POSADAS. Un funcionario de primera instancia de Puerto Iguazú no atraviesa su mejor momento. La Justicia lo investiga y abrió un sumario en su contra por presunta falsificación de documento público. Al parecer, en enero, se presentó en una comisaría de esa ciudad turística y retiró una camioneta secuestrada por adulteración de chasis y motor.Para ello habría presentado un oficio con las firmas del juez y el secretario apócrifas.Ahora los investigadores quieren saber si él fue, o no, el responsable de la maniobra.La situación del alto funcionario de Fiscalía es complicada. Primero porque se habría comprobado que retiró la camioneta por sus propios medios y después, porque el Superior Tribunal de Justicia de Misiones (STJ) ya tiene en sus manos un minucioso informe del caso, sumamente comprometedor.Al parecer, la maniobra habría ocurrido en enero, en plena feria judicial.La Policía demoró en remitir las actuaciones al Juzgado de Instrucción 3 Puerto Iguazú, es decir con el acta de entrega del vehículo, justamente por esa razón: el parate de las actividades judiciales.En ese entonces, el Juzgado aún permanecía acéfalo. Cuando Eduardo Fernández Ricci se hizo cargo del mismo, comenzó a poner las cosas en orden.Así saltó el caso. Fernández Ricci comenzó a indagar y estableció que las firmas en el oficio de entrega en depósito judicial de la camioneta -una Toyota Hilux 4×4, aparentemente- eran falsas.La pesquisaLa investigación se mantuvo siempre bajo un manto de absoluto silencio. No es para menos, es un caso grave y delicado, que amerita mucha prudencia a la hora de hablar de nombres y responsabilidades.No obstante, la causa se transformó en una suerte de bola de nieve difícil de detener a esta altura de las circunstancias.Las actuaciones ya fueron giradas al Superior Tribunal de Justicia de Misiones (STJ), que tomó cartas en el asunto y designó a una camarista de Eldorado al frente de la investigación para determinar qué responsabilidades le pudieron caber al alto funcionario del Ministerio Público Fiscal de Puerto Iguazú.Anoche, una fuente del alto cuerpo judicial indicó que la decisión ya estaba tomada y que hoy se la notificarían al funcionario: será apartado del cargo por el plazo de treinta días hasta que se resuelva su situación procesal.Una de las alternativas es que salga indemne de la misma y continúe en sus funciones. La otra, decisiva para su carrera, es que la instructora determine su responsabilidad en el caso y deje abierto el camino a un potencial juicio político, escala previa a su destitución definitiva.Por el momento, pocos se animaron a hablar de esta última posibilidad, aunque aclararon que la situación del funcionario es más que complicada. Una acordada que no se cumplióCuando saltó el escándalo, jamás resuelto en debate oral y público, de los autos de dudosa procedencia que eran blanqueados vía depósito judicial, el Superior Tribunal de Justicia de Misiones dispuso por acordada que ningún funcionario de la Justicia podía poseer vehículo alguno en depósito judicial. Sin embargo, el tiempo pasó, las aguas se aquietaron y en la actualidad todo volvió a su cauce normal.Dicen que muchos empleados del Poder Judicial cuentan con vehículos en estas condiciones.Todo a pesar del esfuerzo de ese Poder del Estado por incorporar automóviles a disposición de sus empleados por cuestiones laborales.Lo extraño del caso del funcionario de Puerto Iguazú es que poseía un vehículo particular -al parecer un Chevrolet Aveo- y además, el coche del propio Juzgado de Instrucción 3.De ahí que resulte extraño verlo en un escándalo de estas características, consignaron fuentes consultadas por PRIMERA EDICIÓN.Al cabo de treinta días, la camarista de Eldorado deberá expedirse sobre la responsabilidad o no del funcionario judicial en la causa.
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