La “pobreza multidimensional infantil” aumentó 4 puntos en el país entre 2017 y 2018, período en que 600.000 chicos de entre 0 y 17 años pasaron a engrosar la estadística de aquellos que están debajo de la línea de la pobreza por ingresos, pero además tienen déficit de alimentación, saneamiento, vivienda, salud, información o estimulación temprana/educación.
“Se trata de un incremento significativo y está explicado básicamente por la pobreza monetaria que tuvo un incremento relevante” en ese lapso, aseguró la Coordinadora del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA, Ianina Tuñón y coautora del informe “Pobreza, derechos e infancias en la Argentina (2010-2018)”.
Cuando se analizan por separado la pobreza por ingresos y las demás carencias, los porcentajes de población infantil afectada son mucho mayores: mientras el 51,7% de los niños, niñas y adolescentes (NNYA) viven en hogares carecientes en términos monetarios, seis de cada diez (63,4%) está privado del ejercicio de al menos un derecho fundamental.
Pero a diferencia de la pobreza monetaria, que subió 7,7 puntos porcentuales entre 2017-2018, la vulnerabilidad por carencias en materia de derechos descendió 2,5 puntos en el mismo período.
“La pobreza multidimensional tiene una evolución positiva que se estanca en el 2016 y desde entonces no hemos tenido avances significativos en este indicador que implica transformaciones mucho más estructurales que una mejora de ingresos“, dijo.
Tuñón explicó que si bien “hubo una caída sostenida y sistemática desde 2010” de cinco puntos, “es muy pequeña para todo estos años”, dado que “es prácticamente lo que se disparó la pobreza económica” entre 2015 y 2018.
“Esto señala la volatilidad de la pobreza económica en la Argentina y la dificultad para transformar cuestiones sustantivas en la vida de los niños que son a gran escala y están en manos de los estados”, dijo.
El análisis de la composición de la pobreza por privaciones de derechos muestra que el 22,9% de los chicos sufre carencias habitacionales (hacinamiento o déficit estructural), 19% en el acceso a la información (sin acceso a pantallas, libros infantiles o biblioteca) y 18,5 en saneamiento básico (agua e inodoro con descarga).
Además, el 17,4% tiene déficit en el acceso a la atención de la salud (no visitaron al médico en el último año o no tienen las vacunas correspondientes), 13,4% en la estimulación temprana y educación (inasistencia escolar, escolarización deficiente y maltrato) y 8,7 % en el acceso a la alimentación.
En la evolución temporal 2010-2018, puede advertirse que los mayores progresos se dieron en materia saneamiento y acceso a la información: las privaciones cayeron 7 puntos porcentuales (30,8 a 23,7%) y 10 puntos porcentuales. (34,6 a 24,5%), respectivamente en estas dimensiones.
Una evolución inversa está experimentando en los últimos tres años el indicador de carencias en materia de alimentación, que entre 2015-2018 creció 4 puntos pasando del 7,1 al 11,2%, la mayor incidencia desde 2010.
“Veníamos viendo un incremento significativo en la asistencia de comedores pero la ayuda directa se estancó en torno a un 36% en 2017 lo que, sumado al aumento de la pobreza económica, hace que hoy se advierta un aumento de la inseguridad alimentaria”, dijo.
Tienen más probabilidades de ser pobres por carencias en derechos los adolescentes (73,5% de los que tienen 12 a 17 años frente al 60,8% de los que tienen 4 a 12), los que viven con solo uno de sus padres (70,9% frente al 62,3%), los que pertenecen a un hogar del estrato trabajador marginal (84,9% frente al 23,6% de los que pertenecen al estrato medio profesional) o viven en el conurbano bonaerense (74,8% frente al 30,2% de los que viven en CABA).
Fuente: Agencia de Noticias Télam
