“Decidimos recurrir a la vía legal porque hay personas que están desesperadas porque tienen fecha para esta semana, para la que viene, para octubre, noviembre. Desde la comuna salieron a decir que no se realizaban más exhumaciones pero las siguen haciendo. El martes se efectuaron diez, el lunes 11, y así todos los días”, dijeron.Manifestaron que el domingo las 37 familias fueron al camposanto a firmar el recurso de amparo con el abogado pero “los empleados no nos permitían entrar con carpetas, tomar fotografías ni repartir folletos, que durante el primer tiempo sí podíamos hacer. Dijeron que son órdenes de arriba. Estamos desesperados porque no tenemos ninguna respuesta, y es por eso que el lunes se hizo la presentación”.Contaron que “conocemos casos de personas que tenían que retirar los restos a las 6.45 y llegaron a las 6.50 y ya los habían exhumado, mostrando solo algunos huesos. Otras personas que fueron a visitar al familiar y ya no estaban. Había otras placas en su lugar”.Se quejaron porque quienes cumplimentan estas tareas “son empleados municipales pero no hay una cuestión profesional. Y los familiares no tienen respaldo psicológico, como dicen. Después de cinco años de estar en tierra, los exhuman, los ponen en una urna de madera que tenés que comprar en una carpintería determinada porque así te indican”. Confiaron que toda esta operación genera un gasto extra y “hay gente que no tiene esa plata. La urna más barata cuesta 900 pesos. Luego hay que pagar 300 pesos por el sellado del nicho. El mantenimiento sale un poco más caro que si estuviera en tierra. Es una cuestión inhumana”.Cementerio colapsadoEl director de Administración Descentralizada de la Municipalidad de Posadas, Alberto Penayo, dijo que las acciones que se llevan a cabo están en el marco pleno de una ordenanza que está vigente desde el año 1982 y ratificada por el Digesto Jurídico el 16 de noviembre de 2005. “A partir de ahí cobra nuevamente fuerza como una ordenanza en estado democrático en todos los puntos establecidos. Si el juez o la jueza otorga el amparo seremos comunicados y con el área jurídica veremos cuál es el camino a seguir. Acá hay que tener en cuenta que lo que se está cuestionando es una ley democrática hecha por el Concejo Deliberante, no por nosotros”. Explicó que el procedimiento tiene un protocolo, de seis, siete, ocho meses, hasta un año de tiempo antes que se haga el traslado y que los que hoy se realizan se iniciaron en enero o febrero. A pesar de que la norma establece que “cumplido el plazo se proceda al retiro dentro de los 30 días”. Recordó que el cementerio La Piedad colapsó en el año 82 que es cuando se pone en vigencia esta ordenanza.
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