Se acumulan las denuncias y los denunciantes por distintas irregularidades en el Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) “Cecilia Braslavsky” de Aristóbulo del Valle. Desde la designación de cargos docentes sin concurso hasta alteración de actas pasando por arbitrariedad en la toma de decisiones y amenazas. Reclaman la intervención de la institución por parte del Consejo General de Educación (CGE).Luego de agotar todas las instancias establecidas para plantear quejas y denuncias en el CGE, un colectivo de docentes de la institución más alumnos afectados decidieron hacer pública la situación que se vive en el ISFD desde su creación en 2014. PRIMERA EDICIÓN se contactó con cada uno de los denunciantes que pidieron mantener sus nombres en reserva por el miedo a represalias por parte de la rectora de la institución, María Teresa Ojeda, una de las principales acusadas por educadores y alumnos.“La situación es difícil y compleja para los docentes y alumnos y comenzaron desde la creación del ISFD en 2014. La rectora está puesta por el exgobernador Maurice Closs porque tienen una especie de parentesco”, aseguraron a PRIMERA EDICIÓN los integrantes de este colectivo de docentes que agrupa alrededor de diez trabajadores que se unieron para hacer frente a la situación. “Hay acoso laboral, cada vez más alevoso e impune. Ojeda no respeta al CGE ni a la Dirección de Enseñanza Superior (DES). Si no se hace lo que ella quiere empiezan las persecuciones para docentes y alumnos y son tremendas. Son para meter miedo y mantenernos callados y pasa en todos los profesorados”. Los docentes aseguraron que “todo lo que entra dentro de lo que se considera mobbing (acoso laboral y psicológico), Ojeda lo hace al pie de la letra”. Aseguraron que hay cinco denuncias de docentes por acoso y persecución laboral y casi 100 estudiantes denunciaron persecución, intimidación, aprietes y amenazas.Además, aseguran que la secretaria académica de la institución es psicopedagoga y no tiene título docente. “Si nuestro superior va a criticar nuestro trabajo quisiéramos que sea alguien formado en docencia. Pero en ISFD todo es amiguismo. Ojeda no actúa sola, es un grupo. Un montón de gente a la que le da cargo y horas y los tiene a su disposición. Ellos son quienes agreden a los colegas que no hacen lo que ella quiere, que dista bastante de lo que nos pide el proyecto educativo”.Las denuncias al CGE comenzaron en 2014. Tiempo después llegó a la institución un equipo interdisciplinario para mediar. “Pero en ese equipo había docentes que trabajan en el Braslavsky y responden a Ojeda. Fuimos a las reuniones de mediación pero las desestimamos por falta de objetividad. Es gente de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM). Stella Maris ‘Marilú’ Leverberg está detrás de todo esto. La rectora creó un sistema a través del cual ignora lo que dice el CGE y la DES. Ella responde a Marilú y por encima de Marilú está Closs. El gremio usa este instituto, como tantos otros, para reclutar votantes”, denunciaron. Los docentes remarcaron que “queremos hacer público lo que está pasando porque nos preocupa lo irregular que son las trayectorias formativas de los estudiantes. Ellos sufren mucho, la están pasando muy mal y eso nos preocupa. Además hay docentes perseguidos con altos niveles de estrés y cuando un docente no aguanta más y renuncia quien designa su reemplazante es directamente la rectora. Este 2017 se abrió cuarto año y los docentes que están trabajando no pasaron por ninguna instancia objetiva para acceder al cargo”.Designaciones a dedoLa designación de docentes sin concurso previo es otra de las denuncias que pesan sobre la rectora. “Ojeda es una persona muy arbitraria que no respeta las regulaciones”, insistieron. Este 2017 se creó el cuarto año en la institución y para la designación de docentes no hubo concurso “sino una designación personal”. Lo mismo sucedió con horas que quedaron vacantes. “Repartieron las horas como si se tratara de un objeto material, sin criterio, de una forma no pública y no democrática”.Los currículum vitae presentados para acceder a los cargos fueron desestimados por la rectoría sin respuestas concretas al porqué. Esta situación se denunció en el CGE pero el organismo tampoco supo – o no quiso – responder. “Esto tiene que ver con la formación de los estudiantes porque para designar a un profesor tiene que haber un criterio, no se puede poner a un amigo. Este año no hubo una instancia democrática para acceder a los cargos, se repartieron entre los allegados”, afirmaron los educadores.Alteración de actasUna de las denuncias más resonantes es la alteración de un acta para, literalmente, borrar una nota de una materia ya aprobada de la libreta de una alumna. En marzo de este año, con corrector, borraron la nota de una materia aprobada en 2015 en una libreta con el argumento de que las nuevas disposiciones de promoción de 2016 inhabilitaban la promoción de la materia cursada, y aprobada, en 2015. Para ello se borró la nota no solo de la libreta sino también del acta firmada por los docentes que tomaron la mesa y aprobaron a la alumna. “Le dijeron que tenía que volver a rendir porque no correspondía la promoción. Argumentaron que según el régimen de correlatividades de 2016 no podía haber promocionado la materia que aprobó en 2015”, indicaron los docentes. Según denunció el colectivo de educadores, la alumna fue llamada a rectoría donde la quisieron obligar a firmar un documento en el que reconocía que debía volver a rendir la materia ya que no correspondía su aprobación. En eso momento, la rectora la amenazó con no firmar su título una vez finalizada la carrera en caso de que no firme. La alumna se negó, no solo a firmar, sino también a volver a rendir la materia ya aprobada y se asesoró con un abogado. “Es una locura que un alumno tenga que recurrir a un abogado por una materia”, indicaron los docentes. Tal es el desapego a las reglamentaciones vigentes y al orden institucional en el Braslavsky que se ignoró una disposición de la DES, dirigida a la rectora de la institución, en la que se ordena “retrotraer la decisión institucional de anular la aprobación por promoción de la estudiante” debido a que “ninguna normativa resulta de aplicación retroactiva” y “que las unidades curriculares que hayan sido acreditadas con anterioridad a la Resolución 166/16 deben ser reconocidas a los estudiantes ya que representan derechos adquiridos por los mismos y cualquier alteración de las actas de exámenes que modifique tal situación, resulta una irregularidad”. Hasta el momento, nadie acató la orden y el litigio con la alumna sigue su curso. Movilización en 2016 En septiembre de 2016, docentes y alumnos organizaron una marcha para visibilizar la situación en el ISFD. Según relataron los docentes, previo a la movilización se organizó una reunión de coordinadores, profesores y estudiantes. &l
dquo;En ese encuentro se nos acusó de conspiradores y de que por nuestra culpa iban a cerrar el instituto. Nos dijeron que era antidemocrático hacer una manifestación”, señalaron los docentes. Luego de esta reunión, ante la amenaza de cierre, muchos de los alumnos se tornaron en contra de los profesores. “Nos odiaron”, aseguraron. A pesar de ello la marcha se realizó igual y reunió a un grupo importante de la comunidad educativa de la institución. Esto fue un detonante y, desde ese entonces, la convivencia diaria se volvió más difícil, indicaron los educadores.
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