En una sesión especial que insumió más de nueve horas, y con 145 votos a favor, 78 en contra y 5 abstenciones, el bloque oficialista de la Cámara de Diputados de la Nación consiguió el miércoles convertir en ley el proyecto que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación a la Compañía Sudamericana de Valores, ex Ciccone Calcográfica. La divisoria de aguas en la votación y el debate correspondiente no fue la expropiación en sí, sino su relación con las denuncias contra el vicepresidente, Amado Boudou, por una supuesta connivencia con los desconocidos propietarios de la empresa; escándalo que derivó en una causa judicial y hace suponer un rescate político oculto detrás del proyecto oficialista. Sea o no responsable del tráfico de influencias que le adjudican las denuncias, tras la intervención de la Justicia, el vicepresidente, que había surgido como una de las figuras políticas fortalecidas en las últimas elecciones nacionales, vio reducido notoriamente su margen de protagonismo, y, probablemente, su futuro político.En tanto, la presidenta, Cristina Kirchner, se alejó momentáneamente esta semana -por un problema de salud- de la cadena nacional que utiliza exhaustivamente en los últimos meses; pero se mantuvo en el candelero político debido a las declaraciones de algunos funcionarios sobre un tema controversial: la reelección presidencial. La posibilidad de que Cristina se presente a elecciones en 2015, para lo que se exigiría una previa reforma de la Constitución que no admite un tercer mandato consecutivo, no pareciera un tema prioritario. Sin embargo, por lo menos tres funcionarios kirchneristas se ocuparon del tema públicamente en los últimos días, dejando en claro que -se lo admita o no- la reelección no es sólo una hipótesis negativa que maneja la oposición. Primero fue el secretario de Transporte, Alejandro Ramos, sosteniendo que por su capacidad de gestión no hay candidato que le pueda hacer sombra a una eventual postulación de la mandataria en 2015; a lo que siguieron declaraciones de los gobernadores Gioja, de San Juan y Pérez, de Mendoza. El último fue Daniel Scioli, quien desde Chile aclaró que si la presidenta buscara una reelección, lo encontraría de su lado.Tensiones y silenciosLas palabras del mandatario bonaerense sonaron como una expresión de alineamiento obligada por las circunstancias, luego de que hace unas semanas la Casa Rosada lo presionara con el cierre de la ayuda financiera a su provincia. Algunos analistas entendieron que estas declaraciones de buena fe tienen que ver con el reto lanzado previamente por el gobernador De la Sota, al acudir a la Corte Suprema denunciando el Pacto Fiscal, firmado en 1992, que transfirió a la Anses el 15% de los recursos de la masa coparticipable perteneciente a las provincias. Las manifestaciones y la represión en Córdoba diluyeron el impacto del posicionamiento de De la Sota, a quien se le critica, además, que se haya promocionado en el pasado con una liberación de impuestos que incidió negativamente en el equilibrio financiero de esa provincia. Por su lado, el gobierno central intenta avanzar aceleradamente en la política de consolidación de YPF, que estaría a punto de cerrar una sociedad con la multinacional de origen norteamericano Chevron para la exploración y explotación de yacimientos no tradicionales de gas y petróleo. En ese marco, el presidente, Miguel Galuccio, presentó el jueves a los gobernadores un plan exploratorio de cinco años que incluye la perforación de 25 pozos en provincias no petroleras, entre ellas Chaco y Misiones.La apertura de un pozo de 6.000 metros en la provincia, donde se necesita atravesar la placa de basalto y llegar a una profundidad hasta hoy desconocida, mereció cuestionamientos por la posibilidad de que en la extracción del “oro negro”, se termine contaminando el Acuífero Guaraní, uno de los activos naturales estratégicos de la región, y del país, al que el proyecto extractivista podría anular anticipadamente. El dominio que ostenta la provincia de los recursos naturales existentes en su territorio, debido a la Reforma constitucional de 1994, sería el único, y endeble, instrumento legal al alcance del Gobierno provincial, en el caso de que se compruebe que las perforaciones previstas no tienen manera de evitar la contaminación del acuífero, privando a los misioneros de los beneficios de un recurso estratégico que -hoy por hoy- se sabe que en el futuro será más importante que los hidrocarburos.La ecuación energética se traduce en intereses fuertemente ligados a los actores que operan en el sector; y por lo tanto se cierra sistemáticamente el camino a un debate fructífero de los impactos negativos sobre el medio ambiente. La preocupación que generó a nivel de las autoridades educativas provinciales el trabajo de una estudiante secundaria sobre los efectos que tendrían las proyectadas obras hidroeléctricas de Garabí y Panambí sobra la localidad de Azara, es una muestra de ello.Mercado reveladorEl viernes, el Gobierno provincial inauguró con bombos y platillos el Mercado Concentrador de productos de las chacras, una obra importante por sus dimensiones y el efecto dinámico que puede tener en la tarea de reducir la dependencia de productos de otras zonas del país. El acto de inauguración, inesperadamente, reflejó los tonos de la interna del Frente Renovador; que, como ocurre a nivel nacional, se anticipa a proyectarse hacia el próximo año electoral. Los comentarios posteriores al acto señalaban que a Closs no le cayó nada bien que desde el ala rovirista se convirtiera a la inauguración en un acto militante y se distribuyera profusamente un semanario -considerado como una voz inoficial del rovirismo- en el que se adjudicaba todo el mérito de la obra al titular de la Legislatura. A eso se habría referido Closs al subrayar en su discurso el concepto de que “con Carlos Rovira podemos tener las ideas y las acciones de Gobierno, el diseño, pero las cosas se construyen en equipo”.Muy distinta fue la evaluación que, tras el acto, hizo la rovirista Cecilia Britto, al afirmar -entre otros conceptos- que “además quiero destacar un acto militante, porque esta es la renovación, es la conducción de Carlos Rovira; lo que se vivió es la adrenalina del militante que está decidido a venir a defender este proyecto político”. A los escarceos de la interna oficialista también se debería – se dice en ámbitos oficialistas- que el ministro de Derechos Humanos, Edmundo Soria Vieta, haya adelantado la fecha de su participación en la Comisión de Presupuesto de la Cámara para explicar c&oacu
te;mo invertirá los recursos del área. Fuentes generalmente bien informadas sostienen que “Perico” quiso evitar los cuestionamientos de la diputada “Tiki” Marchesini, que había sido muy dura en sus críticas a la manera en que viene interviniendo en los asuntos indígenas. El viernes, este diario publicó las contrastantes declaraciones de funcionarios en una materia tan sensible como la asistencia sanitaria a las comunidades mbya. Otro hecho que reflejó las intimidades del oficialismo fue la protesta en el Ministerio de Desarrollo Social, donde además de las reivindicaciones salariales los trabajadores lanzaron fuertes críticas a “los jefes”, el ministro Joaquín Losada y su mano derecha, Marcelo Cantero. Estos estarían usando el ministerio como bunker político para una estrategia que se cuestiona dentro del propio oficialismo, y mientras enfilan los cañones hacia las citas electorales de 2013 y 2015, no notan que el entorno se cae a pedazos. Algo similar le ocurriría a la también políticamente activa intendente de Santa Ana, que enfrenta duros reclamos.
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