Desde el próximo lunes volverá a resurgir la polémica abierta ya hace más de un lustro entre la Municipalidad local y el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (Iplyc) sobre la jurisdicción comunal en la habilitación de salas de juegos de azar en la ciudad. En el Concejo Deliberante se retomará el análisis de un expediente olvidado en que el organismo provincial solicita el permiso comercial para el ya en actividad Casino del Hotel Maiteí.Así lo anunció en la sesión del jueves último el titular de la Comisión de Legislación General, Régimen del Empleado Municipal y Enjuiciamiento, Gabriel Nielsen (MP), quien agregó además que esa solicitud había sido encontrada recientemente entre muchos otros papeles de la gestión anterior que van descubriéndose “de a poco”. Explicó que se trata de un expediente “olvidado”, con planos y otros documentos técnicos, presentado por el Iplyc y que ingresó previó a la apertura del casino Maiteí, en octubre de 2014, en el que se gestiona la habilitación comercial del local ubicado en la zona oeste de la ciudad, en cercanías del Centro del Conocimiento.La intención del concejal “positivo” en esa ocasión fue la de invitar a sus pares y al defensor del Pueblo, Alejandro Cohen, a una reunión ampliada del grupo de trabajo que preside, el lunes 14, a las 8.30, para tratar ese y otros temas pendientes en la agenda deliberativa de Legislación. La proximidad del cierre del período de sesiones ordinarias, el 30 de noviembre (la última sesión será el jueves 24), apura el tratamiento de varios temas pendientes y no sólo en esa comisión, que de otra forma se sumarían a las iniciativa del próximo año o, los más antiguos, perderían estado deliberativo.Polémica de larga dataDesde antes de la puesta en vigencia de la Carta Orgánica Municipal (COM) revisada, el 10 de noviembre de 2010, y luego de que la convención constituyente aprobara unos meses antes los artículos 72 y 73 que establecen una política de desaliento hacia la instalación de nuevas salas de juego, como la necesidad de una audiencia pública y el aval de dos tercios de los miembros del Deliberativo, además de la reducción horaria de su funcionamiento, el Iplyc cuestionó la decisión. Adujo que por ley provincial ello era potestad del Instituto y que para nada tenía que ver con el municipio, planteando un amparo que le fue favorable en primera instancia, pero luego rechazado en alzada por cuestiones técnicas del fallo.La decisión de Cámara motivó un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial por conflicto de poderes y que aún no tuvo resolución del alto cuerpo judicial. Hasta que éste se pronuncie, las partes tienen derecho a hacer valer sus pretensiones, según se explicó desde la Fiscalía Municipal ante una consulta de PRIMERA EDICIÓN.Sorprende la existencia del expediente, porque de alguna manera implicaría cierto reconocimiento de la jurisdicción municipal en materia comercial, planteo que había sido precisamente con el que la Intendencia fundamentó el rechazo a la pretensión del organismo provincial y que se calificó como un avasallamiento a la autonomía municipal.Desde 2011, ya vigente la COM revisada, el oficialismo rechazó sistemáticamente todo pedido de algún concejal opositor (particularmente el exedil Rolando Rublenski) para que se respete la previsión constitucional comunal. Incluso este año, votó en contra de una recomendación al Tribunal Administrativo y de Faltas Municipal para que se inspeccione si el Maiteí cumple con la normativa municipal para su funcionamiento. La mayoría opositora esta vez impuso su criterio y aprobó la comunicación que fue remitida a la Justicia administrativa municipal.Reunión al más alto nivelFue a mediados de 2014, cuando la polémica estaba en su mayor expresión, cuando inesperadamente hubo una reunión entre la entonces titular del Concejo Deliberante, Magdalena Solari (FR), y el presidente del Iplyc, Eduardo Torres, y que no pudo ser mantenida en silencio. En ella habrían participado varios ediles renovadores.Aunque nunca trascendió cuál fue el tema en tratamiento, se especuló que estaba relacionado con la rehabilitación de varias casas de juego posadeñas que en esa época recibieron el visto bueno municipal.De ese tiempo sería el expediente ahora desempolvado por Gabriel Nielsen y que se mantuvo congelado durante este bienio. En ese momento, el oficialismo renovador contaba con mayoría en el cuerpo, ocho miembros, pero estaba muy lejos de alcanzar los diez votos necesarios para alcanzar la mayoría especial exigida por la COM.La audiencia pública, instituida por la COM en 2010, después de muchas marchas y contramarchas, fue reglamentada en esos meses, pero recién se la aplicó por primera vez el 28 de noviembre, cuando el análisis del pedido de incremento de la tarifa del transporte urbano de pasajeros.
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