La suba del desempleo (se ubicó en el 9,6% en el segundo trimestre de este año quedando como la más alta de los últimos 12 años) es, apenas, un signo de las consecuencias de las malas políticas económicas implementadas en nuestro país por quienes nos gobernaron hasta ahora, que se profundizaron en los últimos años por quienes se autodenominaron “el mejor equipo de los últimos 50 años”.
Junto con la inflación descontrolada, que impacta en la pobreza y la indigencia al profundizar la reducida capacidad adquisitiva de los ingresos, conforman los efectos negativos que impactan sobre la mayoría de los argentinos. Sobre los que no tienen acciones, ni ahorros en dólares o pesos para la compra de moneda extrajera.
Esos argentinos son los que demandan -más que los mercados que le marcan la agenda al Gobierno- un cambio de rumbo que alivie el agobio de estos meses. Un abatimiento social que puede perdurar hasta el final de mandato de Cambiemos.
El jueves, el INDEC dará oficialmente la estadística sobre pobreza e indigencia en el primer trimestre de este año. El Observatorio de la Deuda Social de la UCA advirtió días pasados que el 2018 terminará con el peor empobrecimiento de los argentinos desde 2015. Según la universidad privada, será por efecto de un incremento de la pobreza del segundo y tercer trimestre.
De ser así, el índice que dará el Gobierno no será el peor de todos y la “foto socioeconómica” del inicio del año no reflejará la cruda realidad actual.
Otro dato que apareció esta semana, precisamente, fue la brusca caída de la actividad económica que tuvo el segundo trimestre de 2018 en comparación con el mismo período del año pasado: fue del 4,2%. El propio INDEC admitió que es la mayor baja desde el tercer trimestre del 2014.
Hasta acá, la economía del país nos va mostrando un enorme retroceso.
Por ello, fue bien recibido el bono extraordinario para los empleados de los tres Poderes de Misiones de $4.000 en tres cuotas para paliar (en parte) la dura crisis económica. Un bono que trajo algo de alivio a miles de estatales de la provincia (jubilados y pensionados incluidos) pero, a su vez, un poco de preocupación entre algunos intendentes que no saben cómo harán para acompañar esa medida y no quedar señalados por no hacerlo.
Presupuesto o boceto
La “ley de leyes” se ha desvirtuado en los últimos Gobiernos. Primero porque los “superpoderes” que otorga el Congreso permitieron que los cálculos y destinos de los recursos se modificaran de un plumazo.
Ahora, porque se vuelcan previsiones que el tiempo se encarga de desmentir en el corto plazo. Vale la pena ver tres datos del Presupuesto 2018 aprobado el año pasado y que se ejecuta en estos meses:
• Se proyectó un crecimiento del 3,5% del PBI (mayor al 3% estimado en 2017). Hay estudios que estiman caídas del 1 y 1,5% como el último difundido por el Citi que se expuso en esta columna el domingo pasado.
• La inflación promedio proyectada fue 15,7% mientras que la meta del Banco Central de la República Argentina se ubicó entre el 8 y el 12% anual. En agosto la inflación fue del 3,9% y el acumulado de los últimos 12 meses fue del 34,4%. De enero a agosto suma el 24,3%. La proyección indica que terminará el 2018 con 45 al 50% de inflación.
• El valor del dólar promedio se estimó en $19,30. Ya en diciembre de 2017 la moneda norteamericana cotizaba a $18. El viernes pasado cerró en $38,97 en el promedio que difunde el BCRA.
Expuestas las profundas diferencias entre el deber ser y lo que fue, en el presupuesto se juegan además los acuerdos entre Nación y los gobernadores. Especialmente en cuanto a los fondos que la Nación manoteó meses atrás y que las provincias no están dispuestas a ceder el año que viene. Además de los millonarios subsidios (transporte, tarifa social, entre otros).
Respecto al Fondo Federal Solidario (o Fondo Sojero), el presidente Macri decidió compensarlo por decreto para los últimos cuatros meses. Casualmente ocurrió un día antes de la sesión especial convocada en Diputados, a pedido de la oposición, para dejar sin efecto el decretazo que eliminó el FFS.
Los 76 intendentes misioneros se harán de 71 millones en cuatro cuotas mensuales mientras que la Provincia recibirá otros 68 millones de pesos hasta diciembre.
El desafío es lograr un compromiso por escrito del oficialismo respecto a esos fondos (actualizados) para el año que viene. Como muestra de buena voluntad en ese sinuoso camino, el gobernador Hugo Passalacqua firmó con el ministro del Interior Rogelio Frigerio, el nuevo Consenso Fiscal en Buenos Aires y anticipó el voto al presupuesto mucho antes “como señal de gobernabilidad desde la provincia hacia la Nación”, buscando “reciprocidad” en el gesto.
“La compensación lograda por Misiones, buscará la manera de asumir y distribuir esos fondos, llevando alivio a los intendentes pero sin dejar de lado la extrema preocupación que tiene la provincia por los cortes en los subsidios a la energía eléctrica, al transporte público y las retenciones al agro que golpean de manera lapidaria en el bolsillo de la gente”, aseguraron en la renovación misionera.
La idea del Gobierno nacional, de que los usuarios paguen el 100% del costo del servicio, cuyas tarifas se miden en dólares (la luz y la nafta, por ejemplo), con salarios pesificados, parece un propósito imposible de alcanzar. Está causando graves traumas en la economía de la gente. Así lo expuso el ministro de Energía de Misiones, Sergi Lanziano, ante los defensores del Pueblo del país que se reunieron en Posadas con el eje sobre los tarifazos.
Días de definición por el tercer boletazo del año
El jueves se realizará la Audiencia Pública convocada para que el Grupo Z, usuarios y Gobierno expongan su postura sobre el pedido de las empresas concesionarias de aumentar el costo del boleto a más de $50.
Mientras la Comisión de Seguimiento que lidera el subsecretario de Transportes provincial, René Kegler y que integran los intendentes de las tres comunas, hace números en el aire (por la falta de transparencia en las cifras sobre pasajeros transportados, subsidios totales, variación de costos, etc), se sigue hablando de una suba no menor a $7 sobre el precio actual de ($12 con SUBE y $13 sin tarjeta en Posadas).
La Audiencia Pública, una verdadera catarsis para los que acumulan bronca y quejas por el pésimo servicio del Grupo Z, nunca fue tenida en cuenta hasta ahora para evitar los boletazos.
Por ello, todo hace suponer que la del jueves no será una excepción. Por el contrario, sentará el precedente de haber recibido el grupo empresario amigo del poder, una autorización de suba del 37% en los dos primeros boletazos, que ya supera a la inflación acumulada hasta el momento. Y va por más.
Fin de la fuga
El exdirector Ejecutivo de Yacyretá, Oscar Thomas, protagonizó una de las noticias de la semana con su captura a unas cuadras de los Tribunales de Comodoro Py, en un departamento declarado como sede de una empresa que cobra impuestos para Rentas cuyo director es el hermano del detenido.
A diferencia de lo que suponían dirigentes locales de Cambiemos, Thomas estaba en Buenos Aires y “siempre estuvo acá” según el abogado defensor del exfuncionario, José Manuel Ubeira.
Y para sorpresa, especialmente de los dirigentes PRO en la tierra colorada, Thomas jugó una carta que puso al senador nacional y hombre de extrema confianza de Macri, Humberto Schiavoni, en una encrucijada que solo el juez Claudio Bonadio sabrá cómo termina. Concretamente pidió que declare cómo le dejó la EBY cuando asumió Thomas y cómo la encontró cuando regresó a la binacional en 2016.
Ubeira, estratega de esa jugada judicial, sabe que Schiavoni ordenó auditorías y no denunció ni coimas ni sobreprecios en las licitaciones, ante la Justicia.
A propósito de Schiavoni, mandó a su “comodín” en Yacyretá (Martín Goerling) a defenderlo por los medios de Misiones y sólo ante el diario La Nación se animó a decir que Thomas buscó “una estrategia mediática y política” para “vincular a todo el mundo”.
Ahora, con mayor coraje, se espera de Humberto Schiavoni alguna explicación sobre el incremento patrimonial por más de 30 millones de pesos entre 2016 y 2017 que, al menos en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción, no demuestran el origen de los fondos (blanqueo, honorarios, el Quini 6, etc). Casualmente cuando dirigió Yacyretá.
