“Creo que legislar en este sentido es una manera de visibilizar el problema, de no naturalizar conductas cotidianas que resultan inadmisibles. Es necesario reconocerlas, educar y sancionarlas para proteger la dignidad y la libertad de las mujeres”, aseguró a Télam la senadora Miriam Boyadjian, que preside la comisión de Población y Desarrollo Humano.
Los senadores abordaron hoy el proyecto que tiene media sanción en Diputados, que apunta a incorporar el acoso callejero al artículo 6º de la ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
De este modo, se busca penar las ofensas contra las mujeres que tengan lugar “en espacios públicos o de acceso público, transportes y centros comerciales” que impliquen conductas o expresiones “verbales o no verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia” que generen un ambiente hostil.
La norma implementa también una línea telefónica gratuita y accesible en forma articulada con las provincias a través de organismos gubernamentales destinada a dar contención, información y brindar asesoramiento.
La información recabada por las denuncias efectuadas a esta línea deberá ser recopilada y sistematizada por el Instituto Nacional de las Mujeres a fin de elaborar estadísticas.
“Educar en valores de respeto hacia las mujeres es esencial. La sociedad tiene que tomar conciencia que hay gestos, insinuaciones que resultan ofensivos y humillantes. De ninguna manera se pueden aceptar porque generan un ambiente hostil y denigran a la mujeres”, afirmó Boyadjian.
En 2015, la Ciudad de Buenos Aires sancionó la Ley N° 5.306, convirtiéndose en la primera jurisdicción de la Argentina en sancionar una ley sobre acoso callejero, y en 2016 se incorporó el acoso sexual en espacios públicos y privados de acceso públicos al Código Contravencional.
“Simbólicamente ha ayudado mucho para que la ciudad y el Poder Judicial empiece a tener perspectiva de género, son conductas que están tan naturalizadas en la sociedad, que eran difíciles de ver como contravenciones, menos como delito”, explicó a Télam la fiscal Genoveva Cardinali, a cargo de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de la Unidad Fiscal Este.
“Si bien son casos que en algunas circunstancias pueden ser de dificultad probatoria, se está avanzando mucho en la investigación de estos casos que realmente lo merecen, que son importantes y es fundamental que se visibilice lo dañino que es para las mujeres y la comunidad LGTBI este tipo de conductas”, concluyó.
Fuente: Télam
