Un relevamiento realizado por la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia deja al desnudo la falencia del sistema para garantizar la adopción de los niños que viven en hogares convivenciales.
En la actualidad, el 82% de esos niños, niñas y adolescentes están hace más de un año alojados en estas instituciones, es decir que ocho de cada diez chicos ya superaron el plazo máximo establecido por las leyes para la resolución de su situación. La realidad duele: el 23% de los niños ya pasaron gran parte de su infancia sin familia pues hace más de seis años que están institucionalizados.
Detrás de estos números hay niños creciendo sin modelos familiares ni experiencias que los ayudarían a formar sus propias familias cuando sean adultos. Historias de soledad que no pueden aceptarse cuando hay numerosas familias inscriptas para adoptar que esperan por una oportunidad hace muchos años.
Mal pero mejor
Hoy sabemos que hay 267 niños, niñas y adolescentes viviendo en instituciones residenciales de acogimiento alternativo en Misiones. Sabemos sus edades, su estado de salud y hace cuanto que están separados de sus familias biológicas. Esto gracias a que, desde su puesta en funcionamiento, en 2012, la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia inició un proceso de revisión y monitoreo respecto la situación de los niños, niñas y adolescentes alojados en hogares convivenciales.
Hace dos años, por Resolución 124/2016, se resolvió realizar un relevamiento sobre cada expediente de niños, niñas y adolescentes institucionalizados y avanzar en medidas para la desinstitucionalización de los mismos. Y la Defensoría requirió al Superior Tribunal de Justicia a que instara a los distintos juzgados a dar prioridad y agilizar los procesos en los que se encuentren niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales.
PRIMERA EDICIÓN accedió al informe de la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que muestra un importante avance en la desinstitucionalización en los últimos años: según datos de la SENAF y UNICEF, en 2014 había 498 niños y niñas, en instituciones. Ahora, cuatro años después, hay 267 niños, niñas y adolescentes en 21 instituciones, un notable descenso, 231 niños y niñas menos.
Desinstitucionalizados
“Las acciones de desinstitucionalización están dando resultados. La activación de situaciones de niños ‘olvidados’ en los hogares, permitió encontrar salidas, restituyendo el derecho a vivir en familia a través de la integración a sus contextos de origen, familias ampliadas – extensas o referentes afectivos comunitarios, e incluso la adopción o la articulación de acciones entre Defensoría y el Superior Tribunal de Justicia, para la revisión de los expedientes y la situación jurídica de los Niños, Niñas y Adolescentes plasmada en la Resolución 124 del año 2016, creó el marco para la revisión y la elaboración de los planes de trabajo”, señala el citado informe.
“Con estos datos prometedores, reafirmamos que es posible en Misiones abordar esta compleja realidad, y trabajar con buenos resultados ante la vulneración del derecho a la vida familiar y comunitaria. Privación que aún padecen en la provincia 267 niños, niñas, adolescentes, y jóvenes que en promedio, han estado ya 4 años de sus vidas en esta situación”, se advierte en el documento.
Crecer sin familia no sólo vulnera los derechos de los niños, los marca para toda la vida. Los expertos, llaman la atención sobre la extrema importancia que tiene el goce del derecho a la familia, y las serias consecuencias que trae su privación. Todos los niños necesitan de un entorno familiar, en el que aprender cuestiones básicas, como son los hábitos de convivencia, hasta cuestiones complejas, adversidades personales y familiares, como afrontarlas y como resolverlas.
Aprenden a vivir en familia para luego, adultos, formar la propia. Sus cuidadores, padres, tíos, abuelos, vecinos, los conocen muy profundamente y acompañan el desarrollo de modo cercano y acorde a cómo son.
Sin red de apoyo familiar
La directora de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF) y colaboradora asociada a la Defensoría, Matilde Luna, analiza con crudeza la situación con la que deben lidiar los niños y adolescentes institucionalizados.
“Los niños, niñas y adolescentes que son separados de sus familias, ya han pasado por situaciones muy difíciles, y a esa vida dura que les ha tocado vivir, luego se suma el trauma de la separación. Entre otras consecuencias los sentimientos de abandono, fragilidad, inseguridad, soledad, temores, se acrecientan con el manejo inapropiado de la separación e inclusión en ámbitos no familiares. Muchas veces lugares masivos, en los que no se los conoce personalizadamente, se los aísla del entorno, y pierden paulatinamente sus redes sociales y vínculos afectivos. Estos son los que satisfacen al niño, junto con un cuidado aceptable. No es la satisfacción de los bienes materiales solamente la que dará una base segura a su desarrollo. Las niñas, niños y adolescentes que entraron a las instituciones, salieron de ella generalmente sin una red de apoyo; no cuentan con personas que les ayuden a avanzar en la vida. Aún en entornos de pobreza material los niños y niñas sí tienen ese “capital social”: un entorno conocido, que los sostiene en cualquier momento, y en el que pedir ayuda si la necesitan”, analizó.
La especialista advirtió además que, si bien para todos los niños y niñas, en todas las edades, contar con el apoyo de una familia es fundamental, para los más pequeños es vital. “Debemos resaltar sobre el grave hecho que, de los 267 niños y niñas en las instituciones de Misiones, 51 se encuentran en la primera infancia, son menores de 5 años. Entre ellos, 16 son bebés, de menos de 24 meses, y 35 cuentan entre 2 y 5 años”, detalló Luna.
Dio cuenta además de los numerosos estudios psicológicos y de la pediatría que corroboran el impacto negativo en el desarrollo de los niños pequeños del entorno institucional. A estos, recientemente se suman los de las neurociencias, que proporcionan una mejor comprensión de los efectos del estrés tóxico en la estructura del funcionamiento neuronal. “Vivir en un entorno no familiar, es una situación de alto estrés para un bebé. En esa etapa, es en la que se estructura el sistema nervioso, que le permitirá tener luego una base con la que estructurar su lenguaje, su sistema motriz, comunicarse. Se estima que por cada año que un niño o niña menor de tres años permanece en una institución, pierde 4 meses de su desarrollo. Es por ello que si bien, como quedó dicho, en todas las fases de la niñez y la adolescencia debemos trabajar para garantizar el cuidado en familia, en esta etapa es prioritario. Es así como los países están avanzando en poner límites a la internación de bebés, y ya hay legislaciones que la limitan, también en nuestro país. Las legislaciones provinciales de San Luis y Corrientes, contienen esta prescripción”, remarcó.
Un plazo de 180 días
Seis meses (180 días) es el tiempo máximo que puede estar un niño en un hogar convivencial hasta ser declarado su estado de adoptabilidad.
Al respecto, el coordinador del área Jurídica de la Defensoría, Marcelo Sussini, recordó que “luego de la puesta en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, se unificaron los plazos de duración de las medidas de excepcionales de protección (administrativas y judiciales), estableciendo un término de 180 días para buscar estrategias a fin de revincular al niño, niña o adolescente con su familia de origen -siempre y cuando se hayan superado los motivos que originaron la separación-, o bien haber localizado a la familia ampliada o extensa vinculándoselos con estos. Sin embargo, si no se logra estas opciones, el organismo que dispuso la medida, debe dictaminar respecto el estado de Adoptabilidad, y el juez interviniente tiene 90 días más para resolver tal situación, para después convocar a familias inscriptas en el Registro de Aspirantes a la Adopción”.
Registro Único
En marzo de este año, tras la puesta en marcha del Registro Único de Niños, Niñas y Adolescentes Institucionalizados (RUNNAI), la Subsecretaría remitió al Superior Tribunal de Justicia un informe sobre la situación de los niños institucionalizados por más de dos años y pidió que se garantice su seguridad jurídica disponiendo medidas para la revinculación con la familia de origen o vinculación con la familia ampliada, extensa o con referentes afectivos comunitarios; y en el extremo de los casos, de no ser posible, se decrete el estado de adoptabilidad y se convoquen a familias aspirantes a la adopción.
Esto generó una acordada del STJ a los distintos juzgados intervinientes para que agilizaran los procesos. Todo esto surge de poder contar con la información, “ahora mediante el sistema informático del RUNNAI, sabemos en tiempo real cuantas niñas, niños y adolescentes están en los Hogares, sus datos, si están escolarizados, su estado de salud y cuáles son las medidas dispuestas y quiénes las determinaron”, resaltó el defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Miguel Molina. Anticipó además que gracias a este registro “podemos establecer políticas públicas para garantizar los derechos de los niños”.
