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Policías imputados por “robo y hurto calificado”

16 junio, 2019
INVESTIGACIÓN. Está a cargo de la Unidad Regional II de Oberá.

INVESTIGACIÓN. Está a cargo de la Unidad Regional II de Oberá.

Mientras estaban de turno se ganaban la confianza de la gente. Escuchaban mucho, cada detalle, toda frase, por más insignificante que pareciera cualquier dato servía para ellos y sellaba el destino de pérdida material para otros: “Nos vamos al cumple”, “Salimos de viaje”, “Adoro mi colección de monedas”, “Vendí un terreno, un auto, gané la quiniela…”.

Para ellos ningún comentario estaba de más. Todo sumaba, sobre todo para seguir incrementando sus botines.
Aunque parezca mentira no es la descripción de ladrones comunes, de esos que como dice el dicho “aprovechan la ocasión”. Se trataba de “amigos de lo ajeno” vestidos de uniforme, de pulcra vestimenta azul de la Policía de Misiones.

Sus mismos camaradas los detuvieron el pasado lunes 10 de junio, a él, un oficial ayudante de 28 años, en la comisaría de Los Helechos, donde prestaba servicios, y a ella, una cabo de 27, en la Cámara de Apelaciones de Oberá, donde cumplía funciones como custodia, tal y como publicó este Diario. Una pareja de policías a la que tal vez no sólo los unía el amor, también el delito.

Ayer fueron por primera vez ante la Justicia y se abstuvieron de declarar, no obstante a criterio de los investigadores existen un cúmulo de evidencias en su contra, por lo que quedaron imputados y seguirán tras las rejas.

Deben responder por al menos siete causas de robos y hurtos. Y mientras esto sucede se siguen sumando denuncias, casi una por día contra los efectivos que desde hace meses asolan a sus vecinos, camaradas de fuerza, conocidos y amigos, dejando un tendal de damnificados.

 

Las imputaciones

Con la llegada de los dos primeros sumarios policiales ayer a la mañana, el juez de Instrucción 2 de Oberá, Horacio Alarcón, imputó a los dos efectivos por el primer hecho por el cual fueron sospechados y que derivó en su detención: la sustracción de los 50 mil pesos a una vecina del barrio Villa Londín, el sábado 8 de junio pasado.

Por esa causa quedaron imputados por “robo calificado por su condición de policías”. En la segunda acusación que llegó a manos del magistrado Alarcón, el robo de la cartera a la jefa de la Comisaría de la Mujer de Oberá (ocurrido en la dependencia), solamente quedó imputada la mujer por “hurto calificado por su condición de policía”.

Las “visitas” al juzgado de Alarcón aún no finalizaron, deben regresar, seguramente durante la semana, para ser indagados por otros dos hechos relacionados a robos domiciliarios y que tienen un denominador común: la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia obereña donde la mujer policía era custodia.

Casualmente el primer caso ocurrió en perjuicio de un empleado judicial que trabaja en ese lugar, a quien le desvalijaron su casa, y en el segundo episodio la damnificada es la dueña del edificio donde funciona dicho organismo, que le confió las llaves de acceso y justamente le sustrajeron herramientas, indicaron las fuentes.

Hay otros tres hechos por el cual la pareja está sospechada, pero posiblemente no se unifiquen en un solo juzgado y se sustancien en el Instrucción 1, a cargo de la magistrada Elva Kunzmann de Gauchat, por las fechas en que sucedieron.

 

Pistolas, fiestas y monedas

Otro de los delitos por el cual está sindicada la pareja de policías es por el robo de dos pistolas a dos camaradas de fuerza que prestan servicios en la comisaría Tercera de Oberá.

La sustracción fue a finales de mayo en la vivienda de los damnificados en Villa Lindstrom, de madrugada y mientras estaban en una celebración por el Día de la Policía.

Si bien las armas de fuego, pistolas reglamentarias 9 milímetros, nunca aparecieron, sí hubo objetos robados en ese mismo domicilio que aparecieron en los allanamientos en las dos viviendas donde residían los sospechosos.

Una sexta causa surgió cuando una familia de Panambí denunció a principios de año el robo de 250 mil pesos y una suma no precisada en dólares mientras también estaban en una fiesta. El dato no menor es que las víctimas sospechan de la pareja porque les habrían contado a ellos que iban a un cumpleaños debido a que tendrían cierta amistad con los sospechosos.

La séptima causa que está judicializada contra la pareja es la sustracción de una colección de monedas extranjeras, cuya caja similar a donde estaban guardadas fue hallada en uno de los allanamientos. Las nuevas causas que se les podrían sumar, según fuentes de la investigación, están relacionadas con hurtos menores en cajas registradoras de lugares que custodiaban.

En ese sentido se informó que recién se analizan filmaciones aportadas por damnificados. Por último y como dato llamativo, se investigan los supuestos y frecuentes viajes a Brasil que hacía la pareja para, según decían, comprar ropa y venderla en Oberá. No descartan que en el vecino país podrían haber reducido parte de lo que sustraían.

 

Ser “acumuladores” les jugó en contra

En los allanamientos ordenados por el Juzgado de Instrucción 2, a cargo del magistrado Horacio Alarcón, tanto en la vivienda de servicio de la comisaría de Panambí donde residían (en virtud de que la pareja sospechosa es oriunda de ese pueblo), como en la casa que estaban construyendo al lado de la seccional, se hallaron numerosas evidencias. “Ser acumuladores les jugó en contra”, revelaron voceros del caso.

“Guardaban todo, por más que sea un envoltori0 o caja, fueron piezas del rompecabezas que fuimos uniendo”, agregó la fuente.

En dichos domicilios por ejemplo, se encontraron objetos que los comprometen en el robo a la jefa de la Comisaría de la Mujer de Oberá, la caja de monedas sustraída en esa misma localidad, una mochila y dos cámaras fotográficas sustraídas a una empleada judicial. También elementos que le robaron a los denunciantes por la sustracción de las dos pistolas.

Tags: #OberácausaHurtoInvestigaciónpoliladronesrobo calificado
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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