BERNARDO DE IRIGOYEN. El 16 de septiembre pasado el cabo Juan Carlos Duarte volvió a nacer. Fue blanco de cuatro impactos de bala y sobrevivió para contarlo. El tirador fue un delincuente que pasó la frontera seca con Brasil y en la localidad de Barracão, tomó a una familia de rehén.Intervino la Policía Militar del vecino país. Las negociaciones duraron horas y finalmente, el criminal liberó a las víctimas y se entregó.La historia terminó en Brasil, pero dejó un claro mensaje: cualquiera puede burlar los frágiles controles de ambos lados y cometer todo tipo de delitos con altas chances de escapar.Duarte se recuperó y durante su convalecencia, hasta recibió la visita del subsecretario de Seguridad de la provincia, Julio Lentzken.Ahora trascendió que el cabo no tenía pistola porque la mismísima Jefatura de Policía lo había sancionado hacía dos años, quitándole la misma.Eso sí, el hombre intervenía en los procedimientos de prevención y represión de delitos, poniendo en riesgo su vida innecesariamente.En la persecución, el maleante brasileño se detuvo, giró hacia el policía y abrió fuego. Duarte, pobre, no tenía arma para repeler el ataque ni chaleco que detuviera las balas.Pero no es el único caso. En la provincia habría 400 efectivos en la misma situación, que patrullan las calles sin pistola reglamentaria.Uno de los motivos, al parecer, es que no habría para todos. Fuentes consultadas atribuyeron parte de la responsabilidad a la empresa encargada de entregar el arsenal. En la comisaría de Irigoyen, de los 25 efectivos que trabajan allí, al menos cinco no portan pistolas. Según pudo averiguar este Diario, gran parte de esos 400 efectivos desarmados son de la Sexta Promoción, egresados de la Escuela de Policía hace ocho meses. Pero no es la única carencia en Irigoyen. “Dispongo de las mismas municiones desde que egresé de la Escuela, hace más de diez años, si quiero nuevas debo comprarlas”, indicó un integrante de la fuerza de Seguridad. Tampoco se realizan prácticas de tiro y las últimas, coinciden todos, fueron durante el período de instrucción. Demasiado riesgo e improvización en la lucha sin cuartel contra el mundo del hampa.Desfile al desnudoHace días se produjo el lanzamiento del Operativo Internacional que se desarrolló en forma conjunta entre Gendarmería, Policía y Aduanas, por el lado argentino, y la Policía Militar de los estados de Paraná y de Santa Catarina, por el del vecino país.Como se planifica cada año, el objetivo es prevenir y evitar delitos como el hurto de ganado, robos de motos y automóviles y contravenciones. De acuerdo con el relato de algunos asistentes, las fuerzas brasileras impactaron en el desfile por la cantidad y calidad de elementos, móviles y agentes. Por el lado argentino se limitaron a comentar la enorme diferencia de recursos disponibles.En Irigoyen faltan hasta conos y chalecos refractarios para los operativos viales, que serían cedidos por la Aduna ante cada necesidad.En lo administrativo, la situación no es diferente. No hay equipo informático; sino apenas una vieja máquina de escribir de esas que se usaban en los años 80. Cuando se utiliza alguna computadora, es propiedad del personal que la presta para facilitar el trabajo ante la imposibilidad de hacerlo en una red. La única verdad es la realidadAunque las autoridades insistan en que el servicio de seguridad está garantizado, la realidad indica, en todo caso, que está lejos, a años luz, de ser el ideal.En Itaembé Miní, por ejemplo, uno de los conglomerados de mayor crecimiento demográfico en los últimos años, hay cuatro o cinco efectivos por guardia y con suerte, un patrullero para acudir ante una emergencia.En ese contexto, las recorridas de prevención son, cuanto menos, deficientes, por no decir inexistentes.Los móviles, con un oficial, un chofer y un número, responden únicamente a emergencias, entiéndase casos graves.Los de menor significación o relevancia, de acuerdo a la óptica del oficial de turno, pasan desapercibidos y en la gran mayoría de los casos, ni siquiera se inician actuaciones.Por eso es que las estadísticas que llegan a manos del ministro de Gobierno, Jorge Franco, no constituyen el fiel reflejo de la realidad que aqueja a la población misionera.El problema escapa a la buena voluntad de los efectivos, o en algunos casos probablemente que sí, sencillamente carecen de los elementos mínimos indispensables para brindar un óptimo servicio de prevención.Y si a eso se suma que muchos recursos están destinados a brindar custodia a encumbradas personalidades de los tres poderes, la situación se agrava.Esta situación se repite en distintos puntos de Posadas y del interior. El parámetro es la consulta con los vecinos y no las estadísticas de dudosa credibilidad.
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