Se trata de otro tramo de la investigación por la cual será juzgada desde el 21 de mayo próximo la ex presidenta Cristina Kirchner junto a los detenidos Lázaro Báez y los ex funcionarios Julio De Vido y José López, entre otros.
Ahora, Ercolini envió a sorteo de un tribunal oral otra parte de esa pesquisa, en la que procesó a Martín Báez, detenido en la llamada “ruta del dinero K”, ex funcionarios de Vialidad Nacional, como Sandro Férgola, y ex directivos de las empresas de los Báez.
“La maniobra aquí investigada reconocía como punto de partida el montaje de una asociación ilícita de carácter estable y permanente, liderada por Néstor Kirchner y Cristina Fernández, e integrada por Julio De Vido, José López, Nelson Periotti, Carlos Kirchner, Lázaro Báez y Martín Báez -entre otros individuos-, sostenida ininterrumpidamente entre el 8 de mayo de 2003 y el 14 de diciembre de 2016, que tuvo por finalidad la comisión de múltiples delitos para apoderarse ilegítimamente, y de forma deliberada, de millonarios fondos públicos”, recordó Ercolini en la resolución.
Uno de los “planes delictivos” consistió, según esta acusación, en instrumentar “una compleja maniobra de corrupción perpetrada dentro dela administración pública, en la que una estructura permanente y coordinada de personas -funcionarios públicos y empresarios- logró, por medio de la defraudación al Estado nacional a través de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, obtener un beneficio económico millonario”.
En esta nueva resolución fueron enviados a juicio Martín Báez, Sergio Passacantando, Fernando Butti, Julio Mendoza, Carlos Alonso, Sandro Férgola, Jorge Gregorutti, Gustavo Gentili, Fernando Abrate y Myriam Costilla.
En la investigación se dio por probado que durante el kirchnerismo se adjudicó el 80 por ciento de la obra pública vial nacional de Santa Cruz a empresas de Báez, quien “recibió entre los años 2003 y 2015 contrataciones del Estado por valores cercanos a 8.000 millones de pesos”.
Este monto “actualizado a agosto de 2016 (fecha en que se presentó la denuncia penal) ascendió a la suma de prácticamente 46.000 millones de pesos“.
Fuente: agencia de noticias Télam.
