Las puertas de un hogar que hasta la semana pasada albergaba a adultos mayores en Posadas, permanecen cerradas desde ayer.
Se trata de un establecimiento que funcionaba como “Geriátrico Itatí”, pero de forma irregular, y que el año pasado había sido blanco de una auditoria de la dirección de Gerontología del Ministerio de Salud Pública y de la Defensoría del Pueblo.
El trabajo en aquel lugar se había realizado en el marco de la creación de un observatorio que contó con el acompañamiento de varias oficinas gubernamentales a fin de hacer un estudio de la situación de los asilos de ancianos en Misiones.
Sobre la tarea realizada en ese hogar en particular, se inició a partir de la denuncia que involucraba al mismo beneficiario, quien es afiliado de IPS, y que se presume que ahora fue victima de una supuesta estafa por la utilización indebida de su DNI y tarjetas de débito y crédito, situación que fue denunciada por su familia y que se investiga en el Juzgado 3 de Familia.
El hombre tiene parkinson en estado avanzado y es dependiente total de terceros. Su ex pareja había denunciado que se encontraba en mal estado y por eso había intervenido la dirección a cargo de Mirta Soria y la defensoría a cargo de Alberto Penayo. Ambos se mostraron sorprendidos por los sucesos recientes.
No obstante, Soría evitó analizar si corresponde cierre al geriátrico al señalar que su oficina presentó la documentación requerida por el juez y que su clausura ya depende de la Justicia.
“Esta situación, de geriátricos y hogares de ancianos que están funcionando en forma irregular, se repite bastante a menudo. En nuestras oficinas asesoramos a quienes buscan la habilitación de sus hogares, pero no los habilitamos y por lo tanto tampoco los clausuramos”, aseguró la mujer.
“Irregular”
Sobre el caso de éste paciente, en cuyo caso está interviniendo el Estado ya fue trasladado por sus familiares a un asilo situado en avenida Mitre, y que según Soria, sí cuenta con habilitación como tal.
“A través de nuestro trabajo pudimos ver que el 80% de éstos lugares no están funcionando con la habilitación. El que está en la mira, inclusive, no tenía ningún expediente para avanzar en ese sentido”, fue la descripción del defensor del pueblo tras la consulta de PRIMERA EDICIÓN.
