Los más afectados son los residentes en el interior de la provincia quienes en su mayoría eligieron carreras en algún terciario, cercano a sus pueblos, porque no pueden asistir (por razones económicas) a las universidades que están en las capitales.
El dinero de la beca, en general, se destina al pago de la cuota que, para el caso de carreras de Formación Docente, ascienden a unos dos mil pesos mensuales. Por la subvención, los chicos cobran entre 1.400 y 1.900 pesos, según la etapa de la carrera en la que se encuentran.
“En la mayoría de los casos ese dinero es para pagarse la carrera. Ni hablar que es en la gestión privada donde el estudiante encuentra la opción posible para continuar estudios superiores. Además hay que tener en cuenta la realidad socioeconómica de la mayoría de los alumnos del interior de la provincia, quienes provienen de familias de condición humilde y necesitan la beca”, fue la opinión de Myriam Graciela Meier, rectora del Instituto de Formación Docente Paulo Freire en Capioví, al referirse a la realidad de sus alumnos. Ella, al igual que algunos padres se mostraron perplejos al leer el reciente informe de PRIMERA EDICIÓN, en cuyas redes sociales dejaron su expreso rechazo.
Las críticas también estuvieron dirigidas a que se les quita la subvención porque, en teoría, se infiere que los estudiantes, que asisten a escuelas públicas de gestión privada, como lo son la mayoría de Misiones, “tendrían recursos suficientes como para no demandar la ayuda del Estado”.
“Siempre que se pueda apoyar, apostar a que las personas se preparen para el futuro, será la mejor decisión para el crecimiento y desarrollo de un país. La mejor inversión, por supuesto en contraprestación de evidencia de rendimiento académico”, fue el comentario de Meier recogido por este Diario.
Rosana Motta, ama de casa, quien tiene una hija en la Universidad Católica de Santa Fe, contó la gran importancia que tenía para ellos la posibilidad de acceder a la ayuda.
“Se gasta mucho más si la tenemos que enviar a vivir a otra provincia para que estudie la carrera que desea. En la nuestra no hay facultades públicas que brinden las ofertas que sí encontramos en las privadas”, explicó.
Para Rosana es “irónico” que el Gobierno nacional otorgue aumentos en otras asignaciones y se las “quite a quien quiere tener una profesión en la vida. Me parece una discriminación total”, cuestionó.
El año pasado, cuando su hija quiso gestionar el Progresar no pudo hacerlo por cuestiones de edad (está destinado a jóvenes de entre 18 y 24 años) y ella era menor aún. Ahora, cuando ya estaba habilitada en esa cuestión, se encontró con que su universidad no estaba en la lista de la ANSeS para cargar la solicitud.
“Con mi esposo haremos todo lo posible para que mi hija siga asistiendo a la facultad porque es la carrera que quiere seguir y como sea haremos lo posible por pagarla”, aseguró dolida.
“Todavía no se resolvió”
Desde el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM), Gustavo Lezcano, al frente del organismo de aplicación de las escuelas de gestión privada, también se mostró expectante sobre lo que pueda ocurrir a partir de las gestiones para que se vuelva a abrir el juego para los alumnos en la educación privada.
Sin embargo lamentó que “todavía no hayamos tenido ninguna respuesta de cómo avanza nuestra gestión, que es lo que podemos hacer. Lo demás ya escapa a nuestra esfera y es de injerencia de la Provincia y de la Nación”, dijo en un breve diálogo telefónico.
“Lo que nosotros estamos evaluando hacer de nuestra parte es la creación de una base de datos para tener información fehaciente de los alumnos, unificar toda la información de Misiones. Por lo pronto otras novedades concretas no tenemos”, aseguró.
“Queremos centralizar los datos de los alumnos que eran beneficiarios”, insistió.
