País desigual

Pasando por alto que sus políticas macroeconómicas han generado en la práctica un creciente déficit fiscal y un histórico déficit comercial, el Gobierno nacional insiste en colocar a las provincias de menor desarrollo relativo en el banquillo de los réprobos en materia de manejo de los recursos públicos. Un estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, (Idesa), sin embargo, reveló un manejo discrecional de los recursos por parte del propio gobierno nacional; que ostensiblemente favorece al distrito más rico del país en la asignación de recursos. Analizando los números del Presupuesto nacional para el año 2018, el Instituto reveló que el Gobierno de Mauricio Macri gasta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 9 veces más que en el resto del país. En el período indicado, el presidente Macri proyecta erogar 121 mil pesos por habitante, mientras que en Misiones y el resto de las provincias el gasto será de 14 mil por habitante. El economista Jorge Colina, director de Idesa dijo a la prensa que de los 88.000 millones asignados a infraestructura de transporte, “49 mil millones, (56%) son para el desarrollo del transporte urbano en el área metropolitana de Buenos Aires, y el resto para el Plan Vial Nacional”. Basado en estos datos más que preocupantes, Idesa advierte que “la fuerte centralización de recursos y su manejo discrecional, además de ser un factor de atraso es fuente de tensiones”; y sostiene que este tipo de inequidades aparecen en procesos secesionistas como el de Catalunya. La manifiesta desigualdad en la asignación de recursos no debería verse como un hecho anecdótico, ya que traduce una visión centralista que impregna las políticas de Macri frente a las economías regionales extra pampeanas y es central en el proyecto de reforma fiscal que impulsa el gobierno. Además de tirar por la borda los principios del federalismo fiscal, que asigna al Estado la función de limar progresivamente, mediante políticas públicas, las desigualdades de infraestructura entre regiones; este uso del Presupuesto para legitimar una transferencia regresiva de recursos nacionales deja la impresión -inquietante- de que desde el más alto poder del Estado se planifica un país desigual.