Un juez de faltas de La Pampa será sometido a juicio oral acusado de “haber levantado en tiempo récord y sin el menor recaudo legal” la clausura preventiva de un prostíbulo, tras un allanamiento en el que se había constatado la presencia de mujeres que eran explotadas sexualmente.Se trata de Sebastián Sancho (de 40 años), quien cumplía esas funciones en la Municipalidad de General Acha, al que se le imputa el delito de ‘violación de los deberes de funcionario público’, en un proceso que estará a cargo del Juzgado Federal de Santa Rosa.A pedido de la fiscal federal Adriana Zapico, también serán sometidos a juicio la presunta dueña del prostíbulo, identificada como Marta Arminda Silva (45), y su hijo Carlos Raúl Silva (25); ambos acusados “trata de personas con fines de explotación sexual”.La causa se inició el 8 de noviembre de 2011, luego de un allanamiento y clausura del local “El Delfin”, ubicado en el kilómetro 27,5 de la ruta provincial 152, en General Acha, cuando se constató la presencia de dos mujeres, una de nacionalidad paraguaya y la otra argentina; aunque a través de otros hechos se determinó que también había, al menos, cuatro más oriundas de la provincia de Misiones.Además, durante el procedimiento se encontraron preservativos, libretas sanitarias y una habitación aledaña a la que se podía ingresar a través de una puerta de reja y que tenía un colchón en el suelo y un recipiente con profilácticos usados.La primera fiscal que tuvo la causa, Marta Odasso, dispuso la clausura del local, pero el entonces juez Sancho levantó esa medida por entender que “no se había cometido falta alguna”. “Esa actuación resultó abusiva, ya que al dictar una resolución carente de todo tipo de fundamentación por la que (el acusado) levantó una clausura en tiempo récord en menos de 24 horas, sin el mínimo recaudo legal y que había sido ordenada por una funcionaria judicial en el marco de sus atribuciones y en una causa donde se había acreditado prima facie la ocurrencia de graves delitos, termina por dar cuenta, a esta altura procesal, que la acción cometida por el imputado se llevó a cabo a sabiendas de la contrariedad del acto”, señaló el auto de elevación a juicio.Según el requerimiento, en junio de 2012, en el local se registraron agresiones y golpes que sufrió una de las víctimas que era explotada y que habrían sido propinadas por un “cliente” del lugar.
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