Diversas organizaciones agrarias, ambientales, políticas, civiles y profesionales difundieron un comunicado a través del cual repudiaron la decisión del Gobierno nacional de impulsar la plantación de maíz transgénico en Misiones.
Al mismo tiempo exigieron a los gobernantes provinciales defender las semillas nativas y criollas, la biodiversidad, y a la “agroecología como propuesta de modelo productivo para luchar por la soberanía alimentaria y por la salud de todos”.
En el documento titulado “NO a las semillas transgénicas en la Capital Nacional de la Biodiversidad” especificaron que la Secretaría de Agroindustria de la Nación y la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar) prevén producir en 7 localidades de Misiones y otras de Corrientes, más de un millón de toneladas de maíz modificado genéticamente para exportar a Brasil, lo que en la práctica representa, según advirtieron, la eliminación de la variedad de semillas criollas y de la soberanía alimentaria, daño directo a la economía del agricultor al crear dependencia, empobrecimiento de los suelos, eliminación de selva y contaminación por uso de agrotóxicos.
Así las organizaciones hicieron notar la incompatibilidad entre leyes vigentes y el proyecto de sembrar transgénicos en esta provincia: “La Ley 27494 de la Nación, promulgada el 5 de diciembre del 2018, que declara a Misiones como Capital Nacional de la Biodiversidad, ha sido herida de muerte ante la confirmación y avance del Proyecto de cultivos de maíz transgénico sin previa participación de la ciudadanía y sin tener en cuenta la ley provincial de Fomento a la Producción Agroecológica (Ley VIII-N°68 – promulgada 16/10/2014) y tampoco la Ley provincial de prohibición del glifosato (Ley XVI- N°124 – sancionada el 18/10/2018)”.
“Las semillas transgénicas son parte de un modelo productivo que ataca directamente la biodiversidad, y dado que las mismas se utilizan bajo paquetes tecnológicos basados en plaguicidas de diverso tipo, destruye y envenena el suelo, el agua, el aire y como consecuencia pone en riesgo la salud de las personas, animales y plantas”, remarcaron.
En relación a esto manifestaron que “el maíz transgénico viene a destruir el modelo de producción con enfoque en la agroecología, ya que ambos modelos son incompatibles. La coexistencia entre los maíces de variedad y el maíz transgénico no es posible ya que este último los contamina”, y subrayaron que “el glifosato (uno de los venenos usados en este tipo de producción) está clasificado como probable cancerígeno por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer dependiente de la Organización Mundial de la Salud”, por lo que “no quedan dudas del gran impacto que trae en el deterioro de la salud y la calidad de vida, con el gran aumento de cáncer, linfomas, hipotiroidismo, abortos espontáneos y malformaciones, constatadas en varias investigaciones realizadas en las regiones o provincias en donde se utilizan estos venenos para los monocultivos”. De esta manera, “se impide el derecho a que la población tenga una alimentación sana, segura y soberana”, según ampliaron las organizaciones.
El uso de semillas genéticamente modificadas “atenta contra el derecho de los agricultores a resembrar su propia semilla, los esclaviza y los desplaza del mercado y luego de sus tierras; por ser un producto de ingeniería, las semillas son patentadas, por lo que guardar una parte de la propia cosecha para la próxima estación de siembra se convierte en ilegal”, indicaron.
La propuesta que trae el Gobierno de la Nación “viene a agravar más el deterioro ambiental de la región, ya que requerirá del desmonte de miles de hectáreas de selva Paranaense”, advirtieron. El ecosistema de Misiones es uno de los que alberga la mayor biodiversidad del país. “Promover desde el Estado la siembra masiva de maíces, sumada a la incorporación del paquete tecnológico de alto uso de agrotóxicos, es promover la destrucción de la base misma de sustentación de la producción. Basta ver los desastres ambientales, económicos y sociales en los vecinos países por un modelo productivo no acorde a su ecosistema”, expresaron.
Frente a este escenario, instaron “a los gobiernos provinciales, municipales, y Concejos Deliberantes” a brindar “apoyo financiero para impulsar la producción, enriquecimiento e intercambio de semillas locales”, recordando el trabajo que por más de 20 años realizó primero el Programa Social Agropecuario y luego la Secretaria de Agricultura Familiar, y observando que “permitir la implantación de maíz transgénico implica dependencia total de las grandes corporaciones que comercializan esta semilla”. “Las semillas son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad y deben seguir estando en manos de los agricultores, no de las grandes corporaciones”, concluyeron.
Las organizaciones sociales que adhirieron al reclamo fueron la Red de Agroecología de Misiones, la Red de Agricultura Orgánica de Misiones (RAOM), Frente Ciudadano Ambiental Kaãpuera, Grupo Ecologista Cuña Pirú, Movimiento Evita, Cooperativa Río Paraná Limitada, Movimiento Agrario de Misiones, Partido Agrario y Social de Misiones, Comunidad Ysiry, Asociación Civil Casa de la Familia Yerbatera de San Pedro, Movimiento Nacional Campesino Indígena Misiones, Corriente Clasista y Combativa Misiones, la Iglesia Evangélica Luterana Unida de Misiones, Productores Independientes Piray, Cooperativa de Trabajo Parajes Unidos Puerto Libertad, Organización de Productores Unidos de Santiago de Liniers, SERPAJ Misiones, Patria Grande – Misiones, Casa de las semillas – Misiones, CTA Autónoma de Misiones, Movimiento Nacional de salud LAICRIMPO, Movimiento Mundial para la salud de los pueblos LA (MSPLA), MAELA (Movimiento Agroecologico de America Latina), junto a la bióloga Paula Bertolini, los médicos Mariana Mampeay y Juan Yahdjian, y el ingeniero Javier Souza Casadinho, entre otros participantes.
