Crítico con el futuro de la universidad pública y de la ciencia, Roberto Salvarezza vino a dar una charla y se tomó el tiempo para visitar un merendero. 
En una visita exprés a Misiones, con agenda completa, el doctor en bioquímica, expresidente del CONICET y actual diputado nacional, Roberto Salvarezza, participó de una jornada de debate en la Facultad de Humanidades. Estuvo coordinada por la antropóloga Beatriz Leittes y Tekoa y la asociación de antropólogos y ciencias sociales de Misiones, de la cual Leittes es presidenta.
Luego de tomar contacto con la comitiva que organizó su viaje a la tierra roja, y de reunirse con autoridades universitarias locales, Salvarezza visitó el merendero Lucas Décima, nombre del joven de 16 años asesinado por el gatillo fácil en Buenos Aires.
Como actual vicepresidente de la comisión de Ciencia y Técnica de la Cámara de Diputados de la Nación, Roberto Salvarezza contó a este Diario que realiza permanentes recorridas al interior del país, con el objeto de interiorizarse de la situación en la que están las universidades y los organismos de ciencia y técnica.
Misiones es un polo que había crecido mucho, con una actividad científica de parte del CONICET y de la universidad muy importante, con tres institutos de investigación gracias a la integración de jóvenes científicos y el objetivo ahora fue volver a tomar contacto ya que la última vez que estuve aquí fue en 2015, contó el científico en el marco de una charla con PRIMERA EDICIÓN en la cual denunció un creciente malestar y decepción con las políticas implementadas en materia de ciencia y tecnología.
El sistema científico tiene básicamente en las universidades y el CONICET a los productores de ciencia básica con aplicaciones tecnológicas y después tiene a los ejecutores puntuales INTI en la industria, en INTA en la agricultura, la Comisión Nacional de Energía atómica, en energía nuclear. Si el Estado va castigando a esos actores, recortando la cantidad de investigadores que pueden ingresar al sistema y si no se financian, se termina emigrando, señaló en algunos tramos de la charla. A continuación, las impresiones de la entrevista:
Usted viene a dar una charla que se llama Ciencia y Universidad en la encrucijada. ¿Hay luz al final del túnel?
Si vos sumás todas las variables: recortes salariales, desfinanciamiento de los proyectos y el recorte a los ingresos a la carrera, hacen que tengamos un escenario de muchos jóvenes capaces que se formaron estos años y que recibieron una inversión muy importante del Estado, que están pensando en continuar sus carreras en el exterior. Esto nos pone a las puertas de un quinto éxodo de cerebros.
Hemos tenido cuatro fugas muy claras en distintos momentos de la historia argentina y este sería el quinto. El primero fue la noche de los bastones largos, que comenzó en la época de (Juan Carlos) Onganía, el segundo fue en 1976 con el advenimiento de la dictadura de (Rafael) Videla y luego fue le éxodo de la hiperinflación del Alfonsinismo entre 1988 y 1989. El cuarto fue en el 2001. Una sociedad que no retiene su recurso humano más calificado ni sus intelectuales, que se han formado en el sistema público, es un retroceso. Cuando no los retenemos, la sociedad pierde porque se dirige a una decadencia que después lleva años revertir.
¿Cómo se mide ese impacto socialmente?
Ese impacto la sociedad lo va a percibir de manera muy clara. El caso del INTI es directo. Hoy día todo lo que es ingreso de productos industriales o de materiales son chequeados por el INTI para que puedan ser ingresados al país bajo normas de calidad y seguridad.
Ese organismo tiene un laboratorio que mide asbestos, un producto cancerígeno detectado en los vagones del subte de la Línea B que compró el actual gobierno, por ejemplo.
Técnicos del INTI detectan arsénico en agua y hacen que uno pueda tomarla sabiendo qué contenido tiene. El caso del INTA con toda la extensión con los productores rurales, es similar.
Toda la comunidad científica universitaria aporta todos los días conocimiento a la sociedad. El caso del SENASA con lo que consume la población en alimentos que está garantizado, no sólo lo que entra sino también las exportaciones argentinas.
Todo lo que trae como consecuencia es una pérdida de control del Estado sobre cuestiones que hacen a la salud pública, a la seguridad y a la soberanía tecnológica. También tiene que ver con ésto lo que está pasando en el caso del plan nuclear. Antucha III se ha suspendido, no se va a construir y ello trajo aparejados 600 despidos de la UOCRA y UOM. Todo está impactando negativamente en el empleo, salud, seguridad y soberanía tecnológica. Es un impacto que se percibe todos los días.
Hay que pensar que a la Argentina no le sobraba nadie en el sistema científico tecnológico. El país tiene tres científicos por cada mil habitantes de población económicamente activa, que es un buen número para Latinoamérica. Ésto se había conseguido con doce años de promover ciencia y tecnología.
Sin embargo, países como Israel o Australia, que son los modelos que toma este Gobierno, tienen entre 14 y 9 investigadores por cada mil habitantes. Es decir, tendríamos que incrementar el número de investigadores si es que realmente el Gobierno pretendiera tener un Estado, o un país que sea competitivo en innovación y tecnología, pero se camina en dirección absolutamente contraria a ésto, expulsando científicos.
Como Diputado usted votó a favor de la Ley IVE. Como sociedad, ¿estamos preparados para legalizar el aborto?
Estoy seguro que sí. Mi posición previamente manifestada fue acerca de la despenalización del aborto, bastante antes de llegar a la discusión y a la media sanción. Veo que efectivamente Argentina tiene una tasa de abortos que es muy grande e inclusive con una cifra difícil de determinar porque al ser clandestino ni siquiera se tienen los elementos para evaluar la magnitud del problema que sabemos que es muy grande. Ésto ocurre independientemente de que esté la ley aprobada o no. Me parece que de alguna manera lo que va hacer la ley es decir bueno nos hacemos cargo para que no sean clandestinas, que se pueda tener un control a través de un observatorio, como está propuesto en la ley, para saber la magnitud del problema sin desconocer que la solución está en la educación sexual y en los programas de anticoncepción.
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