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La Justicia Federal de Entre Ríos ordenó 14 operativos simultáneos

4 septiembre, 2019

Como ya había ocurrido años atrás, el barrio Alta Gracia se vio alterado por la presencia de efectivos de una fuerza federal en el exdomicilio de Pedro Amadeo “Pity” Arrúa (56).

Secuestraron estupefacientes y detuvieron a una persona que estaba en la vivienda. El narco misionero se encuentra detenido en una prisión de Entre Ríos, pero al parecer seguiría vinculado con actividades ilícitas.

Cuando promediaba la mañana, móviles y efectivos de la Prefectura Naval Argentina llegaron a la casa ubicada en la intersección de las calles Franklin y Francia. La edificación, visiblemente descuidada fue allanada por los uniformados, quienes llegaron con una orden emanada del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del magistrado Pablo Seró.

En el lugar estaba solamente una persona, un joven de 23 años quien, en principio, manifestó ser el encargado de cuidar la vivienda.
Los efectivos de PNA recorrieron toda la estructura en busca de evidencias y en una de las habitaciones hallaron tres panes que a simple vista daba la impresión de tratarse de cocaína. El test químico lo confirmó y el peso se aproximó a los tres kilos.

Este operativo fue uno de al menos catorce allanamientos simultáneos que se llevaron a cabo en Misiones y Corrientes, pero principalmente en Entre Ríos.

La orden judicial buscó seguir la pista del transporte de drogas desde Misiones hacia la zona central del país, y la exvivienda de Arrúa figuraba nuevamente como uno de los eslabones de la red.

Según informó el periódico entrerriano “R2820”, los allanamientos en esa provincia se focalizaron en la Unidad Penal de Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón y Paraná, y eran parte de una investigación que desarrollaba desde hace un año Prefectura de la Zona Bajo Uruguay.

Según confirmaron, el blanco de la investigación estaría vinculado a la causa “La efedrina”. Según las fuentes, se encargaba de dirigir una estructura que comercializaba drogas generalmente a través de “mulas” desde Paraguay.

Para esto, la organización utilizaba como rutas a las ciudades de Concepción del Uruguay, Paso de los Libres, Mercedes, Corrientes Capital y Posadas, donde se realizaba (según trascendió desde la investigación) el acopio, el transporte y la posterior venta.

En declaraciones a Radio Nacional Gualeguaychú, el prefecto Mayor Norberto Montaldo, confirmó que los allanamientos efectuados estaban vinculados a una causa que esa fuerza investiga desde julio de 2018 junto al juez Seró.

“La causa surge de otra causa del año 2017 por tráfico de efedrina. Hemos hecho catorce allanamientos y han sido detenidas diez personas, de las cuales cuatro estaban recluidas en cárceles en Entre Ríos. Se trata de una banda que desde la cárcel manejaba la organización”, explicó el funcionario.

 

El chip

Personal de Prefectura Naval, según consignaron ayer medios entrerrianos y de manera extraoficial, utilizó un dispositivo localizador de señal de telefonía celular, que confirmaba la existencia de un chip operativo.

Esto permitió el hallazgo de un teléfono en propiedad del recluso “Pity” Arrúa, quien actualmente está preso en la UP 2 de Entre Ríos. Mientras que su pareja se encuentra en la cárcel de mujeres. Uno de sus hijos está detenido en Paraná y el otro en Concepción del Uruguay.

 

Prontuario

Arrúa estuvo involucrado en múltiples causas penales. En marzo de 2009 la Policía bonaerense allanó su vivienda de la calle Franklin al 5000 y lo detuvo por su supuesta vinculación con “la ruta de la efedrina”.

Quien en ese momento dirigía la causa, el juez federal de Campana, Federico Faggionato Márquez, lo liberó tiempo después por falta de mérito y lo trasladaron a Misiones para que se presentara ante el juez Fernando Verón bajo el cargo de “tenencia ilegal de armas de fuego”.

En noviembre de ese año, Verón procesó a Arrúa sin prisión preventiva, fijándole una caución de 50 mil pesos. Le había prohibido salir del país y debía presentarse en el Juzgado de Instrucción 3 cada quince días. Además le exigía tener buena conducta.

Pero el 23 de enero de 2010 fue detenido en el marco de un operativo conjunto llevado a cabo por la Policía de Córdoba y Gendarmería Nacional. Lo vincularon con una banda de narcotraficantes que tenía conexiones en la provincia mediterránea.

Ese día, en San Ignacio, habían interceptado un Fiat Uno con más de 170 kilos de marihuana y aprehendieron a un cordobés y un misionero. “Pity” fue arrestado en una vivienda cerca de La Rotonda. Dos días antes, los investigadores habían visto a los tres reunidos en Posadas. Además, un Mercedes Benz que fue secuestrado en los operativos, había sido filmado en Córdoba. Su conductor era nada menos que “Pity”.

En mayo de 2012, Arrúa y otros detenidos fueron llevados a juicio en Córdoba por transporte de estupefacientes. Estaba acusado de “organización ilícita destinada al narcotráfico, contrabando de estupefacientes y transporte de estupefacientes agravado por la cantidad de personas”.

Fue condenado a ocho años de prisión. El 20 de agosto de 2014 fue sentenciado a dos años de prisión por el Tribunal Penal 2 de Posadas, por “tenencia ilegal de arma de guerra”.

En noviembre de 2016, al ser detenido nuevamente, gozaba de “libertad asistida” otorgada por la Justicia Federal de Córdoba.

Tags: #DetenidoAllanamientosentre ríosJusticiaMisiones
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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