PUERTO IGUAZÚ. El conflicto entre los municipales sumariados y el Ejecutivo local pasó a instancia del Superior Tribunal de Justicia, ya que la jueza Laboral se declaró incompetente. La semana pasada, trabajadores que habían participado de la huelga del mes de marzo en reclamo de mejoras salariales y que culminó con daños en el parque vial municipal, habían reclamado al intendente Marcelo Sánchez por la falta de cobertura social, mediante carta documento.El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Iguazú, Adrián Georgopulos, comentó: “El sábado, estos municipales recibieron la respuesta donde el Ejecutivo niega todo. También se está reclamado a través de esa carta documento la restitución de haberes del mes de junio”.Sobre la respuesta detalló que “negando cada uno de estos hechos y cumpliendo con la formalidad jurídica para cubrirse legalmente, dijeron que la obra social no estaría cortada y que han efectuado el pago, por lo que estaría regularizada esa situación y que no correspondería el pago del sueldo por el que aducen una falta de la jueza Laboral, a quien piden que se declare incompetente”.El secretario de Gobierno comunal, Juan José Raynoldi, señaló que “el municipio ha tenido que responder algunos requerimientos que llegaron formalmente por parte de municipales que estaban involucrados directamente en los daños en el corralón. Le respondimos planteando dos cosas: la cobertura de la obra social está resuelta hace tiempo y en lo que respecta a la supuesta orden judicial no cumplida, en principio el municipio ha apelado y el Juzgado que entendía en el amparo se declaró incompetente y ha establecido que el que debe entender en la causa es el Superior Tribunal de Justicia”.El gremio había ratificado que en la oficina del IPS les habían informado a los municipales sumariados que no iban a tener cobertura e incluso habrían negado una orden de consulta. “Lo vamos a dejar en manos de nuestros asesores y ellos decidirán cuál es la estrategia jurídica a seguir”, indicó Georgopulos.Sobre toda esta situación conflictiva, el gremialista señaló: “Ya nos parecía exagerado la suspensión de 44 empleados sin goce de haberes, pero fue más grave con el corte de obra social. Es una estrategia para desalentar la protesta por reclamo salarial”. Además, añadió que “hay una situación de incertidumbre que tratamos de contener desde el sindicato, esto nos da pie para hacer el reclamo jurídico y gremial”.De los 44 municipales sumariados por resolución, se efectivizó la suspensión de 31 debido a que los restantes cuentan con tutela sindical. Sobre esto, el representante gremial advirtió que “algunos no tienen tutela sindical y cobraron el sueldo igual. Parece que hay una suerte de elección del Gobierno municipal para someter a la gente que trabaja hace muchos años y crear una situación de insinuar que con ellos van a ser mucho más drásticos en medidas futuras”.
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