MADRID, España (AFP-NA). Un seguimiento médico gratuito permite a Carmen María vivir con una enfermedad incurable en España pese a no tener papeles, pero su tratamiento tiene los días contados en un país que, para reducir el gasto público, se dispone a dejar sin sanidad a los inmigrantes irregulares.Esta nicaragüense de 33 años, que prefiere no dar su apellido, llegó a España a principios de 2010 y desde entonces, pese a trabajar como empleada del hogar, no logró un permiso de residencia.Pero, en un país que tenía como orgullo su atención médica universal, esto no le impidió recibir asistencia especializada cuando le descubrieron una dermatomiositis. Enfrentado a una crisis que arrastró de nuevo al país a la recesión y determinado a reducir el déficit al 5,3% del PIB, Madrid decidió, entre otras medidas, limitar la salud pública a los “residentes autorizados”. A partir del 1 de septiembre los inmigrantes irregulares sólo tendrán derecho a pediatría, asistencia al embarazo y urgencias.
Discussion about this post