En Viedma, la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), respaldó los planteos que viene realizando el ombudsman de Posadas, Alberto Penayo con respecto al aumento de la factura del servicio de energía eléctrica.
En la oportunidad los defensores del Pueblo manifestaron su acuerdo con el proyecto que se debate en el Congreso nacional para que las subas de las tarifas no puedan ser superiores a la proporción del incremento salarial.
El reclamo puntual de los integrantes de ADPRA es una tarifa social, la lógica de razonabilidad en los precios, proporcionalidad, gradualidad y no confiscatoriedad, y que se establezca un acuerdo político para el plan de desarrollo energético nacional.
El razonamiento que intentamos lograr que la Nación entienda es que los costos de las tarifas de los distintos servicios no pueden ser confiscatorios para el usuario, es decir que una familia no puede resignar gran parte de sus ingresos al pago de los servicios, dijo Penayo.
Si el salario mínimo vital y móvil no llega a 10 mil pesos, cómo esperamos que puedan hacer frente a estas subas en las tarifas, más teniendo en cuenta la situación de Posadas en particular y Misiones en general, incluso en todo el NEA, donde somos electrodependientes porque aún y ya casi pisando el 2020 es inconcebible que no haya llegado el servicio de gas en red, cerró el defensor del Pueblo capitalino.
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