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Pequeñas y medianas empresas de transporte están “al borde del abismo”

1 julio, 2019

La situación del transporte urbano e interurbano en Misiones es caótica. Pequeños y medianos empresarios del interior llevan adelante distintas gestiones para encontrar una solución, evitar la quiebra, los despidos y la paralización de servicios.

Es que los sucesivos aumentos de combustibles e insumos, y demás obligaciones como el pago de sueldos e impuestos, generaron una crisis en el sector que amenaza con terminar con las líneas que recorren las colonias y parajes del interior provincial.

“Lo que más complica a las empresas son las subas de impuestos, combustible y los costos de insumos que están dolarizados, como neumáticos y repuestos mecánicos”, expresó a PRIMERA EDICIÓN Sergio Prox propietario de Expreso Prox, que presta el servicio en El Soberbio, San Vicente y otras localidades.

“La Provincia nos ayuda con un subsidio y entiende nuestra realidad, pero esta ayuda perdió valor. Estamos en contacto permanente para ver la forma de actualizar los valores que nos dieron en su momento”, recordó Prox, quien además es presidente de la Asociación Misionera de Empresarios de Transporte de Pasajeros (AMETP).

En este contexto, anticipó que espera una reunión con autoridades provinciales para plantear un nuevo aumento tarifario. “Somos la única empresa que presta un servicio a estas comunidades y si se va el transporte de pasajeros, mucha gente quedará aislada. Todavía no estamos fundidos pero estamos al límite, los márgenes son muy acotados”, enfatizó Prox.

 

Desfasaje del 50% en los costos

En consonancia, la integrante de la asociación y contadora de la Empresa Rota de Leandro N. Alem, Carla Obermann, explicó que “el principal inconveniente que tenemos, tanto la corta como la media distancia, se viene arrastrando desde la quita de subsidio de Nación”.

“La Provincia salió a hacerle frente a esta situación, aportó un subsidio pero estos quedaron congelados en términos nominales. No hubo una actualización tarifaria y tuvimos aumentos salariales, pago de no remunerativos, incrementos en el combustible y en los costos; todo eso lo tuvimos que cubrir las empresas, muchas ya están endeudadas”, sentenció.

Estimó que para costear este desfasaje “se necesita un aumento tarifario de alrededor del 50%”. Aunque consideró que pedir un incremento tarifario de estas características “sería perjudicial para la población”. Conscientes de esto, desde la AMETP se comenzó a trabajar en “alternativas que les permitan paliar la crisis sin trasladar todos estos aumentos a las tarifas”.

“Los empresarios realizaron todos los ajustes que se podrían hacer ante este panorama para ser más eficientes. Urbanos redujeron frecuencias y la media distancia directamente no presta el servicio”, adujo.

Obermann manifestó que esto derivó en menos opciones para el traslado de la gente e impacta sobre todo en las pequeñas comunidades rurales. “Se recorren 20 o 30 kilómetros de caminos de tierra y se recauda 300 pesos, es imposible solventar el costo del combustible, la amortización de los coches y neumáticos con esos montos”, observó.

No obstante, reconoció que las únicas variables que quedan por ajustar son “o un aumento tarifario o un incremento en los subsidios”. “No vemos caminos alternativos. Obviamente estamos sentados en una mesa de trabajo, dialogando y estudiando los casos con las empresas para resolver esta situación que es complicada. Buscamos caminos para ir a las autoridades correspondientes y no realizar pedidos sin una justificación técnica”, apuntó la contadora.

Sentenció que “hay muchas empresas que ya están endeudadas y, si la situación continúa de esta manera, entrarían en cesación de pagos con la consecuente quiebra”.

“Cerrarían empresas y fuentes de trabajo. La gente quedaría sin servicios, las poblaciones quedarían incomunicadas y con menos posibilidades de transporte. Esa es la realidad porque se van a fundir las firmas, muchas ya están al borde del abismo”, advirtió.

Enfatizó que “todos los incrementos de costos los absorbieron las empresas. Muchas no tienen capacidad de ahorro, esto significa que no podrán renovar unidades, y un parque obsoleto implica también mayores costos porque las unidades son más viejas y demandan mayor mantenimiento”, afirmó.

Todo esto implicará que “la gente viaje mal” debido a la precarización del servicio, añadió Obermann. “Si vos no tenes unidades en condiciones viajás mal, los coches se quedan y no llegan a destino. Es preocupante la situación, vemos un panorama bastante desalentador. Somos empresas pequeñas y medianas del interior de la provincia con 10 o 15 empleados”, deslizó.

Cabe recordar que el Gobierno provincial se comprometió con asistir a las empresas de transporte con $500 millones para mitigar la quita de subsidios. El dinero saldrá desde Rentas Generales, mientras que el Estado nacional aportará el 20% restante.

 

“Gravedad exponencial”

En tanto, Andrés Horianski, quien también integra la Asociación Misionera de Empresarios de Transporte de Pasajeros, indicó a este Diario que “desde enero hasta ahora la situación se agravó de forma exponencial”.

Expuso que “la idea es encontrar una alternativa sin que el servicio entre en colapso”, como por ejemplo no solventar el mantenimiento de las unidades o renovarlas.

Dichos análisis entre los integrantes de la entidad está relacionada a los cambios que se generaron en las ayudas financieras que recibían, además de la falta de readecuación de las tarifas.

Por un lado, desde el año pasado las firmas de transportes se tuvieron que enfrentar a la quita de subsidios por parte del Estado nacional. Es así que ante esta situación, el Gobierno provincial había tomado la decisión de hacerse cargo del 50% de la ayuda que recibían las empresas como forma de subsidio. Se trata de un monto que reciben en 12 pagos y culmina en diciembre de este año.

“Los valores de los insumos fueron creciendo como ser el aceite, el combustible, la mano de obra, y esto genera que el subsidio que en un momento representaba el 50% hoy en día sea mucho menos. Por ende, las empresas están absorbiendo los costos”, comentó Horianski.

Asimismo, agregó que sumado a los altos costos también hubo una merma en la cantidad de usuarios que optan por viajar en el transporte. “Todo esto ocasiona una receta para que las empresas estén en crisis; por ello, hay quiebras y recortes de horarios. La situación es muy grave”, dijo.

Consideró que “es muy difícil que el sistema de transporte se sostenga de esta manera teniendo el cuenta el contexto económico”.

En lo que respecta a la tarifa y su readecuación, Horianski recordó que el último incremento se efectuó el año pasado entre octubre y noviembre.

En ese momento, la suba fue del 24% y se pretendía que se sume otro 20% divido en dos tramos durante los primeros meses del año, pero no se concretó. “Si a ese 20% se suma la inflación y la suba de los insumos, daría un promedio del 45%; sin embargo, a nosotros no nos sirve aumentar tanto porque los usuarios no podrían pagar”, aseveró y agregó que “por eso se está buscando y analizando alternativas”.

 

Servicios paralizados

Por su parte, desde la Cámara de Empresarios Misioneros del Transporte de Pasajeros (CAEMTAP) advirtieron que los servicios interurbanos son los más golpeados por la crisis.

El titular de la entidad, Juan Manuel Fouce, dio un panorama de la situación a PRIMERA EDICIÓN y contó que “durante estos meses adelantamos que para julio el sistema de transporte podría colapsar porque ningún servicio es rentable de esta manera”. Aseguró que “hoy se está trabajando a pérdida”.

Expuso que todo esto se da a razón de que “el combustible en enero salía 10 pesos el litro para las empresas y ahora, ese mismo combustible, cuesta 50 pesos”.

En consonancia, subrayó que “el inconveniente también se da en la falta de suba en las tarifas porque a comienzo de año se autorizó un porcentaje, que estaba relacionado a la inflación, pero no con la quita de subsidio”.

En este marco, apuntó que por el momento “las empresas retiraron los servicios que hasta marzo generaban pérdidas”. Sin embargo, ahora se da otra situación ya que “las líneas que antes eran rentables hoy en día no lo son. Las empresas no pueden retirar todo el servicio porque si no, quiebran automáticamente”.

A modo de ejemplo, deslizó que “en la actualidad, un servicio no logra cubrir el gasto del combustible de un trayecto”. Es por dicha situación que desde la Cámara enviaron notas al Gobierno provincial solicitando que “se otorgue más subsidios al servicio interurbano”, ya que aseguraron que éste “quedó licuado” con las subas.

Fouce comentó que “además se pidió un aumento del 40% en las tarifas para continuar con la actividad”. Sentenció que “los servicios interurbanos -en razón inflacionaria- quedó con una tarifa 150% por debajo del índice de inflación que se registró en los últimos 8 años”.

Afirmó que “se debe acompañar con un incremento tarifario porque en los últimos años nos otorgaron entre el 14% y 18% de incremento. Estamos en disparidad con los servicios urbanos”. Por último, recalcó que “si en julio esto no se revierte, se paralizarán los servicios interurbanos porque no podemos obligar a las empresas que sigan brindando un servicio a pérdida”.

Tags: Media DistanciaMisionesTransporte
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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