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Polémica por el radar de la ruta 103 en Santa Ana

15 enero, 2019

Un video que se viralizó en las últimas horas a través de las redes sociales reflotó los cuestionamientos sobre la legalidad del radar que funciona desde hace aproximadamente un mes sobre la ruta provincial 103, en jurisdicción de Santa Ana y a pocos metros del camino de acceso al Parque Temático de la Cruz de Santa Ana.

En la pieza audiovisual, el diputado provincial opositor asegura que el cinemómetro “no está homologado, ni señalizado, ni se conoce la velocidad por la cual se debe transitar” por la zona, además de estar mal ubicado y por lo tanto “puede causar siniestros viales”, por lo que deslizó los que considera fines meramente “recaudatorios” de su instalación.

Rápidamente, el responsable del Consejo Provincial de Seguridad Vial de la Provincia, Juan Carlos Cuenca, salió a responder que el radar cuestionado “está autorizado y homologado por la Agencia Nacional” de Seguridad Vial (ANSV), al igual que el resto de cinemómetros fijos y móviles que operan en Misiones.

El problema es que en el listado oficial emitido por la ANSV en diciembre (y que desde el organismo nacional confirmaron que no se modificó desde entonces) no figura ningún radar autorizado sobre la ruta 103, como sí lo hacen los de las rutas nacionales 12, 14 y 105.

“De no estar el equipamiento individualizado en la nómina, el mismo no se encuentra amparado por esta entidad”, advirtió la ANSV a partir de una consulta de este Diario.

Lo que sucede en este caso puntual es que el aparato que se está usando en Santa Ana sería uno de los radares móviles homologados por la agencia nacional y que tienen “liberada” su área de acción, a criterio de las autoridades competentes en Misiones.

“Las provincias y municipios mantienen potestad para regular respecto a esta materia sobre los corredores provinciales y municipales”, advierten al respecto desde la ANSV.

Dos fijos, trece móviles

La nómina de radares homologados y autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial en Misiones contempla dos fijos en Garupá, en sentido ascendente de la ruta 12, y otros trece aparatos móviles.

Dos de ellos están habilitados para funcionar también en Garupá, uno entre los kilómetros 1.345 y 1.350 de la ruta 12 y el otro entre los kilómetros 1 y 8 de la ruta 105.

Además, se autoriza el uso de cinemómetros móviles en Colonia Victoria y El Alcázar (sobre la ruta 12) y Campo Grande (ruta 14), mientras que otros cinco aparatos móviles no tienen franja de uso definida.

Varios de ellos, por ejemplo, son los que sirvieron para los operativos durante los últimos meses de 2018 para controlar las velocidades en inmediaciones del Parque Nacional Iguazú, con el objetivo de frenar el atropello de fauna autóctona en peligro.

Tags: PolémicaRadaresRuta 103Santa AnaTránsito
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#fauna #misiones #ohana
En un contexto de creciente éxodo laboral desde Misiones hacia Brasil, motivado por la necesidad económica y la temporada de cosechas, autoridades provinciales advirtieron sobre los riesgos de estafas, explotación laboral y situaciones de trata de personas. Desde la Vicegobernación de Misiones, la Coordinación de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas puso el foco en la información y la prevención como herramientas clave.

La licenciada Yanina Boschmann, coordinadora del área, explicó que este fenómeno “no es nuevo, se repite todos los veranos cuando coincide la cosecha en Brasil con la interzafra en Misiones”, aunque remarcó que “la situación económica actual aumenta la vulnerabilidad y hace que más personas decidan irse a trabajar al otro lado de la frontera”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez lanzó duras críticas a dos de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional en las últimas horas: la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial y el proyecto de Ley Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. En ambos casos, advirtió sobre posibles vulneraciones a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales de derechos humanos.

En diálogo con El Aire de las Misiones  Gil Domínguez sostuvo que la nueva oficina anunciada por el Ejecutivo constituye “un claro intento de ejercer censura indirecta”, una práctica prohibida tanto por la Constitución como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. “La censura indirecta es la más compleja, porque no opera mediante prohibiciones explícitas, sino a través de prácticas estatales que generan un temor fundado a expresarse y producen un efecto disuasivo sobre la libertad de expresión”, explicó.
La Fundación Ohana expresó una profunda preocupación por los reiterados hechos de crueldad contra la fauna silvestre nativa, vinculados a la captura, tenencia y utilización de animales con fines de mascotismo y comercio ilegal. Así lo manifestó su presidente, Fernando Piesco, en diálogo telefónico, donde alertó sobre el impacto ambiental, social y ético de estas prácticas que se repiten en la provincia de Misiones.

“Es un tema lamentablemente recurrente y por eso agradecemos la visibilización, porque solo así se pueden tomar medidas que tiendan a una solución definitiva”, señaló Piesco, quien además es referente en conservación de fauna silvestre.

El dirigente hizo referencia a un video difundido recientemente por la fundación en el que se observa a un coatí muerto y a su cachorro intentando escapar. “Es una escena muy cotidiana, sobre todo en algunas comunidades, donde se han ido perdiendo prácticas ancestrales de cuidado y respeto por la naturaleza para dar lugar al uso de la fauna para mascotismo o comercio, algo que culturalmente no existía”, explicó.

Según Piesco, estas prácticas generan un grave daño no solo a los animales individuales, sino también a la biodiversidad en general. “En época de pichones de loros sacan a las crías para venderlas; en la de coatíes o monos, matan a las familias para quedarse con los cachorros. Esto provoca situaciones de maltrato y crueldad que afectan seriamente a las poblaciones silvestres”, advirtió.
La firma del acuerdo de comercio e inversión entre Argentina y Estados Unidos, celebrada por el Gobierno nacional como un paso clave para incrementar exportaciones en más de 200 productos, abrió un debate inmediato en distintos sectores de la economía. Desde el comercio y la producción, surgen dudas sobre la capacidad del país para sostener mayores ventas externas sin afectar el abastecimiento interno, especialmente en el rubro cárnico.

Nelson Lukowski, comerciante de la ciudad de Posadas, planteó reparos sobre el contexto productivo actual y advirtió que “antes que nada tenemos que ver si realmente la Argentina está en condiciones de abastecer con todos esos productos que se anuncian”.

En ese sentido, fue especialmente crítico sobre la situación de la ganadería. “Argentina viene de décadas de destrucción de lo que es la cría de ganado. Hoy países vecinos como Uruguay y Paraguay son los principales exportadores hacia Estados Unidos, Europa y China, mientras nosotros nos ocupamos durante años de destruir nuestra producción”, sostuvo.
La reciente creación de la denominada “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del Gobierno nacional abrió un fuerte debate político y mediático en torno a la libertad de expresión, el rol del Estado frente a la información y la relación con la prensa. El anuncio, realizado a través de redes sociales, generó reacciones inmediatas de periodistas, organizaciones del sector y analistas políticos.

En diálogo con Primera Plana , Facundo Londero, analista político de la consultora Zuban Córdoba, sostuvo que se trata de una iniciativa que todavía presenta muchas incógnitas. “Se lanzó hace apenas unas horas vía Twitter esta nueva cuenta y esta oficina que va a servir, en principio, para desmentir operaciones mediáticas. Todavía no sabemos bien cuál es su lugar en el organigrama oficial ni cómo va a funcionar en términos formales”, explicó.

Según Londero, la propuesta recuerda a experiencias impulsadas en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Es muy similar a lo que funciona allá, una oficina pensada para desmentir, pero también para confrontar directamente con ciertos medios cuando hay publicaciones que el gobierno considera erróneas o tergiversadas. Javier Milei replica muchas de esas modalidades comunicacionales”, analizó.
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