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La ANSeS restituyó a tareferos asignaciones descontadas ilegalmente

16 abril, 2019

Tareferos de la Zona Norte mantienen desde hace once años el reclamo por el pago de retenciones ilegales en sus asignaciones familiares por parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y ayer finalmente un primer grupo pudo cobrar parte de los montos adeudados.

La causa comenzó hace más de once años, cuando un grupo de 180 tareferos inició el reclamo por descuentos en sus asignaciones familiares. De estos, unos cinco casos llegaron a juicio y la Justicia dictaminó el derecho de los trabajadores a recuperar el dinero que el organismo nacional retuvo, mientras investiga una serie de maniobras fraudulentas que le habrían hecho perder al fisco unos 100 millones de pesos. Sin embargo el Estado retrasó el pago ordenado por la Justicia.

La estafa, registrada entre los años 2007 y 2009, consistía en empresas fantasmas que reclutaban a desocupados o personas desempleadas con el objetivo de generar el cobro de las asignaciones familiares. Estos contratistas cobraban a los asalariados un porcentaje de lo que obtenían por las ayudas con la excusa de volver a depositarlos para que vuelvan a cobrar.

Roxana Rivas es la abogada que llevó adelante la causa todos estos años y contó en declaraciones a Primera Plana por la FM 89.3 Santa María de las Misiones  que tras un trabajo judicial enorme,”hoy puede ser un antes y un después para unos mil tareferos”.

“Estamos hablando de tareferos que cobran una miseria y que en definitiva cualquier descuento que le practiquen es muy importante,
en realidad la espera no fue para volver a cobrar sino para que se le restituya lo que en su momento se les descontó ilegalmente. Son cinco expedientes en Eldorado y tres acá en Posadas de los cuales recién uno cobraron los trabajadores”, detalló Rivas.

Sostuvo que lo que se está pagando “son amparos que obtuvieron sentencias favorables y quedaron firmes ya hace más de cinco años”, y de los cuales ahora se discute el monto que debe devolver la ANSES. “Cada uno de los recursos y conductas dilatorias que pudieron haber puesto lo hicieron hasta que finalmente no les quedó otra que pagar”, apuntó.

Sin embargo aclaró que esto no quiere decir que van a cobrar todos. “Van cobrando por expedientes. Son amparos colectivos, en este grupo hay 16 trabajadores que son los primeros que van a cobrar y hay otros tanto que van a ir cobrando calculamos en el transcurso del mes que viene, otros están un poco más atrasados”, sostuvo.

Recordó que “cuando empezó este conflicto fue sumamente shockeante la situación” porque como abogada que recién empezaba, detalló Rivas, “me tocó ver a estas personas que tienen un promedio de entre cinco o siete hijos por los que no podían cobrar las asignaciones“.

“Como trabajadores tareferos propiamente dicho sus haberes en ese momento (2007 y 2008) eran de un promedio de 267 o 300 pesos, que era el mínimo que se les exigía liquidar a los empleadores de parte del ANSES para que los trabajadores pudieran acceder al beneficio de las asignaciones. Entonces ellos cobraban 300 pesos, pero por las asignaciones llegaban a los 1.200 o 2.000 pesos, los trabajadores estaban convencidos de que todo eran haberes, pero cuando empezaron los descuentos de ANSES se dieron cuenta que lo único que percibían eran esos montos de 267 y 270 pesos, y fueron colocados no al borde de la indigencia sino por debajo de la indigencia”, relató.

Rivas señaló que los tareferos “no tenían conciencia que lo que se les había hecho era una grave violación de derechos“. “Ellos creían que estaban pagando ANSES porque les decían les descontamos esas asignaciones cada vez que entraban en blanco en cualquier lado, pero en ese momento durante los años 2006, 2007 y 2008 el empleador no hizo los aportes. Fue entonces también que parte del equipo trabajó, junto con las organizaciones que acompañaron, para tratar de explicarle a los trabajadores que ellos realmente estaban siendo objeto de una grave violación de derechos y en hacerlos conscientes que eran sujetos de derechos, y todo este proceso significó que pudieran crear el sindicato de tareferos que hoy participa de la escuela de formación política y jurídica”, enfatizó.

A pesar de este nuevo contexto, la abogada consideró que la situación en general “no ha mejorado mucho, pero por lo menos están dispuestos a pelear por sus derechos”.

“Ellos caminaron 70 kilómetros en su momento, vinieron de Eldorado caminando hasta Posadas, hicieron campamentos en la ANSES, fueron a Buenos Aires, hicieron todo lo que pudieron haber hecho. En términos prácticos, tampoco recuperan lo que perdieron, pero en términos simbólicos si se quiere es un logro muy importante el que tuvieron por fin”, destacó.

Manifestó que “en promedio estarían cobrando 30 mil pesos por once años de espera, por ejemplo, el que tenía 10 hijos sólo por el valor de lo que es la asignación hoy debería cobrar unos 26 mil pesos y eso es lo que debería actualizarse, para permitirles cobrar una suma que realmente represente ese daño”.

“Lamentablemente las fórmulas jurídicas son otras y bueno hoy cobran esto, igual nosotros vamos a seguir actualizando porque estos montos que hoy percibieron estaban actualizados a septiembre de 2017, es decir que, la ANSES tenía firmes los montos que debía pagar y fue dilatando casi dos años más hasta hacer efectivo el pago”, apuntó.

Y sostuvo que “el juez no se impuso tampoco“. “Fuimos presentando las últimas contestaciones que hicimos de los recursos que presentó la ANSES que eran claramente improcedentes, pedimos multas por temeridad y malicia, y el juez no se animó a aplicar lo que correspondía. Todo eso fuimos pasando durante estos once años, hasta que hoy tenemos esto que es un éxito porque es histórico para ellos, fue muy difícil acceder a la justicia, no conseguían abogados, no conseguían que entendieran lo que les pasaba y que se les pudiera solucionar“, expresó.

Para finalizar, señaló que “son 108 trabajadores por lo menos” los que deben cobrar estos reintegros. “Esta medida afectó a más de 5 mil trabajadores en todo el país siempre trabajadores golondrinas, cosechadores de distintas cosas, y esta cantidad fue la única que pudo acceder al juicio. Eso también es histórico y detrás de estos, hay más de 560 niños porque la medida de la ANSES no sólo afectó al trabajador, sino que afectó a los menores porque esas asignaciones eran para los niños“. concluyó.

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Tags: ANSESEldoradoMontecarloreclamoTareferos
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El corredor inmobiliario José Luis Saravia, radicado desde hace años en la ciudad brasileña de Bombinhas, en el estado de Santa Catarina, realizó un balance del movimiento turístico durante enero y trazó un panorama con expectativas moderadas para febrero, tras un inicio de temporada marcado por una fuerte merma en la llegada de visitantes.“Este verano, hasta ahora en particular, se mantiene una baja en el flujo de turistas de entre el 30 y el 40%. Enero cerró más o menos con esos porcentajes y la primera quincena fue incluso un poco más baja”, explicó Saravia, quien trabaja en el sector inmobiliario turístico de la zona.Según detalló, la segunda mitad del mes mostró una leve mejora, aunque insuficiente para alcanzar niveles de ocupación plena. “La segunda quincena mejoró un poquito, pero no llegó a completar el 100% de ocupación. Se mantenía todavía un 20 o 30% de oferta de propiedades para alquilar”, señaló.
Organizaciones oncológicas de todo el país lanzaron una petición nacional para impulsar la creación de un Plan Nacional de Control del Cáncer, con el objetivo de reducir desigualdades y garantizar un acceso equitativo a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad en Argentina.La iniciativa es promovida por una red de 160 organizaciones de la sociedad civil, que desde 2020 trabajan de manera articulada en temas vinculados al cáncer. Entre ellas se encuentra la Asociación Civil SOSTÉN, cuya presidenta, María Alejandra Iglesias, explicó que la propuesta surge de una construcción colectiva entre distintos sectores.“Las organizaciones de la sociedad civil conformamos una red que hoy reúne a 160 grupos de pacientes de todo el país. Ya realizamos nuestro segundo congreso nacional y de allí surgió una visión compartida: la necesidad urgente de contar con un plan nacional de control del cáncer”, señaló Iglesias.Según explicó, Argentina supo contar con un plan nacional cuando funcionaba el Instituto Nacional del Cáncer, pero esa política quedó trunca. “Necesitamos un plan federal, a largo plazo, que trascienda los cambios de gestión y sea una política rectora en temas de cáncer”, remarcó.
Leonela Yamila Dávalos, vecina del kilómetro 4 de Eldorado y estudiante de tercer año del Profesorado en Lengua y Literatura, atraviesa una delicada situación de salud y lanzó una campaña solidaria para poder continuar con un tratamiento médico impostergable. La joven convive desde pequeña con el síndrome de Alport, una enfermedad genética que derivó en insuficiencia renal crónica, problemas tiroideos y el desarrollo de un tumor en el paladar inferior.“Es una situación bastante complicada en este momento con la salud”, expresó Leonela al relatar su historia. Si bien la enfermedad es congénita, fue diagnosticada recién a los 14 años, cuando comenzó con diálisis peritoneal. “El síndrome dañó mis riñones y generó una insuficiencia renal crónica en estadio terminal”, explicó.Con el paso de los años, el cuadro se fue complejizando. En 2020, al iniciar hemodiálisis, le detectaron hipertiroidismo, lo que posteriormente provocó la aparición de un tumor. “El hipertiroidismo generó un tumor en el paladar inferior de la boca, que comenzó a crecer considerablemente”, contó. En 2022 fue sometida a una cirugía de tiroides con el objetivo de reducir el tamaño del tumor y avanzar hacia la posibilidad de un trasplante renal, que hoy ya es una realidad.Sin embargo, la intervención quirúrgica que necesita actualmente no está completamente cubierta. “El tumor sí o sí me lo tienen que sacar y el tratamiento posterior también, no es una opción, es algo urgente”, remarcó. Leonela explicó que el mayor obstáculo es el tratamiento odontológico posterior a la cirugía, que no está incluido en los programas de cobertura vigentes. “No es un tratamiento simple; estamos hablando de un tumor y además yo soy paciente trasplantada y tomo inmunosupresores”, detalló.
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