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Confirman ampliación de procesamiento de Cristina Kirchner

19 julio, 2019

Así lo decidió la Sala I, que además confirmó las acusaciones sobre el exdirector de Energías Renovables del ex Ministerio de Planificación Federal, Fabián Ezequiel García Ramón; y los empresarios Gerardo Ferreyra, Jorge Neyra y César de Goycoechea, entre otros.

En el mismo fallo, los jueces fijaron los embargos de la expresidenta y demás acusados en 50 millones de pesos.

Los presuntos pagos ilegales por los cuales la procesó en primera instancia el juez federal Claudio Bonadio fueron señalados por el remisero Oscar Centeno entre el 21 y el 23 de julio de 2010.

Según su declaración, algunos fueron entregados por el exfuncionario Roberto Baratta en la Quinta de Olivos y otros por el fallecido exsecretario privado Daniel Muñoz en el departamento de los Kirchner en el barrio de Recoleta.

Pero también se la procesó por pagos hechos entre el 30 de julio y fines de septiembre de 2010 en el edificio en la calle Uruguay, donde vive la exmandataria.

“En lo que aquí interesa, en el auto de mérito dictado el 23 de abril pasado, el Magistrado Instructor amplió el procesamiento de Cristina Fernández y Ezequiel García Ramón, por considerarlos responsables del delito de cohecho pasivo, como coautora de cinco (5) hechos la primera y como partícipe necesario de tres (3) casos el último”, sostuvo el Tribunal.

“No es ocioso recordar aquí que todo el mecanismo de recaudación ilegal de fondos fue estructurado desde la cúspide del PEN, tomando como eje al Ministerio de Planificación Federal”, añadieron los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

En ese sentido, evaluaron que “conforme logró acreditarse a partir de las rutinas seguidas por quienes colectaban y trasladaban el dinero, cada pago emprendía su camino en las oficinas y dependencias de las distintas empresas interesadas para concluir, ya sea en la quinta presidencial de Olivos, en uno de los domicilios utilizados por la ex mandataria y su cónyuge, o incluso -en algunos casos- en oficinas de la Casa de Gobierno”.

“Los cinco hechos que componen este decisorio encuadran, precisamente, en dicho patrón. En todos ellos, las entregas de dinero tuvieron lugar en distintos domicilios vinculados a Electroingeniería y en cada uno, los pagos concluyeron en los dos primeros ámbitos señalados precedentemente”, agregaron.

Los camaristas también ratificaron los procesamientos de los empresarios Gerardo Ferreyra, Osvaldo Acosta y Jorge Neira.

Fuente: Agencia de Noticias NA

Tags: #JudicialesCFKProcesamiento
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Durante la feria administrativa, la farmacia del Parque de la Salud en Posadas atiende solo hasta el mediodía y entrega 150 turnos por jornada. Los reclamos de la gente.
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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