SAN VICENTE. Mucho disconformismo generó en un sector de la sociedad sanvicentina la aplicación de la ordenanza 01 que aprobó el Concejo Deliberante el 13 de marzo pasado, a través de la cual se pretende poner límite a los ruidos molestos, ello se debe a que aparentemente a los agentes de Policía e inspectores municipales que controlan la Zona Centro, directamente “no permiten que se escuche música con los parlantes de los autos ni que se comparta un tereré en la vía pública por la noche”, dijeron varios vecinos a este medio.La ordenanza fue aprobada luego de que los vecinos que viven en el centro de San Vicente juntaran firmas para que se pongan límites a los jóvenes que escuchan músicas muy fuertes en el centro de la ciudad, en las plazoletas, en especial durante los fines de semana. Ocurría que cuando los ciudadanos se disponían a descansar se topaban con la música estridente, entonces llamaban a la fuerza de seguridad pero no encontraban respuestas, ya que muchos de esos jóvenes recorrían las avenidas con sus vehículos.El reclamo de la sociedad por la falta de control por la fuerza de seguridad y la Municipalidad sobre los ruidos molestos, generó una especie de revancha contra los jóvenes. La primera medida de los policías e inspectores municipales fue directamente la de prohibir que escuchen música en las plazoletas del centro y la segunda, en forma muy autoritaria, la de quitarles las jarras y termos a los adolescentes y arrojar el líquido con el cual tomaban tereré para que se vayan.Varios jóvenes y padres se sintieron molestos por estas actitudes de la fuerza de seguridad.“A la 1 de la mañana más o menos vinieron los policías sin identificación y tiraban las jarras y nos obligaban a que nos fuéramos a nuestras casas”, coincidieron los jóvenes, corroborado incluso por sus padres.Con la música a otro lugarEl pasado fin de semana, muchos de los jóvenes que se juntaban en el centro de San Vicente resolvieron ir a otras localidades, como Dos de Mayo, Aristóbulo del Valle y hasta a Oberá a pasar la noche como lo solían hacer antes de los controles. Carencia de elementosSegún una fuente allegada al municipio, para los controles los agentes no disponen del decibelímetro que les permitiría establecer cuando un ruido está excedido de niveles. La ordenanza también es cuestionada porque prevé el decomiso de las unidades de sonidos a los reincidentes. En el inciso B- del artículo 1º dice que para la segunda infracción la multa será de “500 a 1.000 UF más la retención del vehículo, el que será devuelto luego del pago de la multa y el desmantelamiento de la unidad de sonido y su decomiso”.
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