POSADAS. “Se sigue sosteniendo un discurso que se está trabajando, que la situación se va a transparentar y que se va a garantizar que se respetará el Estatuto Docente, sin embargo hacen otra cosa. Quiero que me expliquen de qué se trata la resolución 368, donde aparecen horas cátedras creadas para auditar”, aseveró con muchísimo malestar la representante de la Línea Alfredo Bravo, Mariana Lescaffete, quien además integra el Frente Gremial Docente (FGD). Éste organismo de lucha por una educación mejor ya sostuvo en varias ocasiones que el Consejo General de Educación (CGE) continúa otorgando cargos irregulares. “Los nuevos acomodados son los que van a auditar a los docentes que sí están trabajando en las escuelas y que en muchos casos tienen grupos de riesgo”, dijo la dirigente gremial. “Los nuevos acomodados son los que controlan a los docentes para empezar a cerrar cursos, cuando en realidad la auditoría anunciada por Closs el año pasado era para controlar la situación de las designaciones sin títulos que veníamos denunciando los docentes. Pero en realidad esta supuesta auditoría era una intervención encubierta del Ejecutivo contra el Consejo de Educación”, manifestó Lescaffete en una entrevista a PRIMERA EDICIÓN realizada hace un par de semanas. La dirigente gremial también opinó que “la figura del supervisor está desdibujada desde hace muchos años porque el Consejo de Educación se maneja de manera clientelar, que además sigue sin tener en cuenta el escalafón y la carrera docente. En los últimos años hubo muchos directivos que debían ascender por concursos, pero esto nunca se hizo, incluso desde la gestión de Molina en adelante, es decir, esto no es nuevo pero sí molesta que digan que se está trabajando y controlando”.“Para lo único que sirve esta práctica es para decir que se está controlando, auditando, pero con gente que está cobrando horas cátedras, lo que encima indica una doble erogación y con poder absoluto, porque en definitiva el auditor va a una escuela y toma potestades de cerrar aulas, por ejemplo”, aseveró la docente.Lescaffete también confirmó que desde el FGD no están de acuerdo con el aumento salarial que se propuso para el segundo semestre del año, porque considera que la inflación ya devoró lo otorgado. “Hay que volver a negociar pero con otros valores, más reales y acordes a lo que ocurre en todo el país”. Desinterés del Estado Para la dirigente, la situación educativa es ignorada por el Gobierno de la provincia, “de otra manera no entiendo cómo pasan los años y se siguen sin definir los contenidos de enseñanza. Hay una nueva ley nacional, mientras que en Misiones se sigue sin ley ni contenidos definidos tanto en el nivel primario como secundario, es decir, lo que se enseña le importa muy poco al Gobierno, porque si a estos les interesara qué se enseña deberían definir ellos y no los docentes, como ocurre ahora”, precisó.Y añadió que con estas medidas “no se defiende la escuela pública como contempla la Constitución Nacional, que es evidente que en realidad quieren destruirla, porque si yo quiero la inclusión social y una educación pública no voy a hacer las cosas que realiza el Estado. La política de este Gobierno es perseguir a quienes luchan para beneficiar a los perseguidores”. “Mientras se siga premiando a ciertas personas es imposible tener calidad educativa”, cerró.
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