Reforma tributaria

La reforma constitucional de 1994 logró avanzar en muchas áreas en las que se debía encuadrar la normativa constitucional a los desafíos de los nuevos tiempos y retomar contenidos y prácticas democráticas luego de la larga noche del Proceso de Reorganización Nacional. La reforma dejó más de una enseñanza, por otra parte, en primer lugar sobre la necesidad de contar con un consenso político amplio que permita establecer una agenda de acuerdos básicos realizables y sostenibles en el tiempo. El llamado Pacto de Olivos, entre Raúl Alfonsín y Carlos Menem, líderes respectivamente del radicalismo y el justicialismo, las dos caras del bipartidismo vigente en esa época, cumplió con ese requisito básico en forma pragmática y por ello se pudo concretar una reforma que, a priori, parecía irrealizable. El pacto no fue suficiente, sin embargo, para avanzar en un área fundamental, la reforma de la obsoleta Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Pese a que existía acuerdo pleno en la necesidad de reformar la ley, y en el rol sustancial de esta normativa en democracia; los constituyentes decidieron postergar el tratamiento de la cuestión  impositiva y le pusieron un plazo de 2 años al Ejecutivo para la sanción de una nueva ley. Desde entonces hasta hoy, ningún gobierno logró “ponerle el cascabel al gato” y sancionar una ley más justa y realista que la actual. A las dificultades propias de la normativa legal sobre la que descansa la distribución de impuestos entre Nación y Provincias, dicho sea de paso, hay que agregar la regresividad y el desorden  imperante en la estructura impositiva. La experiencia histórica generada a partir de la pragmática e incompleta reforma de 1994 es importante hoy, cuando se habla de eliminar Ingresos Brutos y sustituirlo por un “IVA provincial” u otros mecanismos, y se promueve unilateralmente desde el Gobierno central un acuerdo con los gobernadores sobre una reforma tributaria. Poco se podrá avanzar si las coincidencias “se refieren más a cuestiones generales que a una evaluación concreta de las alternativas”, como definió un especialista, y no incorporan un amplio y profundo consenso político.