Con el argumento de la quita de subsidios nacionales al transporte de pasajeros, el Grupo Z lanzó una campaña en sus colectivos con leyendas que advierten la llegada de un “boletazo” a $40 desde enero próximo. La campaña empresaria sorprendió pero, a la vez, indignó a los miles de pasajeros que vienen de soportar un tercer incremento en los precios en lo que va de 2018.
La “cruzada” por el boleto a $40 bajo la figura de la EUTA (Empresarios Unidos del Transporte Automotor) coincidió con una reunión en el Concejo Deliberante capitalino (en la Comisión Deliberativa de Transporte y Tránsito) donde el Grupo Z fue convocado para acordar medidas que permitan garantizar una prestación mínima en días de paro de colectivos.
Guillermo Leuman, presidente de EUTA, y Ricardo Navas, gerente de Bencivenga, adujeron que el incumplimiento normativo en el reciente conflicto nocturno, es porque se respetó el derecho constitucional de huelga.
Según explicó el primero de ellos a los concejales y al director municipal de Tránsito y Transporte, Iván Lambert, esa fue la respuesta de negativa que recibieron del sector gremial (la UTA Misiones) cuando le plantearon la necesidad de cumplir con esa previsión expuesta de la ordenanza XVI-5. Pretexto que, a su vez, dijo el funcionario municipal haber recibido al reclamar a las concesionarias el servicio mínimo.
Durante algo más de una hora estuvieron deliberando los miembros de la Comisión que preside el concejal Miguel Ángel Acuña (TyP), junto al defensor del Pueblo, Alberto Penayo sin poder llegar a una resolución.
Es que la iniciativa quedó extemporánea en razón de la superación momentánea del conflicto laboral, tras el paréntesis acordado entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP). Aunque resta el análisis de otra propuesta, de ordenanza, para modificar la norma vigente y brindarle a la Jefatura comunal las herramientas necesarias para que exija ese servicio mínimo.
El cumplimiento de las pautas salariales acordadas, que pasaron de un 15% en el convenio original al 25% más recientemente, y las dificultades de las empresas para asumirlos, fue la justificación aducida para el reciente reclamo.
La exclusión del Ministerio de Transporte en esa negociación agravó esa situación, ya que éste contribuía para compensar los aumentos salariales, algo que ahora no ocurre con la sola participación de la cartera laboral nacional, explicaron los representantes empresarios.
Los salarios representan el 40% del costo operativo y alcanzaría el 60% si las empresas tuviesen que pagar el combustible al costo en estación de servicio, redondeó Navas. “El resto quedaría para seguros y otros”, añadió.
Leuman, por su parte, insistió en la necesidad de conservar los subsidios nacionales para el interior del país y señaló que el Gobierno nacional incumplió su promesa de darle mayor equidad al precio del transporte público entre lo que paga el interior y el área metropolitana porteña, ya que esas diferencias se han profundizado.
El edil Martín Arjol (Cambiemos) defendió esa política nacional y deslizó la posibilidad de que los subsidios se mantengan aunque brindándoselos a los usuarios y no a las empresas como ahora. Navas aprovechó para oponerse indirectamente al posible arribo del SUBE nacional a la provincia: para aplicar ese régimen de subsidios se necesita una tarjeta personalizada que identifique al usuario, como la SUBE misionera, señaló. A su vez, ambos reclamaron un mayor control.
Con el boleto estudiantil gratuito (BEG) -ejemplificó Leuman- el Día del Empleado Público provincial se pagaron 700 pasajes menos que en cualquier jornada común. Pero, a la vez, admitió la limitación para cualquier aumento tarifario, ya que al no poder pagar el usuario, “podrían aparecer servicios alternativos que nos perjudicarán peor aún”, señaló.
Toque de andén
La Comisión de Transporte y Tránsito del Concejo Deliberante posadeño dictaminó ayer rechazar cualquier reducción en el canon que en concepto de toque de andén pagan las empresas del transporte de pasajeros de media y larga distancia en la terminal de ómnibus local.
Confirmaron también que el “poder concedente” municipal en ese servicio, “de acuerdo a la ordenanza XI-21 concierne al Departamento Ejecutivo Municipal” sobre su ejecución.
En relación a esto, el secretario de Gobierno municipal, Fabián Florentín comentó en diálogo con PRIMERA EDICIÓN: “De esta forma los concejales ratifican los términos del contrato” estipulado con las empresas. “Y facultan al Ejecutivo a implementar el derecho de embarque”, agregó.
“El toque de andén se mantendría en 25%, por eso se calcula que el derecho de embarque sería del 1%. De esta forma las empresas recuperarían lo que pagan por toque de andén”, señaló. La tasa de embarque será abonada por los pasajeros. Por ejemplo, por cada pasaje que cuesta 100 pesos, se abonará un peso más por derecho de embarque.
Según informaron desde el Ejecutivo, en primer lugar el proyecto de resolución deberá ser confirmado por el Concejo para que el municipio pueda “comenzar a trabajar con las empresas para aplicar la tasa”.
“Desde el Ejecutivo adelantamos que, si el derecho de embarque se decidía en el 1%, acompañaríamos la medida”, cerró Florentín.
