedaron pendientes”, relataron.
En esa reunión, “de la que participamos los denunciantes como representantes de ACTIM, vimos el énfasis puesto por el funcionario nacional para instar a los presentes a avalar el desembolso. Nos alarmó la avidez del funcionario nacional”, sostuvieron. “Fue en esa reunión que advertimos estar ante una operatoria manifiestamente ilegal”, agregaron. Se le pidió que muestre si la CTM había presentado las Memorias y Balances y la situación de la deuda, pero “visiblemente molesto, aseguró que ‘los papeles estaban’ y que los iba a enviar luego, cosa que nunca ocurrió”.
Amenazas, presiones y denuncias
En la denuncia se describe que después de la reunión del 4 de octubre, el presidente de la Cámara del Tabaco, Gustavo Piñeiro, recibió un llamado telefónico de Viegas Calçada en el cual habría sido amenazado por el funcionario: le pidió que apoye el último desembolso bajo riesgo de no recibir “un solo peso más” para sostener los servicios de salud del gremio.
El ministro Garay luego relató que también fue presionado vía telefónica por el mismo funcionario nacional, con el mismo objeto, aunque no detalló el alcance y contenido de las presiones.
Los denunciantes creen que las amenazas telefónicas “eran consistentes” porque Calçada “tiene la última palabra para autorizar las transferencias de recursos que sustentan la atención de la salud de 13 mil productores tabacaleros”, además de otros pagos como la tercera vuelta de precio, el Plan Operativo Anual conocido como “Caja Verde”, entre otros.
Después de este choque, en la denuncia lo acusan de protagonizar “una ofensiva contra quienes frenamos ese despojo que consideramos ilegal” y dicen que Calçada “envió información confusa a medios de prensa provinciales negando su responsabilidad en los retrasos y provocó un caos con cortes de ruta en seis puntos neurálgicos de Misiones, protesta que duró varios días”.
Lo grave, según la denuncia de Bárbaro y Lenguaza, es que la CTM a pesar de recibir $460 millones no disminuyó su deuda, sino que la incrementó a $1.200 millones. Por eso presentaron en la Legislatura misionera un pedido de auditoría externa comandado por la Provincia.
“Esta denuncia penal decidimos presentarla después de destrabado el reclamo de los productores en las rutas, justamente atendiendo la delicada situación de volatilidad, alta conflictividad social desatada y la posibilidad concreta de que el denunciado continuase retaceando los recursos que van directo a las cuentas corrientes de los más de 13 mil productores”, sostuvieron los denunciantes.
Al presentar la denuncia, los dirigentes también incluyeron una carpeta con muchas pruebas y documentos para facilitar al juez la investigación, entre ellas resoluciones, planillas de fondos y copia de planillas de transferencias.
