POSADAS. La duda se convirtió en certeza. Tras el pedido de informes aprobado por unanimidad en la Cámara de Representantes a pedido de los diputados Claudio Wipplinger y Víctor Kreimer (partido Trabajo y Progreso), para conocer el estado del juicio que en 2000 la provincia inició a la Nación por las pérdidas que significaron quedar fuera del régimen de promoción industrial; llegó la respuesta del Ejecutivo provincial y la Fiscalía de Estado de Misiones.La provincia resignó un reclamo de muchos años que aún está en manos de la Corte Suprema con dictamen favorable para las provincias, de la Procuración General, a cambio de la firma del programa de desendeudamiento rubricado en 2010 entre Maurice Closs y el entonces ministro de Economía de la Nación Amado Boudou (hoy vicepresidente de la Nación).La demanda no fue solo de Misiones. Fue iniciada por Mendoza en 1997, a la que se acoplaron luego La Pampa y otras provincias. Por ello, la carátula del expediente 457/1997 ante la Corte es “Mendoza contra Estado Nacional sobre inconstitucionalidad”.En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, Wipplinger aseguró que con la respuesta “queda claro que el gobernador Closs amplió por sí solo sus facultades conferidas en el artículo 36 de la Ley de Presupuesto 2010. Pero en la Ley de Presupuesto se otorga una autorización para renegociar deudas, compromisos contraídos. Pero una cuestión es renegociar plazos, tasas, formas. Acá pasaron dos años y si no preguntábamos por un acuerdo decidido exclusivamente por Closs y Boudou, el gobernador iba a pasar su segundo mandato evitando a un Poder del Estado como si Misiones tuviera una monarquía”.El tema fue abordado en exclusiva por este diario desde el 10 de junio, cuando se publicaron las discrepancias internas en el Gobierno sobre el seguimiento de la medida. Closs obvió a la Legislatura“En un acto de extrema gravedad institucional, Closs jamás corrió vista del acuerdo extrajudicial a la Legislatura para que convalide o rechace el mismo a fin de darlo por terminado jurídicamente. Se extralimitó en los superpoderes que regían por entonces, otorgados con la sanción de la Ley de Presupuesto 2010”, ratificó Wipplinger.La Nación sí se encargó de remitir el convenio con el desistimiento judicial de Misiones a la Corte Suprema de Justicia. El abogado Andrés Ignacio Aramburu, en representación de Economía de la Nación, hizo la presentación con la copia del decreto 1.376/10 de Closs donde aprobó desistir del juicio para acceder al “desendeudamiento” propuesto por Nación.El dato no resulta menor, pues el iniciador del juicio fue el entonces gobernador Carlos Rovira, hoy presidente de la Legislatura, a la que Closs obvió por dos años en un tema que será difícil de digerir: la resignación de intereses misioneros para quedar bien con el Gobierno nacional.El fiscal de Estado, Fidel Duarte, quien en su paso por la comisión de Presupuesto en Diputados había afirmado que “el juicio está vigente”, remitió un escrito en el que explicó por qué jurídicamente sigue el trámite a pesar del acuerdo Closs-Boudou. En su contestación al pedido de informes de Wipplinger y Kreimer, el apoderado legal de la provincia dejó en evidencia a Closs en su mal proceder jurídico ante la Cámara de Representantes.Duarte dijo: “El Poder Ejecutivo ha firmado un convenio de desistimiento de la acción y del derecho con el Estado Nacional, enmarcado en el “Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas” (decreto 1.376/10; 2.426/10 y 04/12) estando pendiente para la aprobación o ratificación del mismo, por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la exigencia de la comunicación a la Cámara de Representantes del decreto 1.376/10. Mientras ello no ocurra, la causa se halla en trámite, viva y vigente, en virtud de lo que norma el artículo 306 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”. Una mentiraPara Wipplinger, “Closs ocultó y mintió a los misioneros datos importantísimos del convenio firmado con la Nación en 2010. Nos contó la mitad de la historia, la que le convenía políticamente. Nunca le dijo a los legisladores cómo mandan las leyes vigentes en Misiones y que Closs desconoce, que resignó un reclamo que consideramos justo y cuyas consecuencias las seguimos padeciendo porque el Gobierno nacional nunca más nos incorporó al Régimen de Promoción Industrial. Y acá nos vendió el convenio como “beneficioso” y “un gran logro”. El juicio intentaba corregir esa desigualdad por vía judicial, ya que por la vía política no se pudo alcanzar”.Agregó que “este acuerdo tuvo un alto costo. Y no solo político sino también para la población. El programa Federal de Desendeudamiento era el reconocimiento de un beneficio del no pago de deuda, una obligación del Estado nacional y no un “gran logro del Gobierno provincial con la bondad del Gobierno nacional” como lo presentó Closs. Lo más grave es resignar autonomía y un reconocimiento permanente frente a una desigualdad que espanta inversiones y, por ende, fuentes de trabajo que se van a las provincias beneficiadas con las exenciones”.El diputado Kreimer se preguntó, a su vez, “¿cómo puede el Gobierno provincial hablar de beneficios si no puede aún cuantificar las pérdidas desde hace más de diez años a la fecha tras el inicio de la demanda?”. Es que el Fiscal de Estado aclaró que Misiones hizo “expresa reserva de reclamar en caso de obtener sentencia favorable en el litigio los recursos que le pudieran corresponder”, en referencia a los millonarios recursos que por la exclusión del Régimen de Promoción no ingresaron a las arcas provinciales con motivo de los beneficios, exenciones, liberalidades y desgravaciones impositivas quitadas por decreto presidencial.“La exclusión de Misiones del Régimen de Promoción Industrial sigue vigente y hace que año tras año se acumulen nuevas pérdidas. Porque la diferencia con otras provincias sigue vigente. La desigualdad sigue estando. Sin embargo Closs resignó un reclamo legítimo sin solucionar la cuestión que lo originó”, lamentó Wipplinger.
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