Manifestantes pacíficos protestan contra la corrupción y reclaman un nuevo sistema político: la inédita ola popular en Guatemala recuerda al movimiento de los “indignados” españoles y sus promotores desean inspirar a los vecinos Honduras y El Salvador.“Sí, nos identificamos con los ‘indignados’”, confía Álvaro Montenegro, estudiante de Derecho de 27 años que forma parte de los organizadores de las primeras protestas en Guatemala, en abril pasado.“De alguna manera, sí nos inspira, pero no fue algo planificado, son las circunstancias de cada país”, señala, y subraya las diferencias entre España y Guatemala, país minado por la violencia del crimen organizado y la pobreza, tras 36 años de guerra civil (1960-1996).Fue un simple evento en Facebook el que encendió la chispa: el llamado a manifestarse el 25 de abril, luego que se revelara un escándalo de corrupción que alcanzaba al Gobierno.“Emitimos un comunicado para decir que no estábamos vinculados a ningún partido político, que no iba a haber ningún escenario porque no queríamos promover a ningún líder, y que queríamos hacerlo de forma pacífica”, explica Álvaro.Gracias al boca a boca y a las redes sociales la convocatoria superó todas sus expectativas: unas 30.000 personas participaron de la primera manifestación, a la que asistieron familias, estudiantes, jubilados e indígenas.Las marchas se fueron sucediendo así como las revelaciones de nuevos casos de corrupción, que salpicaron al propio presidente Otto Pérez, a quien el martes el Congreso despojó de su inmunidad para que sea investigado por la Justicia.El ambiente y el discurso de los manifestantes guatemaltecos recuerda a los “indignados”, vasto movimiento de protesta popular contra la corrupción que sacudió a España desde 2011.“Efectivamente hay muchas similitudes, a excepción del contexto de violencia y de la cultura política existente bien entendida”, dice a la AFP Kevin Parthenay, investigador del Opalc, observatorio sobre América Latina del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po Paris).“Tomando en cuenta estos dos últimos aspectos pareceríamos más cercanos a la ‘primavera árabe’ que a los ‘indignados’”, indica, y dice no estar “totalmente convencido” sobre un efecto de contagio a toda Centroamérica.“Veo la emulación más posiblemente en Honduras que en El Salvador”, estima.Hondureños con antorchasEn las últimas semanas comenzaron protestas en Honduras, donde el partido del presidente Juan Orlando Hernández (derecha) también es acusado de corrupción.Alentados por los resultados de la comisión internacional de la ONU contra la impunidad en Guatemala (Cicig), los hondureños, que también se autoproclaman “indignados”, exigen una comisión similar en su país.Cada semana desfilan con antorchas, también reclamando la renuncia de su presidente.“Antes los participantes en las manifestaciones eran vistos como vagos, vándalos, ahora eso ha cambiado, familias enteras hasta con niños salen a manifestarse, hasta los niños están viendo que la corrupción es mala”, señala Gabriela Blen, estudiante de 27 años en contacto regular con el movimiento guatemalteco.Según Blen, “antes había una actitud pasiva hacia la corrupción y eso ha cambiado”.“Los medios trataron de invisibilizar el movimiento, pero llegó a ser tan grande que les resultó imposible”, indica por su parte Paul Emilio Zepeda, abogado de 28 años involucrado en este movimiento que hasta ahora ha reunido hasta 100.000 personas.Compartir experienciasLos “indignados” de Guatemala esperan también inspirar a El Salvador, donde está prevista el próximo sábado la primera protesta.“Les estamos dando mucha información, compartiendo nuestra experiencia”, explica Álvaro Montenegro.En este país es el expresidente Francisco Flores quien está involucrado en un escándalo de corrupción, pero hasta ahora no ha surgido ningún movimiento de protesta. Tampoco en Panamá, donde el exmandatario Ricardo Martinelli, investigado por la Justicia, dejó el país en enero.En El Salvador “sobre todo la derecha opositora quisiera ver cuanto antes instalada alguna comisión al estilo de la Cicig de Guatemala”, explica el analista Dagoberto Gutiérrez.Y en Panamá “hay un despertar en la población, que empieza a estar cada día un poco más atenta a los temas de corrupción”, comenta Ramón Arias, presidente de la Fundación para el Desarrollo y la Libertad Ciudadana.Esto “no ha tomado quizás la fuerza de Guatemala y Honduras en los últimos tiempos, porque aquí la gente es quizás un poco más pasiva ante los escándalos de corrupción pero (…) se comienza a ver un sentimiento generalizado de que la corrupción no es tolerable”, explica.En España el movimiento de “indignados” derivó en 2015 en el éxito político de los partidos Podemos y Ciudadanos.En Guatemala, donde habrá elecciones generales el próximo domingo, “apenas estamos empezando”, observa Manfredo Marroquin, presidente de la ONG Acción Ciudadana, rama local de la organización contra la corrupción Transparency International.Pero cree que si esto no se traduce más adelante en una fuerza política, “no sirve para nada”…. Y finalmente renuncióEl presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, renunció a su cargo y se presentó el jueves ante la Justicia para responder acusaciones de corrupción que hundieron al país en una severa crisis política en la antesala de las elecciones generales.El Congreso, que le retiró esta semana la inmunidad, se reunirá alrededor del mediodía para aceptar su dimisión, con lo que el mandato pasará al vicepresidente, Alejandro Maldonado.Pérez Molina, un general retirado de 64 años que llegó al poder en el 2012 prometiendo “mano dura” contra la delincuencia, había quedado aislado en las últimas semanas mientras decenas de miles de personas salían a las calles pidiendo su renuncia, indignados por los escándalos que salpicaron a su gobierno.El presidente, que tuvo altos cargos militares durante la guerra civil (1960-1996) y se lo ha vinculado a masacres cometidas por el Ejército contra indígenas, está acusado de liderar una poderosa mafia aduanera junto a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, imputada por el caso y quien se encuentra en prisión preventiva.“Teniendo en cuenta por sobre todo el interés del Estado, me corresponde continuar con el debido proceso y por lo tanto presentarme ante la Justicia y dirimir mi situación personal, con la convicción de hacer lo correcto, me dirijo a usted y al honorable Congreso de la República para presentar mi renuncia”, dice la carta dirigida al presidente del cuerpo legislativo.“Con los principios y valores en los cuáles me he formado enfrentaré con la conciencia tranquila, los procesos que correspo
nda”, agrega.La carta de renuncia fue firmada hacia las 19 hora local miércoles (21 en Argentina) y enviada al legislativo a media noche, explicó el mandatario.El mandato de Pérez Molina debía terminar oficialmente en enero del 2016. Guatemala celebrará el domingo unas elecciones sin un claro favorito para ganar por mayoría absoluta, por lo que se prevé una segunda vuelta el 25 de octubre.“Les pido paciencia”El mandatario ha negado las acusaciones y en las semanas previas rechazó varias veces renunciar pese al avance de las pesquisas de la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que lo señalan como jefe de La Línea, un grupo que cobraba sobornos por el paso de mercancías importadas sin pagar impuestos.“Este es el momento más difícil y más duro que me ha tocador vivir en 64 años”, dijo Pérez Molina a Radio Sonora de Guatemala. “Pude salir del país, pude pedir asilo político, pero escogí el camino que debe escoger cualquier hombre que quiere construir un país y que quiere responder a la Justicia”.El mandatario llegó poco antes de las 9 (mediodía en Argentina) a los tribunales para enfrentar los cargos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera.“Les pido paciencia. Por eso me he sometido a los procesos, para que Guatemala pueda seguir adelante y para que no haya violencia, ni derramamiento de sangre”, dijo Pérez Molina.La crisis política en el país centroamericano desató la furia de la población, empresarios y la Iglesia, y opacó las campañas para los comicios del domingo, a los que el empresario opositor Manuel Baldizón y el presentador de televisión Jimmy Morales llegan encabezando las encuestas.“Esperamos que le agarren y que cumpla la pena que tiene que cumplir en la cárcel”, dijo Juan Carlos Carrera, un abogado de 38 años de la capital que tocaba la bocina de su auto y ondeaba una bandera guatemalteca en su camino al trabajo.“Es algo que se logró sin balas. Es una revolución ciudadana porque Guatemala lleva muchos años estando dividida con mucha injusticia”, concluyó.Una economía que parece en buena forma pero corroída por la corrupciónEn pleno crecimiento y dotada de una moneda fuerte, la economía guatemalteca es una de las más sólidas de América Central, pero el país está corroído por la corrupción, que tiene un costo considerable para el fisco.“La economía guatemalteca presenta un crecimiento muy estable, de 3% a 4% anual, en estos últimos años”, observa Francisco de Paula Gutiérrez, profesor en la escuela de comercio Incae, de Costa Rica.A sus principales socios comerciales -Estados Unidos y sus vecinos de América Central- el país exporta fundamentalmente “café, bananas, azúcar, productos textiles”, dice este docente, que subraya igualmente la solidez de la moneda local, el quetzal, en un contexto en el que la mayor parte de las divisas latinoamericanos se han depreciado fuertemente.“Sin embargo, los indicadores de competitividad, de desarrollo humano, de pobreza, son muy débiles”, matiza Gutiérrez, explicando esos datos en función de los muy bajos ingresos fiscales, “de alrededor de 10,5% del PIB”, contra una media de 34,1% en la OCDE en 2014.En América Central, Guatemala “está en el grupo de naciones con mayor crecimiento”, coincide Mynor Cabrera, de la Fundación Económica para el Desarrollo (Fedes).El país “cuenta con cuatro motores: el sector financiero, las telecomunicaciones, la energía y las industrias extractivas, como la minería y el petróleo”, señaló.Pero también este economista critica la debilidad de los ingresos fiscales. “Guatemala carece de capacidad, en términos de ingresos fiscales, para contar con servicios públicos de calidad”, destaca.Fue por un escándalo de corrupción que Otto Pérez renunció a la presidencia, luego de que el Parlamento lo despojara de sus fueros tras ser acusado de dirigir una red que exoneraba de impuestos a cambio de sobornos, y de que un juez emitiera el miércoles una orden de arresto en su contra para ser indagado por la Justicia.“La corrupción ha devorado al Estado”, resume Manfredo Marroquín, director de la ONG Acción Ciudadana, rama local de la organización anticorrupción Transparencia Internacional.“Casi todos los servicios públicos se desplomaron”, dice, y cita el ejemplo de los hospitales, “en los que se les pide a las familias de los pacientes que compren algodón, tijeras, porque el personal está pero no hay ningún material, ni siquiera el más básico”. En la educación, agrega Marroquín, “se puede encontrar escuelas construidas hace 50 años que se han quedado sin techo, que no tienen pupitres suficientes para todos los alumnos, con pisos de tierra”.500 millones de dólares esfumadosEl Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) calculó semanas atrás, en colaboración con la ONG Oxfam, el costo de la corrupción para las arcas del Estado.“Lo que hallamos, a pesar de que una medición así es muy difícil por el lado oscuro y las múltiples facetas” de este flagelo, “es que cerca del 30% del presupuesto es vulnerable a la corrupción”, en razón de la falta de transparencia y de controles y de una legislación ambigua, dice Jonathan Menkos, director ejecutivo del Icefi.Si 20% de ese total “se perdiera efectivamente en corrupción -el nivel mínimo observado en el resto del mundo- tendríamos una pérdida de alrededor de 4.200 millones de quetzales, unos 500 millones de dólares”.El costo final de la corrupción “representa cuatro veces el presupuesto actual del ministerio público, encargado de luchar” contra ella, lamenta Menkos.El instituto comparó esas cifras con los gastos sociales del Estado en un país en el que 53,7% de la población vive bajo el umbral de pobreza, según datos del Banco Mundial.Los 500 millones de dólares evaporados equivaldrían “más o menos a las tres cuartas partes del presupuesto de la salud pública, a 3,5 millones de niños sin alimentación en la escuela” y a “la pérdida de unas 5.000 becas en educación”.Y supone también que “800 mil adolescentes carezcan de posibilidades de acceder a programas de prevención de la violencia, en un país en el que los jóvenes son a menudo carne de cañón del crimen organizado”, responsable de la mayor parte de las 6.000 muertes violentas que se registran cada año.
Discussion about this post