Empezando por la Justicia que es la que ordena las medidas a las fuerzas de seguridad. Su expareja, Miguel Feldick, había sido condenado a prisión luego que intentó matarla.
El estado psicológico del hombre no era el mejor, al punto que le rechazaron un pedido de libertad condicional en la UP de Oberá.
Pero la pena se cumplió y quedó en libertad. La cárcel no fue un ámbito de reinserción social y de cambio. Ayer se vio la cruda muestra de ello. Evidentemente, no se tomaron los recaudos necesarios para proteger a Cecilia.
No tenía botón antipánico, no se conoce que haya existido restricción de acercamiento. Ni hubo medidas especiales en los primeros días de liberación de Feldick para evitar la tragedia que se desencadenó en el centro de la ciudad.
¿Qué protocolo falló entre los organismos para permitir que el femicida llegue a concretar su cometido? ¿No fue suficiente muestra el antecedente que lo llevó a prisión para darse cuenta del objetivo que tenía?
Por más respuestas que se den, la vida de Cecilia no se recuperará. Como tampoco el dolor de las tres niñas que quedaron sin madre, de los padres de la mujer asesinada, del hermano, de los amigos y personas que ayudaron a Krujowski a seguir adelante, tras el primer intento salvaje de asesinato.
Hoy, en cualquier lugar de la provincia, puede haber más “Cecilia”, cuyas parejas están esperando un momento para cometer un femicidio.
Que la muerte de esta vecina de Aristóbulo del Valle sirva, al menos, para repensar la estrategia que se aplica con el fin de salvaguardar a las personas violentadas, amenazadas, con riesgo de vida.
Son los jueces los que pueden ordenar a las fuerzas de seguridad las medidas preventivas. Después, queda el debate abierto sobre la reinserción social de los violentos tras salir de la cárcel y purgar su condena.
