La Resolución, que no tiene carácter vinculante, fue votada positivamente por 136 países, la abrumadora mayoría de los Estados representados en la ONU, en tanto que sólo seis naciones, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania, Israel y Japón, rechazaron la propuesta regulatoria, y 41 optaron por la abstención. La iniciativa, como es sabido, correspondió a la Argentina y se inserta en las medidas vinculadas a la presión de los fondos buitres, amparados en un discutido fallo y una clara parcialidad del juez estadounidense Thomas Griesa, aunque el objetivo va más allá de este caso en particular, y por ello logró el apoyo de la mayoría de los países de América Latina, Asia y África. Más allá de las posturas vinculadas al proceso electoral, y del caso particular de la puja con los Holdouts, el pronunciamiento de la ONU es significativo al tratarse de una iniciativa independiente de los países emergentes, que aspiran a crecer en protagonismo en un escenario internacional tradicionalmente reservado a un grupo reducido de grandes potencias. La regulación de los procesos de reestructuración de deudas a partir de normativas sancionadas por consenso desde un organismo como la ONU, por otra parte, implica una decisión de política internacional no menor, sobre todo si se piensa en el auge desproporcionado del sistema financiero internacional, en los últimos años, y su efecto desestabilizador sobre los países en desarrollo.La regulación con base exclusiva en cláusulas contractuales, en este ámbito, tiende a ser insuficiente cuando no se trata únicamente de cuestiones de negocios, sino del bienestar de los pueblos y la soberanía de las naciones.
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