El 1 de mayo arranca un nuevo período de sesiones ordinarias de la Cámara de Representantes que, probablemente, estará signado por las elecciones legislativas del 22 de octubre y el interés de cada bloque en posicionarse ante los electores y las demás fuerzas políticas.El año transcurre de manera similar a 2016, sin los “brotes verdes” ni signos de recuperación en la economía, salvo algunas variables como vehículos, bancos, exportadores de granos y levemente la construcción. Tal vez por esto, la situación social en sus diferentes variables, se perfila como el centro de la agenda legislativa de cara a este año. Problemas como el desempleo, la falta de nuevas industrias, las necesidades sociales de la población y las producciones regionales se presentan como prioridades para los diputados misioneros consultados al respecto. PRIMERA EDICIÓN elaboró una ronda de consultas con legisladores provinciales para conocer de antemano, con la voz de los protagonistas, cuales serán los temas que mayor énfasis tendrán en los próximos meses, en la Cámara de Representantes. Claudio Wipplinger por Trabajo y Progreso; Silvia Rojas por Una Nación Avanzada; Claudia Gauto por el Frente Renovador; Héctor Bárbaro por el Partido Agrario y Social; y Gustavo González por la Unión Cívica Radical, respondieron a la consulta de este Diario y anticiparon sus prioridades.No respondieron Alfredo Schiavoni ni Jorge Ratier del PRO, Hugo Escalada de UCR Vanguardia, como así tampoco Darío Pietrowski del Frente para la Victoria. Banco de tierras y ley de industriasClaudio Wipplinger (TyP) adelantó que “vamos a insistir este año y creemos que el oficialismo debería acompañar este proyecto para crear un Banco de Tierras. Se trata de una iniciativa que presenté hace tres años y busca atender y resolver la problemática de la falta de tierras en la esfera urbana y rural con una legislación integral”. “Entendemos que con el presupuesto que maneja la Provincia se debería dejar un piso mínimo de 1% durante 4 a 6 años para avanzar en la compra de tierras en zonas rurales y urbanas, y diagramar con los municipios un plan de distribución para que los misioneros puedan comprar la tierra a condiciones razonables de acuerdo a sus ingresos. No hablo de regalar la tierra, porque sería injusto, pero sí establecer un mecanismo accesible para que cada uno pueda pagarla con su trabajo”, explicó sobre la propuesta. Por otro lado explicó Wipplinger que “también impulsaremos la ley de industrias porque hay una necesidad de ordenar los trabajos en conjunto en los distintos municipios, coordinar las inversiones para tener un aprovechamiento productivo de los recursos del Estado mucho más eficiente. Eso hoy no pasa, cada municipio plantea su idea como puede pero le falta un marco que lo integre”. “Dentro de esto, se debe contemplar el exceso de costos productivos e impositivos y, además, el Gobierno debe contemplar un análisis por sectores económicos para entender cuales necesitan mejorar sus condiciones de competitividad para generar empleo y crecimiento económico”, enfatizó. Por último consideró que “hay una problemática social que está relacionada al tránsito. El Gobierno tiene las herramientas eficientemente para controlar y hacer respetar las normas de tránsito, para evitar conflictos que -incluso- pueden llegar a pérdidas de vidas. Hay usuarios que ya utilizan cámaras en su vehículo, moto o casco, que registran situaciones y que pueden servir a la Justicia para poner los límites que hay que poner con el respaldo necesario. Esto serviría para que se respete la convivencia ciudadana”.Discapacidad y paridad de géneroSilvia Rojas, de UNA, explicó que “teniendo en cuenta que 2017 ha sido considerado por una ley de mi autoría como el año de las personas con discapacidad, por una sociedad inclusiva e integrada; pienso trabajar en proyectos que sirvan de aporte a la problemática, respondiendo a las demandas que genera la discapacidad, en proyectos que reduzcan las desigualdades, logrando la equidad, eliminando barreras en primer lugar culturales que es la que generamos todos nosotros como sociedad, para luego eliminar las otras barreras que son físicas, comunicacionales, arquitectónicas y laborales”.“Desde hace unos meses estoy trabajando con padres de personas con discapacidad, con asociaciones, con fundaciones, con personal de escuelas especiales, con profesionales, para juntos poder realizar un foro de discapacidad en la Cámara de Representantes; trabajando en ejes importantes como son los derechos humanos que son universales, sin discriminación de ningún tipo, sin olvidarnos de ser equitativos como Estado, velar por todos pero más aún por el más desprotegido, que a mi parecer son las personas con discapacidad”, detalló Rojas.La legisladora enumeró otro de los temas que impulsará “que se llama paridad política equitativa entre géneros, donde básicamente lo que pido es que las listas electivas estén compuestas por un 50% de mujeres y 50% de hombres, es decir, una mujer seguida de un hombre o un hombre seguido de una mujer, de manera secuencial o alternada”.Expresó que “hace muchos años que buscamos generar las condiciones para que la paridad compense las desigualdades que las mujeres y los hombres vivimos en la vida real. Todos y todas suman a la equidad de género si pueden interpretar este proyecto como un punto de partida hacia una sociedad más igualitaria que ubique a las mujeres como pares de los hombres”.Yerba mate e Instituto de la MaderaHéctor “Cacho” Bárbaro anticipó a este Diario que sus prioridades serán la creación de un Centro de Comercialización de la Yerba Mate Misionera y del Instituto de la Madera.En el primer caso, explicó que “es como un mercado consignatario pero elaborado desde el Estado provincial, con fondos de la provincia y del Inym, implementando una tasa que se le cobre a la yerba mate canchada que saquen de acá. La idea para este Centro es utilizar los galpones de la CRYM (Comisión Reguladora de Yerba Mate) para que los secaderos y cooperativas chicas entreguen la yerba a este centro y cobren el precio establecido por ley, con un depósito directo a la caja de ahorro del productor. Con esto nos aseguramos que se cumpla el precio, esto será en principio para todos aquellos productores menores de 10 hectáreas y hasta 50 mil kilos”. Luego enumeró Bárbaro que “la creación del Instituto Provincial de la Madera será para capacitación y producción de muebles, se ubicaría en San Vicente y servirá para desarrollar valor agregado a la materia prima”. Por último, enumeró varios proyectos que se impulsarán como: la creación de un Juzgado Penal en San Pedro; la aplicación de un impuesto a grandes tierras improductivas; y una pensión para los hijos de víctimas de violencia intrafamiliar. Títulos de propiedad y prisión para conductores alcoholizadosLa legisladora Claudia Gauto, del Frente Renovador, comentó que priorizar&aacu
te; “la modificación de los artículos 2 y 5 de la Ley 16 Nº 100, antes ley 4.502, por el cual se autoriza al Ejecutivo a implementar un régimen de excepción a los fines de otorgar títulos de propiedad en inmuebles urbanos y rurales fiscales. Esta ley fue iniciativa en su momento de Carlos Rovira y gracias a esto se han entregado el año pasado miles de títulos de propiedad entre el Gobernador y la Subsecretaría de Tierras. Entonces necesitamos facultar al Ejecutivo para que pueda seguir prorrogando ese régimen y seguir otorgando títulos de propiedad con menos requisitos para la comunidad”. Gauto agregó que “otro proyecto interesante que todavía no tomó estado parlamentario es la reforma de los artículos del Código Procesal Penal 61 y 319, que tienen que ver con la aplicación de los criterios de oportunidad para los casos de excarcelación que hace el Ministerio Público Fiscal al momento de conceder excarcelaciones o eximiciones de prisión. Lo que yo propongo es que, en función de las reformas de enero de este año de los artículos 84 bis y 94 bis del Código Penal, no sean excarcelables quienes sean autores de lesiones o muerte en accidentes de tránsito”.“Significa que no se pueda conceder ni la eximición ni excarcelación cuando se trate de homicidio o lesiones en accidente de tránsito, cuando el conductor se diese a la fuga, no intente socorrer a la víctima o estuviese bajo los efectos de estupefacientes o estuviese con un nivel de alcoholemia igual o superior a los máximos legales, o estuviese conduciendo con exceso de velocidad de 30 km más de la máxima permitida en el lugar del hecho”, finalizó. Justicia, Educación y ProducciónEl radical Gustavo González explicó que “este año vamos a trabajar fuertemente en tres ejes: Justicia, educación y producción. Respecto del primer eje, tener mejor Justicia implica tener mejor seguridad en la provincia. Considero que hay que promover reformas procesales que le den a la víctima de los delitos mayor protección por eso proponemos la creación de la Defensoría Oficial de la Víctima, en la etapa de instrucción penal y de debate oral y público. Por otra parte plantemos varias herramientas para mejorar el accionar de la Policía, como por ejemplo la creación de la Policía Judicial como auxiliar del Poder Judicial y mecanismos para tener cada día una mejor Policía, como las audiencias públicas en los ascensos del personal superior”.“En relación a la educación, Misiones tiene que definir qué proyecto educativo quiere para los próximos veinte años y en eso la Cámara tiene mucho por hacer. Impulsamos la sanción de una Ley de Educación y una Ley de Grilla Salarial. Se debe convocar a un Congreso Pedagógico provincial y entre los distintos actores -de manera democrática y participativa- definir hacia dónde queremos ir en materia educativa”, agregó. Finalmente, respecto de la producción, “planteamos la creación del Banco de Desarrollo Provincial para que a través de la banca pública podamos darle al pequeño productor, a las Pymes y a los emprendedores, el acceso a tasas fijas a largo plazo que no ofrece la banca privada. Este año vamos a trabajar para que se ponga en marcha el Mercado Consignatario de la yerba mate. No hay Inym que funcione sin Mercado Consignatario”. Por último, González anticipó a este Diario el impulso de “un proyecto de ley antinepotismo para mejorar la transparencia y calidad institucional, que prohíbe a los funcionarios de los tres Poderes del Estado y organismos de la Constitución, designar o nombrar agentes de planta permanente o transitoria, o celebrar contratos con parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, cónyuge y pareja”.
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