La Comisión Provincial de Prevención de la Tortura de la provincia (CPPT) dio a conocer el primer informe de trabajo de monitoreo en las unidades carcelarias y comisarias, que además contiene el detalle de los objetivos y recomendaciones para el próximo año. Del documento presentado se desprende que los mayores casos de malos tratos o violencia denunciados se dieron en las comisarías con los detenidos. No obstante, la presidente de la Comisión, Rita Núñez, comentó que “es por el contexto en que están, pues muchas veces son casos de personas que estarían pocas horas detenidos entonces no temen hacer las acusaciones. Mientras que en las unidades deberían convivir con los presuntos agresores”.Por su parte, otro integrante de la Comisión, Fernando Genesini, indicó en la presentación que “debo rescatar de positivo que el servicio penitenciario está proclive a un cambio, pero tenemos algunos elementos y personas nocivas”. Asimismo, dijo que “en este sentido, los directores del Servicio Penitenciario Provincial deben entender que no tienen que dejar todo en manos del Ministro de Gobierno, para que sea el fusible de pedir la separación de ese elemento nocivo, tienen que ser los directores o los comisarios porque ellos son corresponsables de los malos tratos, inhumanos, degradantes o torturas que se dan en la base del sistema, ya sean en las personas privadas de su libertad o a los detenidos en las comisarías, porque hemos comprobado que en estos sitios se dieron los mayores casos de malos tratos o tortura”. Protocolo de requisaNúñez indicó que “decidimos, por el momento, no incluir porcentajes de las denuncias recabadas, pero más adelante vamos a agregar estos datos”. La presidente de la Comisión afirmó que “en la requisa es donde se producen los malos tratos, en ese procedimiento hay muchos que son víctimas de malos tratos. Sin embargo, entendemos que no se puede prescindir de esta situación, pero tenemos que trabajar a futuro en la elaboración de un reglamento de protocolo en requisa, ajustado a las normativas. También tenemos que aspirar al cumplimiento de la función de la detención: la reinserción social de la persona que comete un delito”. “La cuestión de golpizas están individualizadas, por ejemplo se da cuando alguien llega a la unidad y es recibido por los demás internos. Pero el agravante es lo que sucede en los casos de menores, que es una materia pendiente en Argentina, porque la normativa data de la época de la dictadura. Y en este sentido, la Provincia no escapa a esa deuda pendiente”. “Lo más urgente es, en cuestión infraestructura, la necesidad de reparar las unidades más antiguas, como por ejemplo la de Oberá, Eldorado, y también la UP 4, donde hay que reconocer que hubo algo de renovación”, aseguró la titular de la CPPT y reconoció que “hacía falta el monitoreo de las unidades penitenciarias y comisarías, sobre todo para prevenir hechos de malos tratos del personal a cargo de la custodia y cuidado de las personas en contexto de encierro”.“Hemos recorrido gran parte de la provincia y recomendado a la autoridad de aplicación cuestiones que tienen que ver con las condiciones de habitabilidad de estos lugares; con la necesidad de acondicionamiento y refacción de algunos; la alimentación de los internos; y la dimensión educativa”, finalizó. La presentación se dividió en tres partes. La primera en el marco legal y al proceso de constitución del Sistema Provincial y su metodología de trabajo. Luego expusieron los principales hallazgos de la Comisión registrados durante las visitas y entrevistas realizadas durante el año. También incluyeron las recomendaciones, los resultados obtenidos en comparación a lo solicitado con anterioridad, y las nuevas recomendaciones para la autoridad de aplicación. Por último, contaron el accionar de la Comisión fuera de los lugares de detención y su relación con el sistema de Justicia.
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