Interrogantes

Luego de los actos del 30º aniversario del inicio de la guerra de Malvinas, provistos de una fuerte carga emocional y política dada la intención del gobierno de Cristina Kirchner de “malvinizar” la agenda, en base a una batería de acciones a nivel internacional, la celebración de la Semana Santa abrió un obligado impasse político. Como una nota disonante se vio, en este marco, la decisión del vicepresidente Amado Boudou de salir a la palestra con un fuerte alegato referido a una supuesta connivencia entre funcionarios judiciales  y algunos medios de comunicación en la investigación de su presunta vinculación con la empresa Ciccone. Con visible malestar y nerviosismo, Boudou cuestionó -legítimamente- que a pesar del secreto del sumario que rige en la causa -que está en una etapa preliminar- algunos medios se enteraron anticipadamente del allanamiento a un departamento de su propiedad .El vicepresidente no se contentó con denunciar un asedio mediático de parte de dos de los diarios de mayor circulación del país, y de reiterar en gruesos términos los tópicos del reconocido enfrentamiento del gobierno kirchnerista con el diario Clarín, sino que involucró  al juez Daniel Rafecas, que ordenó el allanamiento a pedido del fiscal Carlos Rívolo, y cuestionó “la baja calidad institucional del sistema judicial de nuestro país”. En su impetuoso alegato, Boudou calificó al juzgado de Rafecas como “una verdadera agencia de noticias”, por la difusión de datos de la investigación en su contra y lamentó “que parte del sistema judicial se involucre en estas cuestiones”. En las propias filas del kirchnerismo hubo estupor por el ataque a un juez que fue nombrado por Néstor Kirchner y está considerado como un magistrado progresista, que hace unas semanas nomás en la presentación de su libro sobre el Holocausto fue prologado por el juez de la Corte Raúl Zaffaroni. La ministra de Seguridad, Nilda Garré, tomó inmediatamente distancia aclarando que siente “mucho respeto” por Rafecas y que las decisiones del juez federal  fueron “impecables” en los casos en que le tocó participar.El tono agresivo usado por Boudou generó interpretaciones diversas: o bien el gobierno decidió pasar a la ofensiva sosteniendo con firmeza al funcionario, o el vice “se cortó solo” ante el desgaste a que está siendo sometido.  La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Nación, formuló una advertencia:  “Los cuestionamientos vertidos en forma genérica y sin sustento legal alguno por tan alto funcionario de nuestro país respecto a la labor de los magistrados en el caso, constituyen un evidente y repudiable intento por ejercer presión tanto sobre el fiscal Carlos Rívolo como del juez Daniel Rafecas”,  advirtió. Mate amargo  El otro tema caliente de la semana sigue siendo la impopular suba del precio de la yerba mate en las góndolas de los supermercados,  que se inició hace quince días. Esta semana fue respaldada -rompiendo un impenetrable silencio de la industria-  por un documento de la Cámara de Molineros de la Zona Productora.La Cámara se quejó de que la industria “por años viene trabajando a pérdida”, y que esto se tradujo en “un fuerte endeudamiento de los industriales yerbateros”.Entre otros argumentos, admitió tener un stock de yerba canchada -pagado a la mitad del valor que deberían pagar hoy al secadero-  pero dijo que su utilización se ve afectada por el efecto distorsivo del impuesto a las ganancias. La industria subrayó que con los recursos como están, no se garantiza el levantamiento de más del 50%  de la cosecha. Las explicaciones numéricas que esgrime la industria se contraponen a la que muestran los productores y que apoyó, por ejemplo, el diputado nacional Alex Ziegler, ex ministro del Agro y la Producción, quien afirma que un precio de 18 pesos el kilo en góndola es retributivo de todos los factores de producción, incluyendo la molienda. Ziegler insistió, en declaraciones radiales, que la ecuación económica cierra holgadamente en dicho valor, y adjudicó a la industria una ausencia del compromiso social que se necesita hoy para resolver los problemas yerbateros.Si así fuera, debería llegarse a una instancia de razonabilidad que haga retrotraer los desproporcionados aumentos que impactan hoy en los bolsillos y las expectativas de los consumidores. Por lo que se dice, el cuestionado Guillermo Moreno terminaría siendo otra vez el árbitro de este conflicto que pareciera ser insuperable.  La figura de Moreno alcanzó un protagonismo inusitado en los inicios del segundo mandato presidencial de Cristina Kirchner,  y ello repercute en una serie de áreas, no obstante, la insistencia del debate público en centrarse en su protagonismo  (convirtiéndolo en el Sheriff bravucón que decide todo en el pueblo) termina muchas veces siendo la excusa para no discutir políticas y adjudicar responsabilidades. En el caso yerbatero, cabe preguntarse si el Estado misionero es portador del compromiso social que el diputado Ziegler le reclama a la industria. Hay más de un argumento que hace pensar en una actitud, por lo menos, ambigua o floja de objetivos, como el fracaso de la ley de creación del mercado consignatario, que se aprobó en un año electoral en el propio Congreso de la Nación, a instancias de la Apam, y se archivó después; o la actual indeterminación sobre el complicado “régimen de corresponsabilidad gremial” . “Regulación posmoderna”Más allá del extenso listado de intentos de solución que no prosperaron, o prosperaron a medias, pareciera que el error que se comete es que, luego de 55 años de regulación, y tras la desregulación abrupta de 1991, pese a que esta profundizó la desigualdad y la concentración de la riqueza en el sector, no se ha definido una nueva regulación, acorde a las exigencias de los tiempos actuales.  En 2002, presionado por los “tractorazos” de los productores, se creó el INYM, en medio d e una confusión de objetivos que impera hasta hoy. Los productores que se concentraban en la plaza pidiendo “precios justos” creyeron que el objetivo del Instituto sería resolver la crisis de precios y “establecer un equilibrio entre la oferta y la demanda”.Esa esperanza, ¿estaba fundada en razón? ¿O la creación del organismo nacional fue una “huida hacia adelante” de un gobierno que no tenía respuestas sustentab
les, entonces, y no tiene ahora, para el drama de la pequeña producción yerbatera?Un estudio de la UNaM apunta a esta indefinición al calificar, irónicamente,  de “desregulación posmoderna” a lo actuado desde la creación del INYM en adelante.  La estructura comercial oligopólica del sector industrial, en el que 12 empresas se distribuyen alrededor del 90% del mercado, y de éstas, las 5 más grandes acaparan  más del 50% de las ventas, hace que se necesiten políticas públicas ciertas y consistentes que regulen la asignación de recursos, y  equilibren los  actuales  contrastes en la percepción del ingreso yerbatero. ¿El gobierno provincial tiene una respuesta que no sea llamar al Sheriff?Por lo bajoEn estos días en que la política habla por lo bajo,  en el radicalismo misionero se blanqueó que el médico y ex concejal Osvaldo Navarro será el desafiante del oficialista Hernán Damiani para definir por internas la conducción del Comité Provincia.  El “navarrismo”  invoca un  impulso generacional contra una conducción obsoleta, y  afirma que detrás del cardiólogo coinciden las dos tendencias que, sumadas, “sacaron más votos en las últimas elecciones”. Desde el arco de la actual conducción sugieren  sospechas de connivencia con el oficialismo.En la práctica, se destaca la recuperación del tradicional amor de la UCR misionera por las internas partidarias.