POSADAS. El ex gobernador Miguel Ángel Alterach declaró ayer como testigo de la defensa en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, en el juicio que se le sigue a cinco ex integrantes de la Policía de Misiones, por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.También comparecieron Mario Ovando, que era ministro de Alterach; el abogado Ramón Glinka; y el titular del IPLyC, Eduardo “Balero” Torres, quien finalmente fue eximido de declarar por el Tribunal, que declaró “improcedentes” las preguntas que intentaba hacerle, confusamente, el abogado defensor César Ortellado. El último de los nombrados tampoco logró convencer al Tribunal de realizar un “careo” de su representado, el ex médico policial Roque Mendoza, con la ex detenida Graciela Franzen y el médico Miguel Ualpa, quien fue convocado anteriormente como testigo de la defensa, pero terminó fortaleciendo la postura de la acusación. Alterach, quien se presentó a declarar pese a que debe moverse en silla de ruedas y a que por su estado de salud podría haberse evitado la indagatoria en sede judicial, negó haber tenido conocimiento -durante su gobierno- de las acciones represivas efectuadas por la Policía de Misiones y cargó toda la responsabilidad por la represión ilegal en los hombros de “las autoridades nacionales que estaban acá: Gendarmería, Policía Federal y Prefectura”, enumeró.Aunque la defensora oficial Susana Criado de Ayán consiguió que el Jurado se avenga a que se trate de “refrescar la memoria” al ex mandatario mediante la lectura -por secretaría- del texto de la circular 3 del 3 de diciembre de 1975, firmada por el comisario Claudio Emilio Lazo, el ex gobernador insistió en su desconocimiento de dicha resolución.La circular, vinculada al decreto 1.835, que habilitó la operatoria represiva en pleno gobierno constitucional, firmada por Alterach y su ministro de Gobierno, Mario Ovando, precedió a la citada circular, que incluía precisas instrucciones respecto a allanamientos, patrullajes y otras acciones a desarrollar en conjunto por las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales en la “lucha anti-subversiva” .“No recuerdo, fue una etapa muy confusa, donde se decía de todo y parecía que se venía todo abajo” o “no tengo conocimiento, quiero advertir que por esa época había momentos especiales que vivía la república, en los que se hablaba, incluso en los diarios, de posibles levantamientos armados”, fueron algunas de las frases en las que el ex gobernador deslindó cualquier responsabilidad con la represión ilegal. Sostuvo que las fuerzas de seguridad se encargaban de las acciones en casos de “gran peligrosidad”, porque “la policía tenía independencia, como en todos los gobiernos”, remarcó.“Unos ingratos” Alterach destacó, asimismo, su negativa a renunciar al cargo, cuando así le exigieron -tras irrumpir en su despacho- los representantes de fuerzas de seguridad, tras el golpe del 1976 y recalcó su carácter de “gobernador constitucional elegido por el pueblo”. También enfatizó que “todos los que estaban contra la Constitución y las leyes vigentes no podían estar amparados por mí”. El mandatario peronista se desmarcó de los sectores de izquierda del peronismo, nucleados en el Partido Auténtico, a los que calificó de “ingratos” y aclaró que “yo no simpatizaba con esa gente, a pesar de ser conocidos”. Al final de su breve presentación, Alterach -sin nombrarlos- cuestionó a los militantes del peronismo auténtico porque “querían alterar el orden público para crear el caos social y de ahí cabalgar para llegar al poder”.El ex ministro de Gobierno de Alterach, Mario Ovando, admitió haber firmado el decreto ya citado, pero sostuvo que “nunca actuamos en base a ese decreto” y remarcó el carácter respetuoso de los valores constitucionales del gobierno de Alterach y la austeridad en las acciones de gobierno. “Nosotros teníamos muy buena relación con el MAM y nunca reprimimos”, señaló Ovando, a lo que agregó que tanto Alterach como él mismo mantenían relaciones tensas con las autoridades militares de la época, recordando un entredicho entre Alterach y el general Díaz Besone, entre otros detalles.“Lo ejecuté de un balazo”En el contexto de su exposición, Ovando expresó elogiosos comentarios respecto a la calidad humana del diputado y dirigente del Partido Auténtico, Juan Figueredo, quien -dijo- fue muerto “por motivos exclusivamente ideológicos”.Respondiendo a una pregunta del abogado querellante Rafael Pereyra Pigerl, el ex ministro relató cómo el ex comisario Rodríguez Mendoza, de la Policía de la provincia, en una conversación que mantuvo en privado con el propio Ovando “se auto calificó como el homicida de Juan Figueredo”. Ovando destacó que el comisario precisó que ejecutó al docente y diputado -todavía desaparecido- de un balazo “porque era un subversivo”, en el paraje Yacutinga. La mención del lugar coincide con la declaración que realizara otro testigo, la semana pasada, que habló de un incendio producido en el marco de un fuerte operativo de las fuerzas represivas en la zona donde un oficial habría dicho que “estamos quemando a Figueredo”.La presentación del ex senador y actual presidente del IPLyC, Eduardo “Balero” Torres, dio lugar a momentos de confusión debido a que el abogado Ortellado, que había solicitado su comparencia como testigo, no consiguió convencer al jurado de la consistencia de sus planteos. Ortellado reiteró críticas a Torres por su libro “Cosecha de Injusticias”, que -según manifestó una y otra vez- habrían “perjudicado mucho a mi defendido durante mucho tiempo, porque lo hace aparecer como culpable”. Tras pedir reiteradamente una pregunta ajustada al asunto en tratamiento, “porque aquí no se está juzgando el valor literario del libro”, los integrantes del Tribunal deliberaron en privado y no autorizar el interrogatorio a Torres, quien se retiró del recinto judicial sin emitir palabra. El fuerte pronunciamiento del Tribunal al rechazar el pedido de audiencia de la comisión de seguimiento de la Legislatura provincial fue uno de los hechos descollantes de la audiencia de ayer, que al centrarse en las figuras de Alterach y Ovando puso en el tapete un tema que aparece en estos juicios sin que se llegue a p
rofundizar en todo su significado: el carácter “cívico militar” de la última dictadura. El proceso judicial continuará hoy con la ampliación de la declaración de uno de los acusados, el ex titular del Departamento de Informaciones, Felipe Nicolás Giménez; y las declaraciones que por primera vez prestarán Carlos Alberto Pombo y Julio Argentino Amarilla, quienes hasta ayer se habían abstenido del derecho a ejercer en forma personal su defensa en el juicio. “Inusualmente anómalo”El presidente del Tribunal que entiende en el juicio que se sigue a cinco ex policías en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Posadas, el juez subrogante formoseño Rubén Quiñonez, rechazó en forma tajante el pedido de audiencia formulado por la “Comisión de seguimiento de los juicios por la verdad” de la Cámara de Representantes de la provincia.El magistrado recalcó que “este es un proceso judicial y es otro poder del Estado” y subrayó los términos de la resolución judicial calificando al pedido de los legisladores como “inusualmente anómalo y manifiestamente improcedente”.La comisión legislativa, que integran entre otros los legisladores oficialistas “Tiki” Marchesini y “Dani” Domínguez y el opositor Pablo Tschirsch, pretendía informar al Tribunal sobre la falsedad de los dichos del abogado César Edgardo Ortellado -a cargo de la defensa de uno de los acusados- respecto a un decreto del año 2005 que, supuestamente, habría ordenado incinerar documentos del archivo de la Policía provincial. A partir de esa iniciativa, los legisladores embistieron también contra el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Rafael Pereyra Pigerl, por haber opinado -en una entrevista con este diario- en el mismo sentido que ahora lo hizo el Tribunal.
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