BUENOS AIRES (NA). José María Núñez Carmona, socio y amigo del vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, reiteró ante el nuevo juez que investiga la venta de la imprenta Ciccone Calcográfica su pedido para apartar al fiscal Carlos Rívolo.El planteo lo hizo en persona en compañía de su abogado Diego Pirota durante una audiencia que se extendió por más de dos horas ante el juez federal Ariel Lijo, quien ahora cuenta con un plazo de tres días para resolver si aparta o no al fiscal del caso.Según informaron fuentes judiciales, en la audiencia Pirota y Rívolo presentaron escritos por separado, pero se leyó el texto del fiscal y el abogado prefirió hacer una exposición verbal.El empresario imputado Núñez Carmona estuvo en el tercer piso de los tribunales de Comodoro Py y luego junto con su abogado debió aguardar un buen rato para que firmaran el acta de la audiencia.Incluso, la actividad estuvo interrumpida unos minutos por la visita fugaz del abogado Gregorio Dalbón, querellante en la causa por el choque del tren de TBA y acusado por atentado contra la autoridad del juez Claudio Bonadío, causa que tramita Lijo.Núñez Carmona pide el apartamiento del fiscal al acusarlo de violar el secreto de sumario e informar a los medios de comunicación sobre un allanamiento en un departamento propiedad de Boudou en Puerto Madero, pero también por haber ordenado esa medida con prueba viciada. En su escrito, Rívolo reconoció haber brindado cierta información de la causa a la prensa, tras el allanamiento al departamento de Boudou, aunque aclara que lo hizo a raíz de la gravedad y las distintas repercusiones mediáticas. “Mantenerme en silencio con respecto a mis decisiones en la causa me pareció, cuanto menos, irresponsable”, argumentó.Rívolo también justificó su decisión de no recusar al juez Daniel Rafecas a raíz que éste mantuvo comunicación vía chat con el abogado de Núñez Carmona, lo que ameritó que fuese apartado por la Cámara Federal. El fiscal dijo que no tenía por qué inmiscuirse “ni siquiera tangencialmente en la vida privada de otro, y que la violación que habrían hecho de ella podía constituir un delito”. “Si alguien había cometido la ilegalidad de publicitar una conversación ocurrida en el ámbito privada de otro no iba a ser yo quien le diera entidad a esa publicación que sería producto de este posible delito”, dijo Lijo.
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