No son pocos los funcionarios provinciales y municipales que aparecieron tras la tapa de este Diario, advirtiendo dificultades o problemas para que el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) nacional llegue finalmente a Misiones, tras el ultimátum llegado a la tierra colorada para que ello ocurra en octubre a más tardar.
La resistencia se fundamenta en que municipios como Candelaria y Garupá deberían sumarse al cambio de sistema, dejando atrás a la problemática SUBE Misionera que intentó ser homologada sin éxito.
En las redes sociales, el Grupo Z que administra la SUBE provincial, puso a un grupo de empleados a rechazar y cuestionar la llegada de la SUBE nacional en cuanta nota periodística aparece sobre la solicitud de cambio.
Es más que evidente la estrategia del poderoso monopolio que rechaza (como lo hizo durante 2017 cuando Posadas incluso debió firmar el convenio para homologar la tarjeta misionera con la federal) el necesario cambio en beneficio de los miles y miles de usuarios hartos del destrato al que -lamentablemente- intentan acostumbrarlos.
Lo curioso es que pocas son las voces de organizaciones de usuarios y consumidores como de legisladores que hasta no hace mucho tiempo, durante la audiencia pública en la que se debatió el último boletazo en diciembre pasado; enarbolaron la necesidad de la llegada de la SUBE nacional. No solo porque se aplicará la Tarifa Social, se puede utilizar en transportes como el tren internacional (también en manos del Grupo Z) sino que con otros beneficios al trasladarse a otras provincias del país que ya cuentan con este mismo sistema.
En definitiva, el tiempo dirá si quienes deben poner su trabajo para el cambio, lo hacen en tiempo y forma. De lo contrario, habrá que seguir bajo el mandato Z con protección política que impedirá a los usuarios probar una nueva forma de pagar.
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